El Gobierno de Navarra ha expresado este miércoles su disconformidad con la proposición de Ley Foral presentada por UPN que plantea limitar a tres años el periodo de percepción de la Renta Garantizada y reducir progresivamente su cuantía en función del tiempo de cobro.
El Ejecutivo foral apuesta, en cambio, por una reforma de la actual Ley Foral 15/2016 en la que ya trabaja el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, orientada a mejorar la gestión del sistema sin introducir límites temporales ni criterios que considere discriminatorios. Así lo ha defendido en rueda de prensa la consejera del ramo, Carmen Maeztu.
Según ha explicado el Gobierno, la línea de reforma en marcha busca armonizar y alinear las principales prestaciones del sistema de garantía de ingresos —el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada—, dotar de mayor coherencia al conjunto, mejorar la eficacia y eficiencia en su gestión y reforzar el derecho a la inclusión social desde el momento en que se reconoce la prestación.
Referencia a las directrices europeas
Para justificar su rechazo a la iniciativa de UPN, el Ejecutivo recuerda que las políticas de rentas mínimas están avaladas por la Unión Europea. En concreto, alude a la recomendación adoptada el 30 de enero de 2023 por la UE para modernizar los sistemas de protección social y combatir la pobreza fomentando la inclusión activa.
Dicha recomendación establece que las rentas mínimas deben garantizar ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, ajustarse al nivel de vida y a los precios del país, ir acompañadas de acceso a servicios esenciales como sanidad, vivienda y educación, e incluir medidas de formación y apoyo al empleo. Asimismo, subraya que deben poder solicitarse de forma individual, contar con criterios transparentes y no discriminatorios y no estar limitadas en el tiempo.
En este contexto, el acuerdo adoptado por el Gobierno foral señala que la proposición de UPN «se separa claramente no sólo de la abundante evidencia científica existente, sino también de la recomendación dictada por la Unión Europea en 2023 en torno a este tipo de prestaciones».
La reducción de la pobreza como indicador
El Ejecutivo sostiene que la capacidad de una sociedad para reducir la pobreza a través de sus políticas públicas es uno de los principales indicadores de equidad, solidaridad y cohesión social. En este sentido, destaca el papel central que desempeñan las prestaciones económicas en la lucha contra la pobreza, tanto en países avanzados como en desarrollo.
Frente a la propuesta de limitar temporalmente la Renta Garantizada y reducir su cuantía, el Gobierno de Navarra defiende avanzar hacia un modelo que refuerce la inclusión social y laboral, manteniendo la prestación como un derecho vinculado a la situación de necesidad y alineado con los estándares europeos.
