Todos los grupos del arco parlamentario navarro, excepto Navarra Suma, han defendido este lunes la reforma del artículo 68 de la ley del Gobierno de Navarra y consideran más justo que se contemple que el cargo público tendrá que dimitir en el momento de la apertura de juicio oral y no cuando conozca la condición de investigado.
En declaraciones a los medios, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha señalado que le parece «una decisión absolutamente vergonzosa» la modificación del artículo 68, que «trata de engañar a la ciudadanía». «Vivimos en un Estado de Derecho y todos los ciudadanos tenemos derecho a utilizar instrumentos del Estado de Derecho para alcanzar la verdad y que se haga justicia», ha dicho.
Según ha añadido, «que algunos grupos nos digan que utilizamos el artículo 68 de manera política es desconocer el Estado de Derecho». «Y son falaces los argumentos para justificar el cambio y es mentira que con el cambio habrá seguridad porque puede ser que esa persona sea absuelta en el juicio», ha afirmado. Pérez-Nievas ha indicado que «se persiguió de forma inaceptable durante años a Gobiernos de UPN y no consiguieron llevar a la condición de investigado a ningún cargo público, así que tan fácil no será». «Algún miedo tienen, no es normal que se plantee esta reforma en una semana», ha opinado.
Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado que «pretendemos que en la ley haya concreción para que no haya inseguridades» y ha expuesto que «se deja bien claro cuándo la persona tiene que dimitir, da una concreción y seguridad al momento». Según ha dicho, se trata de que «no se le juzgue antes de ser juzgado» y es «más justo que el momento sea cuando se abra el juicio oral». «No vamos a permitir una utilización política de la ley», ha aseverado, para criticar que «Navarra Suma ha intentado atacar al Gobierno por vías judiciales y no políticas».
Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado que «el objeto de la reforma es el mismo que hasta ahora, pero ha quedado acreditado que había que mejorarlo» para que «no quede pervertido por otros intereses». «Se trata de contener lo que puede ser un uso bastardo partidario de la Justicia», ha comentado, para agregar que el del exconsejero Manu Ayerdi no ha sido el «único caso» y que «hubo un intento por UPN de hacer una jugada similar en la persona de la exconsejera María Solana por el caso de la ocupación del Palacio de Marqués de Rozalejo».
El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha indicado que «esta modificación comparte la filosofía de la anterior reforma, que es asumir anticipadamente responsabilidades políticas», pero ha comentado que se trata de «situarlo en el momento de cuando se abra juicio oral». «Es más garantista», ha opinado, para comentar que «ha habido un problema a la hora de interpretar conceptos».
