El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy la Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, las abstenciones de UPN, EH Bildu, PPN y la parlamentaria no adscrita, y el voto en contra del G-Mixto.
La nueva regulación, que sustituye a la Ley Foral 9/2010, tendrá efectos retroactivos generales para los actos terroristas cometidos desde el 1 de enero de 1960, con la exclusión de los daños materiales. Abre además un plazo de cuatro años para reclamar las ayudas complementarias pendientes por fallecimiento o lesiones, e incorpora un complemento del 30 % sobre las indemnizaciones estatales por responsabilidad civil.
La ley, impulsada por el Gobierno de Navarra, tiene por objeto actualizar la normativa, mejorar la seguridad jurídica y facilitar la aplicación de los derechos y ayudas reconocidos a las víctimas y sus familias, mediante un marco integral de reconocimiento, protección y reparación que refuerce el compromiso de las instituciones con la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia.
Ámbito de aplicación
El texto comprende los atentados cometidos en Navarra, en el resto de España o en el extranjero, siempre que las víctimas tuvieran la condición política navarra en el momento de los hechos o hubieran nacido en la Comunidad Foral.
Indemnizaciones y ayudas
La norma regula un sistema de indemnizaciones complementarias a las estatales por fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos, con un incremento del 30 %, vinculado a supuestos concretos, sobre las cuantías concedidas por la Administración General del Estado. También incorpora compensaciones por situaciones de dependencia.
Para los hechos anteriores al 1 de enero de 1960, la ley fija reglas específicas. En concreto, permite solicitar, durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor, las ayudas complementarias por fallecimiento y daños físicos o psíquicos a quienes hubieran percibido la ayuda estatal, pero no la complementaria de Navarra.
El texto prevé asimismo ayudas para reparar daños materiales en viviendas, establecimientos y otros bienes; asistencia sanitaria y psicológica; apoyo para el acceso a vivienda protegida; becas de estudio; estrategias de inserción laboral y posibles beneficios fiscales. En el ámbito de la vivienda, las ayudas para hechos anteriores a 1960 se reservan a las víctimas en situación de vulnerabilidad que requieran especial protección.
Las ayudas alcanzan a familiares y otras personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia. Tienen carácter complementario respecto a las estatales y subsidiario en relación con las reconocidas por otras administraciones y, en su caso, por aseguradoras.
Enmienda in voce: complemento por responsabilidad civil
Durante el debate en Pleno se ha aprobado una enmienda in voce, suscrita por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que incorpora la indemnización extraordinaria en concepto de responsabilidad civil. La Administración foral asumirá el abono de un complemento equivalente al 30 % de las cantidades reconocidas excepcionalmente por el Estado, exista o no sentencia judicial previa que las reconozca y cuantifique. La ayuda se aplicará con carácter retroactivo, y beneficiará a quienes hayan percibido la indemnización estatal tanto antes como después de la entrada en vigor de la norma.
Esta prestación se deriva de las recientes modificaciones de la normativa estatal (Ley 29/2011), impulsadas mediante el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, y convalidadas hoy mismo por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Esa reforma equipara el derecho a la ayuda estatal por responsabilidad civil entre todas las víctimas y elimina la desigualdad que existía para quienes carecían de sentencia firme o pronunciamiento judicial. Con este complemento, Navarra se convierte en la primera comunidad autónoma en trasladar esta equiparación a su ordenamiento.
El resto de la enmienda, respaldada también por UPN (con la abstención de PPN y no adscrita y la oposición de VOX), recoge disposiciones temporales y correcciones técnicas para subsanar diversas omisiones producidas durante el examen del dictamen en Comisión.
Memoria, educación y sanciones
En materia de memoria y convivencia democrática, la norma prevé actuaciones de reconocimiento público, conservación de testimonios, investigación y difusión del conocimiento sobre el terrorismo. Contempla también iniciativas educativas para promover los derechos humanos, preservar la memoria y dignidad de las víctimas y contribuir a la deslegitimación de la violencia.
El texto establece el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, como jornada anual de recuerdo y reconocimiento. Incluye además subvenciones y apoyo a las asociaciones que representan y defienden a las víctimas, así como convenios de colaboración con entidades públicas y privadas.
A su paso por Comisión, los grupos que sustentan al Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) añadieron consideraciones sobre la protección y la violación de los espacios de memoria, también en el ámbito local, y sobre el recuerdo y reconocimiento institucional de las víctimas.
La ley da al Gobierno de Navarra un plazo de dos años para elaborar un Censo de los espacios de la memoria de las víctimas del terrorismo. Después, se emplaza a un desarrollo reglamentario que defina las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones de protección de esos lugares, así como la retirada de las vías públicas de todo elemento contrario a la memoria y la dignidad o legitimador de cualquier forma de violencia terrorista.
Estas previsiones, que incorporan un régimen sancionador, se extienden a las entidades locales. Si estas no actúan, también cuando los elementos se encuentren en edificios privados con proyección a un espacio visible de acceso o uso público, el Gobierno de Navarra suplirá su inacción a costa de las administraciones locales.
La norma prevé además cláusulas en subvenciones, contratos públicos y convenios para impedir el uso de fondos públicos en actividades de legitimación, ensalzamiento o justificación de la violencia terrorista. El reconocimiento institucional alcanza asimismo a quienes sufrieron amenazas, extorsión económica, secuestro o persecución política por parte de organizaciones terroristas y cuyas vidas debieron ser protegidas.
Las aportaciones de UPN se reflejan en la exposición de motivos, que vincula una sociedad justa, pacífica e inclusiva al ejercicio de memoria, reconocimiento y reparación, individual y social, de las víctimas del terrorismo, principalmente de ETA, la organización que más víctimas ha causado en Navarra.
Consejo Navarro de Participación
La ley crea el Consejo Navarro de Participación de las Víctimas del Terrorismo, órgano consultivo y de asesoramiento para canalizar la participación de las asociaciones representativas en las políticas públicas. Estará adscrito al departamento de memoria y convivencia y presidido por el consejero competente, mientras que la Vicepresidencia recaerá en el director o directora general de la materia y la Secretaría en la unidad adscrita a esa dirección.
De sus 10 vocalías, 4 se reservan a las asociaciones de víctimas más representativas, 3 a departamentos competentes en cuestiones relacionadas con la ley, 2 al Parlamento de Navarra y 1 a la FNMC. Entre sus funciones figura la evaluación periódica de la norma, que deberá plasmarse en una memoria anual. En Comisión se amplió de uno a dos el número mínimo de sesiones ordinarias, para equipararlo a otros consejos de ámbito foral.
La ley, que incorpora la perspectiva de género de forma transversal, vinculada a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra (BOPN).
El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy la Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, las abstenciones de UPN, EH Bildu, PPN y la parlamentaria no adscrita, y el voto en contra del G-Mixto.
La nueva regulación, que sustituye a la Ley Foral 9/2010, tendrá efectos retroactivos generales para los actos terroristas cometidos desde el 1 de enero de 1960, con la exclusión de los daños materiales. Abre además un plazo de cuatro años para reclamar las ayudas complementarias pendientes por fallecimiento o lesiones, e incorpora un complemento del 30 % sobre las indemnizaciones estatales por responsabilidad civil.
La ley, impulsada por el Gobierno de Navarra, tiene por objeto actualizar la normativa, mejorar la seguridad jurídica y facilitar la aplicación de los derechos y ayudas reconocidos a las víctimas y sus familias, mediante un marco integral de reconocimiento, protección y reparación que refuerce el compromiso de las instituciones con la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia.
Ámbito de aplicación
El texto comprende los atentados cometidos en Navarra, en el resto de España o en el extranjero, siempre que las víctimas tuvieran la condición política navarra en el momento de los hechos o hubieran nacido en la Comunidad Foral.
Indemnizaciones y ayudas
La norma regula un sistema de indemnizaciones complementarias a las estatales por fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos, con un incremento del 30 %, vinculado a supuestos concretos, sobre las cuantías concedidas por la Administración General del Estado. También incorpora compensaciones por situaciones de dependencia.
Para los hechos anteriores al 1 de enero de 1960, la ley fija reglas específicas. En concreto, permite solicitar, durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor, las ayudas complementarias por fallecimiento y daños físicos o psíquicos a quienes hubieran percibido la ayuda estatal, pero no la complementaria de Navarra.
El texto prevé asimismo ayudas para reparar daños materiales en viviendas, establecimientos y otros bienes; asistencia sanitaria y psicológica; apoyo para el acceso a vivienda protegida; becas de estudio; estrategias de inserción laboral y posibles beneficios fiscales. En el ámbito de la vivienda, las ayudas para hechos anteriores a 1960 se reservan a las víctimas en situación de vulnerabilidad que requieran especial protección.
Las ayudas alcanzan a familiares y otras personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia. Tienen carácter complementario respecto a las estatales y subsidiario en relación con las reconocidas por otras administraciones y, en su caso, por aseguradoras.
Enmienda in voce: complemento por responsabilidad civil
Durante el debate en Pleno se ha aprobado una enmienda in voce, suscrita por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que incorpora la indemnización extraordinaria en concepto de responsabilidad civil. La Administración foral asumirá el abono de un complemento equivalente al 30 % de las cantidades reconocidas excepcionalmente por el Estado, exista o no sentencia judicial previa que las reconozca y cuantifique. La ayuda se aplicará con carácter retroactivo, y beneficiará a quienes hayan percibido la indemnización estatal tanto antes como después de la entrada en vigor de la norma.
Esta prestación se deriva de las recientes modificaciones de la normativa estatal (Ley 29/2011), impulsadas mediante el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, y convalidadas hoy mismo por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Esa reforma equipara el derecho a la ayuda estatal por responsabilidad civil entre todas las víctimas y elimina la desigualdad que existía para quienes carecían de sentencia firme o pronunciamiento judicial. Con este complemento, Navarra se convierte en la primera comunidad autónoma en trasladar esta equiparación a su ordenamiento.
El resto de la enmienda, respaldada también por UPN (con la abstención de PPN y no adscrita y la oposición de VOX), recoge disposiciones temporales y correcciones técnicas para subsanar diversas omisiones producidas durante el examen del dictamen en Comisión.
Memoria, educación y sanciones
En materia de memoria y convivencia democrática, la norma prevé actuaciones de reconocimiento público, conservación de testimonios, investigación y difusión del conocimiento sobre el terrorismo. Contempla también iniciativas educativas para promover los derechos humanos, preservar la memoria y dignidad de las víctimas y contribuir a la deslegitimación de la violencia.
El texto establece el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, como jornada anual de recuerdo y reconocimiento. Incluye además subvenciones y apoyo a las asociaciones que representan y defienden a las víctimas, así como convenios de colaboración con entidades públicas y privadas.
A su paso por Comisión, los grupos que sustentan al Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) añadieron consideraciones sobre la protección y la violación de los espacios de memoria, también en el ámbito local, y sobre el recuerdo y reconocimiento institucional de las víctimas.
La ley da al Gobierno de Navarra un plazo de dos años para elaborar un Censo de los espacios de la memoria de las víctimas del terrorismo. Después, se emplaza a un desarrollo reglamentario que defina las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones de protección de esos lugares, así como la retirada de las vías públicas de todo elemento contrario a la memoria y la dignidad o legitimador de cualquier forma de violencia terrorista.
Estas previsiones, que incorporan un régimen sancionador, se extienden a las entidades locales. Si estas no actúan, también cuando los elementos se encuentren en edificios privados con proyección a un espacio visible de acceso o uso público, el Gobierno de Navarra suplirá su inacción a costa de las administraciones locales.
La norma prevé además cláusulas en subvenciones, contratos públicos y convenios para impedir el uso de fondos públicos en actividades de legitimación, ensalzamiento o justificación de la violencia terrorista. El reconocimiento institucional alcanza asimismo a quienes sufrieron amenazas, extorsión económica, secuestro o persecución política por parte de organizaciones terroristas y cuyas vidas debieron ser protegidas.
Las aportaciones de UPN se reflejan en la exposición de motivos, que vincula una sociedad justa, pacífica e inclusiva al ejercicio de memoria, reconocimiento y reparación, individual y social, de las víctimas del terrorismo, principalmente de ETA, la organización que más víctimas ha causado en Navarra.
Consejo Navarro de Participación
La ley crea el Consejo Navarro de Participación de las Víctimas del Terrorismo, órgano consultivo y de asesoramiento para canalizar la participación de las asociaciones representativas en las políticas públicas. Estará adscrito al departamento de memoria y convivencia y presidido por el consejero competente, mientras que la Vicepresidencia recaerá en el director o directora general de la materia y la Secretaría en la unidad adscrita a esa dirección.
De sus 10 vocalías, 4 se reservan a las asociaciones de víctimas más representativas, 3 a departamentos competentes en cuestiones relacionadas con la ley, 2 al Parlamento de Navarra y 1 a la FNMC. Entre sus funciones figura la evaluación periódica de la norma, que deberá plasmarse en una memoria anual. En Comisión se amplió de uno a dos el número mínimo de sesiones ordinarias, para equipararlo a otros consejos de ámbito foral.
La ley, que incorpora la perspectiva de género de forma transversal, vinculada a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra (BOPN).
