La comparecencia de Antxón Alonso, propietario de Servinabar y pieza clave en la causa penal que instruye el Tribunal Supremo sobre una presunta trama de comisiones en adjudicaciones de obra pública, ha arrancadoa las diez de esta mañana en el Parlamento de Navarra con un anuncio rotundo (aunque esperado): se acoge a su derecho a no declarar. Alonso ha subrayado que comparece “con el máximo respeto” a la labor de control de la Cámara, pero ha dejado claro que, dado que el objeto de la comisión coincide “sustancialmente” con la causa penal en la que está investigado, actúa siguiendo la recomendación expresa de su letrado y no responderá a las preguntas de los grupos.
El primero en tomar la palabra ha sido el portavoz de UPN, Javier Esparza, que disponía de una hora de intervención y que ha convertido su turno en un largo interrogatorio político y judicial sin respuestas por parte del compareciente. Esparza ha acusado a Alonso de ser una “pieza fundamental” en lo que ha denominado una “presunta trama corrupta” que, según los informes de la UCO y el auto judicial, habría nacido en Navarra y tendría impacto tanto en la política foral como en la estatal, mediante el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.
El líder regionalista ha presentado a Alonso como una “especie de conseguidores” que, siempre según su interpretación de la investigación, se habría aprovechado del “poder político” de sus socios y contactos, entre ellos Santos Cerdán y Koldo García, para “manejar hilos y crear un microclima favorable a sus intereses”. En ese contexto, Esparza ha hilado preguntas sobre los inicios empresariales de Alonso en Navarra, sus proyectos en Cintruénigo y Milagro, y el momento en que habría trabado una relación de confianza con el dirigente socialista Santos Cerdán, a quien sitúa en el centro de las conexiones políticas de la trama.
Uno de los pasajes más tensos se ha producido cuando Esparza ha exhibido un documento que, según ha dicho, acredita la venta del 45% de Servinabar a Santos Cerdán por 6.000 euros, con firmas de ambas partes y sello de la sociedad, pese a que Alonso habría negado en sede judicial que el dirigente socialista fuera socio suyo. El portavoz de UPN ha recalcado que expertos jurídicos consideran que el contrato tiene validez civil y ha señalado que su falta de registro podría interpretarse como un intento de ocultar la titularidad real de las participaciones. “Este contrato es determinante”, ha insistido, antes de preguntar por qué, si no existía esa relación empresarial, se habrían realizado supuestos pagos, entregas de dinero en efectivo o asunción de gastos vinculados a dirigentes socialistas, en alusión a billetes de 500 euros y a la vida empresarial de Santos Cerdán.
Esparza también ha repasado las supuestas conexiones de Alonso con otros protagonistas de la causa, como Koldo García, José Luis Ábalos o el ejecutivo de Acciona Fernando Merino, preguntándole quién le presentó a cada uno, qué papel desempeñaban en sus sociedades y por qué se habrían repartido porcentajes en cooperativas o empresas como Servinabar. Ha puesto el foco en que, según los datos que ha citado, Servinova habría recibido alrededor de 6,7 millones de euros, el 2% de determinadas adjudicaciones de obras públicas, y que el 75% de su facturación estaría ligada a contratos con Acciona en diferentes proyectos de infraestructuras. “Navarra merece conocer lo ocurrido sin tapujos y sin excusas”, ha remarcado el portavoz de UPN, que ha llegado a interpelar al empresario con un “¿por qué no dice la verdad y descansa?”, ante el silencio de Alonso.
Durante las intervenciones del líder regionalista, el dueño de Servinabar ha mantenido la misma línea de silencio que había anunciado al inicio, limitándose a escuchar. Según la transcripción, en distintos momentos se ha sonreído levemente, ha jugueteado con unos papeles en gesto distraído o ha bebido agua mientras Esparza le preguntaba por episodios concretos, como la supuesta venta de un 4% de su empresa al hijo del director de un medio de comunicación navarro o los motivos de determinados movimientos societarios.
El compareciente, Antxón Alonso ha reiterado en una ocasión que estaría “encantado” de rebatir las acusaciones y dar su versión sobre los hechos, pero que no lo hace por “expresa indicación” de su abogado, dada la situación procesal en la que se encuentra.
La sesión de la comisión de investigación sobre contrataciones públicas continúa a esta hora en el Parlamento de Navarra, con el resto de grupos disponiendo de turnos para formular preguntas que, todo apunta, tampoco obtendrán respuesta directa de Antxón Alonso.
La presidenta de la comisión, Irati Jiménez (EH Bildu) ha recordado al inicio sus obligaciones al comparecenciente,, mientras las fuerzas políticas de la oposición tratan de aprovechar el foco parlamentario para fijar su relato sobre el alcance político y económico de la presunta trama y su impacto en el Gobierno foral y en las instituciones del Estado.
