Un juzgado ha reconocido la fijeza a una profesora que lleva encadenando contratos de interinidad desde 2008. El fallo, logrado a raíz de un proceso judicial promovido por el sindicato STEILAS, supone, según la organización, un paso relevante en la lucha contra el abuso de la temporalidad en el empleo público.
El Departamento de Educación, sin embargo, ha recurrido la sentencia. Para el sindicato, la decisión es incomprensible, ya que, sostiene, la Administración sabe que podría recibir en breve un nuevo fallo desfavorable, y con el recurso solo consigue prolongar innecesariamente la situación de interinidad de la trabajadora afectada.
Acusaciones al Gobierno de Navarra
STEILAS interpreta el recurso como una muestra de la actitud del Ejecutivo foral hacia los derechos de sus empleados públicos. El sindicato afirma que el Gobierno vulnera de forma reiterada la directiva comunitaria que limita el uso abusivo de la contratación temporal en el sector público, y que tampoco acata la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la fijeza ni las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A su juicio, la Administración antepone sus propios intereses a los derechos de las personas trabajadoras.
La organización sostiene que la fijeza es una condición imprescindible para garantizar la calidad y la estabilidad de los servicios públicos y, por tanto, un derecho colectivo. Sin plantillas estables, advierte, resulta difícil dar continuidad a las comunidades educativas y desarrollar los proyectos de centro. Subraya que las escuelas rurales son especialmente vulnerables, pues su supervivencia depende de contar con equipos docentes estables. En contraste, añade, el profesorado de la red privada concertada, financiada con fondos públicos, goza de una estabilidad mucho mayor, lo que agrava las desventajas de la enseñanza pública.
«Institucionalizar la precarización»
Según STEILAS, el Gobierno mantiene altas tasas de temporalidad para poder prescindir de su personal cuando le conviene, lo que, en su opinión, no es una política de empleo público estable y de calidad, sino una forma de institucionalizar la precarización.
El sindicato dirige también sus críticas al PSOE y a los partidos que lo acompañan, a quienes acusa de proclamarse garantes de los servicios públicos mientras aplican, en la práctica, políticas similares a las del PP. Como ejemplo, recuerda que en 2012, durante la legislatura en la que gobernaban en coalición UPN y PSN, la actual directora general de Personal del Departamento de Educación era directora de Recursos Humanos y ejecutó los recortes impuestos por el PP. Carlos Gimeno formaba parte también de aquel Ejecutivo.
STEILAS recuerda que las consecuencias fueron, en sus palabras, demoledoras: más de 800 docentes despedidos, el vaciado de las mejoras del pacto de 2007, un aumento de las ratios y de las horas de docencia directa, y una fuerte pérdida de poder adquisitivo. El sindicato advierte de que, ante una nueva crisis, el Gobierno actual no dudaría en volver a aplicar duros recortes y en empeorar las condiciones laborales de todo el profesorado.
Exigencias
El sindicato asegura que no permitirá que los derechos del personal público queden supeditados a los intereses del Gobierno ni a políticas de austeridad, y defiende que garantizar la fijeza no es opcional, sino una obligación legal. Por ello, exige al Ejecutivo foral que cumpla la sentencia y retire el recurso, que ponga fin al exceso de temporalidad y que adopte las medidas necesarias para asegurar la estabilidad de la educación pública.
Un juzgado ha reconocido la fijeza a una profesora que lleva encadenando contratos de interinidad desde 2008. El fallo, logrado a raíz de un proceso judicial promovido por el sindicato STEILAS, supone, según la organización, un paso relevante en la lucha contra el abuso de la temporalidad en el empleo público.
El Departamento de Educación, sin embargo, ha recurrido la sentencia. Para el sindicato, la decisión es incomprensible, ya que, sostiene, la Administración sabe que podría recibir en breve un nuevo fallo desfavorable, y con el recurso solo consigue prolongar innecesariamente la situación de interinidad de la trabajadora afectada.
Acusaciones al Gobierno de Navarra
STEILAS interpreta el recurso como una muestra de la actitud del Ejecutivo foral hacia los derechos de sus empleados públicos. El sindicato afirma que el Gobierno vulnera de forma reiterada la directiva comunitaria que limita el uso abusivo de la contratación temporal en el sector público, y que tampoco acata la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la fijeza ni las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A su juicio, la Administración antepone sus propios intereses a los derechos de las personas trabajadoras.
La organización sostiene que la fijeza es una condición imprescindible para garantizar la calidad y la estabilidad de los servicios públicos y, por tanto, un derecho colectivo. Sin plantillas estables, advierte, resulta difícil dar continuidad a las comunidades educativas y desarrollar los proyectos de centro. Subraya que las escuelas rurales son especialmente vulnerables, pues su supervivencia depende de contar con equipos docentes estables. En contraste, añade, el profesorado de la red privada concertada, financiada con fondos públicos, goza de una estabilidad mucho mayor, lo que agrava las desventajas de la enseñanza pública.
«Institucionalizar la precarización»
Según STEILAS, el Gobierno mantiene altas tasas de temporalidad para poder prescindir de su personal cuando le conviene, lo que, en su opinión, no es una política de empleo público estable y de calidad, sino una forma de institucionalizar la precarización.
El sindicato dirige también sus críticas al PSOE y a los partidos que lo acompañan, a quienes acusa de proclamarse garantes de los servicios públicos mientras aplican, en la práctica, políticas similares a las del PP. Como ejemplo, recuerda que en 2012, durante la legislatura en la que gobernaban en coalición UPN y PSN, la actual directora general de Personal del Departamento de Educación era directora de Recursos Humanos y ejecutó los recortes impuestos por el PP. Carlos Gimeno formaba parte también de aquel Ejecutivo.
STEILAS recuerda que las consecuencias fueron, en sus palabras, demoledoras: más de 800 docentes despedidos, el vaciado de las mejoras del pacto de 2007, un aumento de las ratios y de las horas de docencia directa, y una fuerte pérdida de poder adquisitivo. El sindicato advierte de que, ante una nueva crisis, el Gobierno actual no dudaría en volver a aplicar duros recortes y en empeorar las condiciones laborales de todo el profesorado.
Exigencias
El sindicato asegura que no permitirá que los derechos del personal público queden supeditados a los intereses del Gobierno ni a políticas de austeridad, y defiende que garantizar la fijeza no es opcional, sino una obligación legal. Por ello, exige al Ejecutivo foral que cumpla la sentencia y retire el recurso, que ponga fin al exceso de temporalidad y que adopte las medidas necesarias para asegurar la estabilidad de la educación pública.