Con el apoyo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y el rechazo de NA+, se ha aprobado la 7ª modificación del Convenio desde 1990
PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con el apoyo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, y el rechazo de Navarra Suma, una modificación del Convenio Económico entre el Estado y Navarra que consiste en armonizar el cobro del Impuesto sobre el depósito de residuos existente en ambas administraciones, y que establece que Navarra aplicará en la materia las mismas normas que el resto del territorio del Estado «con el fin de que no se generen distorsiones en los distintos territorios».
La aprobación, que requería mayoría absoluta, viene a rubricar el acuerdo suscrito el 10 de junio en el seno de la Comisión Negociadora y que queda ahora pendiente de su ratificación por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
La modificación acordada consiste en la adición de un artículo sobre la ‘Exacción del Impuesto y normativa aplicable’, que recoge que el cobro del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos «corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra cuando se ubique en su territorio el vertedero o la instalación de incineración o coincineración en la que se entreguen los residuos objeto del impuesto».
También se establece que, en el cobro de dicho impuesto, Navarra «aplicará las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado». No obstante, la Comunidad foral podrá incrementar los tipos de gravamen de este impuesto «dentro de los límites y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común».
Asimismo, Navarra «podrá aprobar los modelos de autoliquidación e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado».
Se trata de la séptima modificación del Convenio Económico de 1990, tras las actualizaciones de los años 1993, 1998, 2003, 2007, 2015 y marzo de 2022.
La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha señalado que Navarra aplicará «las mismas normas que el resto del territorio del Estado con el fin de que no se generen en esta materia distorsiones en los distintos territorios». Según ha explicado, el Convenio con el Estado contempla que cuando se presenta un nuevo proyecto de ley a nivel estatal que incluye un nuevo impuesto, se convocará a la Comisión Negociadora entre Navarra y el Estado para analizar la nueva figura. Algo que sucedió recientemente con la aprobación, a nivel estatal, de un impuesto sobre depósitos de residuos que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
«Era obligado evaluar y analizar esta nueva figura, dado, además, que Navarra ya tenía un impuesto que versaba sobre los mismos hemos imponibles», ha relatado Saiz, tras añadir que «la parte técnica de ambas administraciones ha analizado ambos impuestos y han determinado que ambos impuestos son «prácticamente coincidentes». «El Gobierno de España se ha fijado en los distintos impuestos previos que existían en algunas comunidades y entre ellas se ha fijado en el impuesto de Navarra, que ha servido de referencia para elaborar la norma estatal», ha añadido, tras remarcar que la gestión, inspección y recaudación del cobro «seguirá en todo momento realizándose por la Hacienda Foral de Navarra».
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha considerado que este acuerdo «se enmarca en la máxima expresión de nuestro autogobierno, ejerciendo la potestad tributaria de nuestra comunidad». A su juicio, «hacer dejación de no armonizarlo o conveniarlo sería un ataque directo a nuestro autogobierno». Por ello, ha pedido a UPN que «reflexione». «Si no cambien de parecer, será el primer presidente de UPN -Javier Esparza- en no apoyar la modificación del Convenio, una modificación que, pese a sus ataques, no hace sino reforzar nuestro régimen foral», ha apuntado.
Por el contrario, la parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha señalado que con esta medida se está «dañando los intereses de Navarra», porque la Comunidad foral «asume de manera directa» el impuesto sobre el depósito de residuos que el Gobierno de España acaba de aprobar. Y lo hace, según Valdemoros, «plegándose a esta ley estatal, porque Navarra ya tenía un impuesto» en esta materia desde 2018. «Lo que hoy se propone es renunciar a esa legislación y renunciar a esa autonomía», ha criticado, tras advertir de que esto supone un «precedente peligroso para el ejercicio real» de la capacidad de Navarra de decidir en el ámbito tributario, «socavando el poder de decisión que ostenta Navarra en virtud de su régimen foral».
Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha considerado que «salir a favor no es defender el autogobierno» sino «cumplir lo que la norma exige» y que esto no es motivo «de satisfacción ninguna». «Estamos llevando a cabo una reforma de la ley del Convenio, que en sí misma debería ser de una dimensión enorme, que lo que se limita a hacer es armonizar un tributo», ha trasladado Barkos, que ha criticado que en estos 32 años «la involución en materia de autogobierno es absolutamente manifiesta». «No es un día de alegría, pero debemos hacerlo de manera ordenada, aspirando a volver a recuperar algunas cotas de autogobierno que hemos ido perdiendo desde 1990», ha apuntado.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha apuntado que «no queda otra opción» que votar a favor de esta modificación del Convenio, pero que eso no supone «dar por buena, ni mucho menos, la doctrina del Tribunal Constitucional», que ha emitido sendas sentencias que provocan que «el nivel de autogobierno de Navarra esté expuesto». «Y eso nos preocupa», ha reconocido Araiz, que ha lamentado no haber sido capaces de «articular la fuerza política suficiente para hacer frente a esta ola centrista, a esta interpretación absolutamente contraria a la foralidad de Navarra y al derecho que tiene Navarra a crear y mantener su propio sistema tributario, sin ningún tutelaje por parte del Estado».
En nombre de Podemos, Mikel Buil ha considerado que «o armonizamos o perdemos el impuesto», pero sí ha considerado motivo de «alegría» que el Estado «se haya puesto las pilas y haya hecho una ley de residuos parecida a Navarra», lo cual supone que en la legislatura pasada la Comunidad foral fue «puntera». Sin embargo, según ha añadido, «hoy toda adaptar» la legislación foral a la estatal.
La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha señalado que «al ser un impuesto indirecto, no queda otra que aplicar la misma norma que el Estado», y que armonizar el impuesto de residuos es «cumplir con la obligación». «Navarra lo que hace es aplicar una norma que ha establecido el Estado. Lo que espero es que el Estado nos dé permiso para podamos, en su caso, incrementar el gravamen dentro de los límites y condiciones que nos proponga», ha añadido, tras apostar por «adecuar el impuesto a nuestra situación y necesidades de recaudación».
