El consejero de Educación, Carlos Gimeno, se ha quedado este lunes con pocos aliados en el Parlamento de Navarra. La cámara ha aprobado la tramitación urgente de la proposición de ley presentada por UPN para establecer una moratoria en el cierre de aulas concertadas, con el voto en contra del PSN y Contigo-Zurekin, y el respaldo del resto de grupos. La medida llega después de que Gimeno anunciara el cierre de 33 aulas —luego reducido a 14— ante la caída de más de 700 matrículas en educación infantil.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha liderado la ofensiva con un argumento sencillo: si hay voluntad política, no se cierra ninguna aula. "El procedimiento sigue abierto hasta el 13 de mayo. Que no busquen más excusas", ha señalado su portavoz, que ha recordado la secuencia de los últimos días: el miércoles un informe jurídico del gobierno decía que la moratoria era ilegal; el jueves el consejero salvaba 19 aulas públicas; y el viernes volvía a decir que los plazos impedían actuar. "Del miércoles que era imposible al jueves que era posible", ha resumido con ironía.
Los socios presionan, pero con matices
Geroa Bai ha mantenido su posición de no cerrar ningún aula y ha confiado en resolver el conflicto "en el seno de los socios del gobierno", aunque ha dejado caer que "si lo que impide al consejero dar respuesta es la ley, igual hay que cambiar las leyes".
La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha dicho no compartir el preámbulo de la proposición de UPN —con objetivos "completamente diferentes" a los suyos—, pero ha reconocido que hay "margen para hablar y para acordar" dado que existe una mayoría parlamentaria que no quiere cerrar ninguna aula.
La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha salido en defensa del consejero con el argumento de que la comisión de conciertos "ha cumplido la normativa y el acuerdo de 2023" y que el ajuste de aulas en la concertada es equivalente al que ocurre habitualmente en la pública sin que nadie proteste. "Cuando se cierran colegios públicos lo asumimos con naturalidad. ¿Por qué aquí no?", ha planteado su portavoz, que ha cifrado en 9,3 millones de euros anuales el coste de asumir todas las demandas de UPN.
La semana se presenta decisiva: el plazo para que los colegios presenten recursos vence el 13 de mayo, y el gobierno tendrá entonces que resolver definitivamente.
