SOS Racismo Navarra ha alzado la voz este lunes en rueda de prensa para denunciar lo que considera un “preocupante repunte” de prácticas policiales vinculadas al perfilamiento racial y a procedimientos de extranjería que, según la organización, están derivando en expulsiones aceleradas y vulneraciones de derechos fundamentales.
La comparecencia, marcada por un tono firme y crítico, ha puesto el foco en el aumento de identificaciones en la vía pública basadas en rasgos étnicos, así como en las denominadas “citas trampa” ante la Brigada de Extranjería, que en algunos casos terminan en internamientos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y deportaciones.
Desde la organización han señalado que en las últimas semanas se han intensificado estas prácticas. Como ejemplo, han citado dos deportaciones exprés: la de un vecino de Lerín, ejecutada en apenas 48 horas el pasado mes de enero, y la de un residente en Pamplona, deportado en 72 horas. Ambos, según han detallado, eran de origen marroquí. A estos casos se suma el seguimiento de un vecino de Pamplona que permanece internado en el CIE de Aluche desde febrero.
SOS Racismo Navarra ha subrayado además la implicación de distintos cuerpos policiales en Navarra, denunciando que incluso aquellos sin competencias directas en materia de extranjería estarían participando en identificaciones y en la entrega de citaciones. “No hablamos de hechos aislados, sino de un modelo estructural”, han afirmado, calificando estas actuaciones como parte de un sistema “institucionalizado”.
En su intervención, la organización ha vinculado este endurecimiento de las prácticas con el contexto político actual, apuntando a la inminencia de un posible proceso de regularización extraordinaria. A su juicio, esta coyuntura estaría motivando un aumento de actuaciones que califican de “hostigamiento”.
El comunicado hecho público insiste en que se estarían acelerando procedimientos de expulsión sin garantizar plenamente derechos como la tutela judicial efectiva, y advierte de que muchas de las personas afectadas cuentan con arraigo social, laboral y familiar en Navarra. Asimismo, han criticado el uso de los CIE, al que consideran “desproporcionado” y carente de transparencia.
La organización también ha alertado del impacto social de estas prácticas, señalando que generan miedo en las comunidades migrantes y contribuyen a agrandar la brecha social y a alimentar actitudes racistas.
En este contexto, SOS Racismo Navarra y las entidades firmantes han formulado una batería de exigencias. Entre ellas, la paralización inmediata de las deportaciones en curso, el cierre de los CIE y la puesta en marcha de un proceso de regularización extraordinaria “amplio y garantista”. Asimismo, han solicitado al Gobierno central medidas concretas para poner fin a los controles basados en perfiles raciales y a las citaciones ante la Brigada de Extranjería.
También han reclamado transparencia al Ministerio del Interior, incluyendo datos sobre expedientes de expulsión y un informe que aclare la legalidad de estas prácticas, así como la asunción de responsabilidades en caso de vulneraciones de derechos.
La comparecencia ha concluido con un llamamiento a instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía para posicionarse frente a estas actuaciones y defender un modelo de convivencia basado en la igualdad de derechos.
El comunicado cuenta con el respaldo de diversas organizaciones sociales y colectivos, entre ellos Mugak Zabalduz, Zabaldi, Ehgam Nafarroa, BDZ Nafarroa, Haritu, Dar Etxea, el Punto de Información a Personas Migrantes (PIM), GazKalo, la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, STEILAS Nafarroa, THYCNA, AZTA y la Plataforma Navarra de Salud.
