El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido recientemente una resolución dirigida al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, sugiriendo la continuidad y posible intensificación de medidas para abordar la problemática derivada de la existencia de "narcopisos" en el barrio de la Rotxapea.
El origen de esta actuación se remonta al pasado 23 de enero, cuando se hicieron públicas diversas noticias sobre la preocupante situación generada por la presencia de estos pisos dedicados a la venta de drogas, especialmente heroína. El colectivo vecinal RTX Auzolan denunció los graves problemas de convivencia y seguridad que enfrentan los residentes de la zona, solicitando una intervención integral por parte de las autoridades competentes.
Tras la recepción de estas denuncias, el Defensor del Pueblo de Navarra inició una investigación de oficio, solicitando informes al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña y al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. Los informes recibidos revelaron acciones en curso por parte del Ayuntamiento, incluyendo reuniones con los vecinos afectados, acciones policiales y sociales, así como registros en domicilios donde se han practicado detenciones por presunto tráfico de drogas.
En este contexto, la institución que dirige Patxi Vera destaca la necesidad de una coordinación efectiva entre las diversas instancias administrativas para abordar esta compleja problemática de manera interdisciplinar. Se subraya la importancia de proteger los derechos de los vecinos y vecinas, así como de ofrecer apoyo a las personas afectadas por la drogodependencia que acuden a estos pisos.
La resolución insta al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña a continuar y, si es necesario, intensificar las medidas para erradicar o minimizar la existencia de estos "narcopisos", con especial énfasis en la coordinación entre las diferentes áreas municipales y organismos pertinentes. Además, el Defensor recuerda al Ayuntamiento su obligación de informar sobre la aceptación de esta resolución y las medidas adoptadas para su cumplimiento, dentro de un plazo máximo de dos meses.
