Pamplona Actual

El Parlamento aprueba la ley de UPN para blindar los conciertos con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu

El PSN, que votó en contra, advierte de que la norma podría obligar a repetir el proceso de matrícula y poner en riesgo plazas ya adjudicadas

  • Kevin Lucero, portavoz socialista, en el Pleno de este jueves -

El Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles la proposición de ley presentada por UPN para blindar los conciertos educativos en el segundo ciclo de Infantil. La norma salió adelante con los votos favorables de UPN, PP y Vox, las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, y el voto en contra del PSN-PSOE y Contigo Zurekin.

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La Ley Foral impulsada por UPN tiene por objeto posibilitar un “adecuado equilibrio entre la demanda de las familias y la eficiencia de los recursos” para, en atención a la “realidad demográfica”, flexibilizar los criterios aplicables a la concreción de unidades (nº de aulas) y ratios en la renovación de los conciertos educativos, tanto en centros públicos como privados. A tal objeto, se plantea una moratoria de un año para abordar la renovación de los conciertos educativos sujetos a actualización, de modo que en el curso 2026/27 se mantengan las unidades públicas y concertadas “en los niveles a los que afectan los conciertos”, es decir, conforme a la actualidad. Además, a los efectos del proceso de admisión, se determina que la reducción de ratios máximos alumnado/aula (los mismos en ambas redes) sería aplicable a partir del curso 2027/28, “reduciéndose las vacantes a ofertar en la enseñanza concertada”. La redefinición de los criterios a tener en cuenta para la renovación de los conciertos se hace depender, entre otros, de la valoración obligatoria de las diferentes propuestas que las direcciones de los centros trasladen al Departamento, a fin de adecuar las unidades educativas a las variaciones en el número de alumnos. Dichas propuestas, según se hace constar, podrán diferir de las del Departamento en cuestiones tales como inclusión educativa, necesidades de la población escolar, innovación pedagógica, intervención social o cualquier otra que se estimara pertinente. Desde postulados parecidos, PPN, G-Mixto y no adscrita han defendido también la “complementariedad” entre las redes pública y privada, ambas sostenidas con fondos públicos, han llamado a aprovechar el nuevo contexto poblacional (se ha perdido un tercio del alumnado que se incorpora a Educación Infantil) para “mejorar la calidad del sistema” y han rechazado cualquier intento de abordar las necesidades educativas a partir de “decisiones sectarias o prácticas ideologizadas”.

El PSN: "Una chapuza sin base real"

El portavoz socialista Kevin Lucero rechazó la ley con contundencia y la calificó de "chapuza" que, a su juicio, perjudica tanto a la escuela pública como a la concertada que dice defender, y que podría tener visos de inconstitucionalidad.

Lucero argumentó que los datos del propio proceso de matriculación refutan la urgencia invocada por UPN: el 98% de los 1.710 niños y niñas de tres años que eligieron un centro concertado como primera opción ha obtenido plaza en ese centro. En la red de ikastolas el porcentaje sube al 99% y en la pública al 99,6%. "El Departamento de Educación hace su trabajo de forma impecable", subrayó el socialista.

El portavoz también recordó que este curso hay 700 alumnos menos que en el último proceso comparable, lo que a su juicio justifica la reducción de unidades acordada por el Gobierno foral.

Riesgo para plazas ya adjudicadas y unidades pendientes de abrir

Más allá del debate ideológico, Lucero alertó de un riesgo concreto para las familias: si la ley entra en vigor en los términos aprobados, podría ser necesario repetir el proceso de matrícula para el próximo curso, dejando en el aire plazas que ya han sido asignadas. "Esto sí es un ataque a la libertad de elección, cambiar las reglas a mitad de partida", afirmó.

El socialista también advirtió de que la norma impedirá abrir unidades necesarias en localidades como Falces, Aibar o Tudela, así como decenas de módulos de FP.

Lucero aprovechó la intervención para reafirmar el acuerdo programático alcanzado con Geroa Bai antes de la votación y lanzar un aviso claro a su socio de gobierno: el PSN no aceptará reabrir lo pactado ni incorporar cuestiones que se alejen del principio de legalidad. "Cuando firmamos lo hacemos con verdadera voluntad de cumplir", concluyó.

Debatidas 8 enmiendas, de las que han prosperado 4

En el transcurso del debate efectuado en Pleno se han debatido 8 enmiendas, de las que han prosperado 4, la de UPN, trasladando al curso 2027/28 la reducción de ratios, y tres de EH Bildu, concretadas en la modificación del título de la ley, la supresión de su preámbulo (en ambas, Geroa Bai a favor y abstenciones de UPN, PPN, G-Mixto y no adscrita) y la derogación específica de la Resolución 26/2026, de 1º de abril, de la directora general de Personal e Infraestructuras, por la que se resuelve el procedimiento de renovación del concierto educativo de unidades de segundo ciclo de Educación Infantil y Bachillerato, a partir del curso 2026/27. PSN, Contigo-Zurekin y G-Mixto han votado en contra, de nuevo de manera insuficiente. El resto a favor.

No han prosperado sendas enmiendas de modificación de EH Bildu, por las que se planteaba una moratoria de dos años para, mientras no se apruebe una ley foral que establezca una nueva regulación de la ratio máxima de alumnado por unidad, mantener durante los cursos académicos 2026/27 y 2027/28 las mismas unidades escolares concertadas durante el ejercicio en curso (2025/26).

A ese respecto y en aras a la “seguridad jurídica y a la no generación de daños irreparables a los titulares de los centros educativos afectados”, EH Bildu proponía otorgar al Gobierno un plazo de 18 meses para presentar en el Parlamento un proyecto de Ley Foral dirigido a regular una “bajada general, homogénea y progresiva de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar en las etapas educativas no universitarias, incluido el primer ciclo de Educación Infantil, en todos los centros sostenidos con fondos públicos”.

El propósito, según se aducía, era ajustar las ratios a las variaciones en el número de alumnos, producto de la nueva realidad demográfica, teniendo en cuenta también “criterios complementarios que ya se vienen aplicando”.

En ambos casos, el apoyo de Geroa Bai ha resultado insuficiente ante la oposición de UPN, PSN, PPN, Contigo-Zurekin y no adscrita. El G-Mixto ha rechazado la enmienda que demandaba una Ley Foral y se ha abstenido en la que propugnaba la prórroga de las unidades concertadas.

EH Bildu ha mantenido las siete enmiendas cuya retirada registró de víspera, al no haber desplegado efectos la solicitud de retirada, por no haber sido tramitada por la Mesa.

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