El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha condenado al Servicio Riojano de Salud a pagar 58.595,43 euros a una paciente que sufrió complicaciones graves tras someterse a una intervención ginecológica para extirpar un mioma uterino.
La mujer, de 45 años en el momento de la operación, ingresó el 19 de marzo de 2018 en un hospital riojano para una histerectomía programada por vía laparoscópica. Durante la cirugía, sin embargo, se produjo la rotura de la punta de una aguja de sutura, lo que obligó a los cirujanos a reconvertir la intervención a una laparotomía abierta para poder localizar y extraer el fragmento.
A los pocos días, la paciente desarrolló una uropatía obstructiva derecha, que requirió la colocación de un catéter ureteral y múltiples consultas y procedimientos posteriores para intentar resolver el problema. Dos años después, ante la persistencia de la lesión y la obstrucción, se le practicó finalmente una reimplantación uretero-vesical.
La afectada reclamó 107.220,22 euros de indemnización, argumentando dos hechos dañosos: la rotura del material quirúrgico y las lesiones ureterales. Sin embargo, la Sala ha considerado que solo procede la responsabilidad patrimonial por las lesiones en el uréter, no por la rotura de la aguja.
En su sentencia, el tribunal destaca que la parte demandante no aportó prueba pericial que acreditara una mala praxis en la rotura del instrumental y recuerda que, según el dictamen técnico presentado por la administración, la lesión ureteral es una complicación posible y prevista en la literatura médica y en el consentimiento informado que firmó la paciente.
No obstante, la Sala estima que sí existió responsabilidad patrimonial por las consecuencias derivadas de la lesión ureteral, que supusieron para la mujer 533 días de recuperación, seis intervenciones quirúrgicas, secuelas físicas, perjuicio estético y una notable pérdida de calidad de vida.
El cálculo de la indemnización incluye conceptos como el periodo de estabilización (19.033,43 euros), intervenciones quirúrgicas (5.160 euros), secuelas (20.902 euros), perjuicio estético (8.000 euros), menoscabo de la calidad de vida (5.000 euros) y gastos adicionales (500 euros), hasta alcanzar los casi 59.000 euros que ahora deberá abonar la administración sanitaria riojana.
