Un reciente estudio realizado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) subraya la urgente necesidad de mejorar y coordinar los sistemas de protección infantil en la Unión Europea al tiempo que presenta un análisis de los avances y desafíos en la protección de los derechos de los niños, basándose en datos actualizados de los 27 países.
El estudio enfatiza un enfoque basado en los derechos para la protección infantil, alineado con la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC en sus siglas en inglés) de la ONU y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Este enfoque considera a niños y niñas como titulares de derechos y busca garantizar su bienestar y dignidad.
Para ello, es crucial garantizar un sistema de protección infantil eficiente. Según UNICEF, este sistema se define como un conjunto de estructuras, funciones y capacidades formales e informales diseñadas para prevenir y responder a la violencia, abuso, negligencia y explotación de niños y niñas, comprendiendo recursos humanos, financiación, recursos normativos y políticas, gobernanza, seguimiento y recopilación de datos, así como servicios de protección y respuesta.
Los sistemas de protección infantil varían significativamente entre los Estados Miembros, reflejando sus características históricas, culturales, políticas y demográficas. A pesar de estas diferencias, todos los sistemas comparten ciertos desafíos comunes, como la fragmentación de los servicios y la necesidad de desarrollar una mejor coordinación y cooperación.
En general, las responsabilidades de protección infantil están distribuidas entre autoridades nacionales, regionales y locales, con una creciente participación de organizaciones de la sociedad civil y actores privados en la prestación de servicios. No obstante, la descentralización y la variabilidad en la asignación de recursos financieros y humanos presentan desafíos significativos para la implementación efectiva de estos sistemas.
Es fundamental mejorar los mecanismos de identificación, reporte y derivación de niños y niñas que necesitan protección. Los sistemas deben ser confidenciales, bien publicitados y accesibles tanto para profesionales como para el público en general. La implementación de modelos como Barnahus, que ofrecen un enfoque multidisciplinar y amigable para los niños y las niñas, es una práctica destacada en algunos Estados Miembros como Suecia, Finlandia, Dinamarca o Noruega.
Aunque todos los Estados Miembros cuentan con disposiciones legales para la protección infantil, existen diferencias significativas en la implementación y práctica normativa. Algunos países tienen marcos legales integrados, mientras que otros presentan una fragmentación en su normativa que dificulta la protección efectiva de niñas y niños. Dinamarca, Estonia y Hungría, presentan un marco legal integral para la protección infantil, mientras que otros como Bélgica o Alemania, tiene más leyes a nivel federal y regional, lo que puede crear dificultades en la coordinación. España es otro ejemplo de descentralización, que permite dar respuestas adecuadas a nivel local o adaptarse a necesidades locales, pero que, por el contrario, puede crear disparidad en la calidad del servicio en vista que de que, pese a la existencia de una ley orgánica, cada comunidad autónoma presenta un desarrollo legal específico.
Otro de los problemas importantes lo constituyen las crisis migratorias, que aumentan la vulnerabilidad de niños y niñas migrantes, especialmente quienes llegan no acompañados/as. Frente a estas situaciones de crisis, los países europeos tienen diferentes respuestas: Suecia, Países Bajos o Alemania implementan buenas prácticas en este ámbito e invierten recursos para proteger de la vulnerabilidad a niños y niñas migrantes; en cambio, otros países como Grecia, Hungría o Italia son más duros con estas situaciones. Por ello, es crucial desarrollar una mayor coordinación e implementación de políticas inclusivas que aborden las necesidades específicas de niños y niñas migrantes.
El documento identifica varios factores de riesgo que contribuyen a la vulnerabilidad de niños y niñas, incluyendo:
Entre los aspectos que incluye este estudio destaca un apartado destinado a abordar aspectos relativos a la desinstitucionalización de los cuidados de las personas menores. Se trata de un factor clave en la protección a la infancia en Europa, que se fundamenta en iniciativas como el desarrollo de cuidados de base comunitaria y local, y el impulso de programas de acogida de menores en familias.
Para hacer frente a estos riesgos y factores desencadenantes, el estudio propone diferentes soluciones a todos los Estados Miembro: mejorar la cooperación y la coordinación entre los Estados; la prohibir el castigo corporal; reforzar servicios de apoyo; desarrollar planes de acción rápida para abordar necesidades en el ámbito infantil durante desastres naturales y crisis migratorias; fortalecer los sistemas judiciales; y, en el ámbito digital, fomentar la protección de niñas y niños mediante alfabetización digital.
Para más información sobre el estudio, puede consultar el documento completo “Mapeo del sistema de Protección Infantil en la UE” (Mapping Child Protection Systems in the EU Update 2023, European Union Agency for Fundamental Rights) publicado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2023.
