PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad y Garantía de sus Derechos, un documento que deberá someterse ahora a la deliberación del Parlamento de Navarra. Como principales novedades, destacan la recuperación de la autonomía y la capacidad de decisión y la mayor participación de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida.
Así lo ha expuesto, en la rueda de prensa posterior a la sesión, la consejera de Derecho Sociales, Mari Carmen Maeztu, quien ha destacado la importancia de la aprobación de este proyecto de ley, el primero que tiene la Comunidad Foral en materia de discapacidad, y que «convertirá a Navarra en la primera comunidad en incorporar a su Derecho Civil los cambios producidos por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica».
Además, la consejera ha resaltado que también «adaptará la normativa actual a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, y permitirá evolucionar del modelo asistencial actual a un modelo social, en el que se eliminarán las barreras que existen en la participación de estas personas en la vida social, económica, cultural y en todos los ámbitos en general».
MÁS DE 550 APORTACIONES
Para la elaboración de este proyecto, ha explicado, han participado representantes de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra y organismos de la Administración o vinculados a ella, CERMIN (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra) y el Consejo de Discapacidad, así como personas con discapacidad a través de diferentes sesiones de trabajo, y ciudadanía en general. En total, se han tenido en cuenta más de 550 aportaciones.
Así, ha detallado el Ejecutivo, la ley incorporará aspectos generales fundamentales para las personas con discapacidad, como las garantías ante la discriminación, la potenciación de la autonomía y su vida independiente o la sensibilización de la sociedad para la toma de conciencia sobre su realidad y su aportación «como diversidad enriquecedora».
Esto se concretará, fundamentalmente, en el nuevo régimen que desplaza al de las incapacitaciones y tutelas, con el objetivo de que «la provisión de apoyos sea la solución a las dificultades para ejercer los derechos en el tráfico jurídico, y en la apuesta decidida por la desinstitucionalización de las personas que viven en centros residenciales».
Respecto a la primera, ha continuado el Gobierno, se modificarán en el Fuero Nuevo aspectos como los referidos a la tutela, la administración de los bienes de conquista, la nulidad de las declaraciones de voluntad o las alusiones a la patria potestad prorrogada y a la rehabilitación de la patria potestad. En cuanto a la desinstitucionalización, el Gobierno de Navarra ya ha puesto en marcha la creación de viviendas adaptadas para personas con discapacidad, y se apostará por ofrecer otros servicios alternativos a la creación de centros residenciales, en los que se ofrezca una atención individualizada y centrada en la persona, gracias a la potenciación, por ejemplo, de la figura del profesional de referencia.
EMPLEO, SALUD Y EDUCACIÓN
El proyecto de ley recoge también medidas referidas al empleo y la ocupación, como la promoción de la contratación indefinida o el acceso al empleo por cuenta propia, con cautela en cuanto al cumplimiento de la normativa de protección de datos en relación a la información sobre discapacidad, especialmente cuando intervienen decisiones automatizadas o se utilizan perfiles para predecir o adoptar decisiones, ha indicado el Ejecutivo.
También se incluye prever la realización de planes de prospección adaptados a las personas con discapacidad o fomentar la ocupación laboral de las mujeres con discapacidad para conseguir su contratación o para que ésta sea de calidad en todos los sentidos, incluyendo medidas de conciliación o, siempre que sea posible, corresponsabilidad.
Igualmente, se propone reforzar el tránsito de personas trabajadoras con discapacidad desde los enclaves laborales y desde los centros especiales de empleo a la empresa ordinaria, y se modifica la Ley Foral de Contratos Públicos para dar prioridad a los centros especiales de empleo de iniciativa social. Al mismo tiempo, se modifica la Ley Foral Subvenciones para «aprovechar la concesión de subvenciones públicas para cumplir fines sociales, como los relacionados con el empleo de personas con discapacidad».
Por otro lado, el Gobierno ha detallado que la norma garantizará el acceso a la salud «en igualdad de condiciones», incluida la salud sexual y reproductiva, así como a los servicios sociales y sociosanitarios, y actualiza aspectos relevantes en el acceso a la cultura, el deporte, el ocio y la actividad comercial. También se define y aborda como derecho la educación inclusiva en el ámbito no universitario y universitario, y define las políticas, estrategias y buenas prácticas precisas, entre las que destaca el uso del diseño universal de aprendizajes.
El Ejecutivo ha destacado, asimismo, otro aspecto fundamental relativo a los trámites en la valoración del grado de discapacidad, para lo cual a partir de ahora se tendrán en cuenta los dictámenes técnicos de los equipos de valoración de la situación de dependencia para el reconocimiento del grado de discapacidad de las personas, «que acelerará en gran medida los trámites».
Del mismo modo, se actualizará el régimen de accesibilidad universal y, en su defecto, el de los «necesarios ajustes» para el acceso a todo tipo de espacios, bienes, servicios y comunicaciones.
Con todo, la consejera Maeztu ha celebrado la aprobación de este proyecto de ley foral, que «va a marcar un nuevo rumbo en cuanto a la atención a personas con discapacidad, y que nos va a permitir avanzar de manera sustancial en la igualdad de oportunidades y en la plena inclusión social». Además, ha agradecido «a todas las personas y entidades, así como al personal de los departamentos del Gobierno que han intervenido, su colaboración, interés y participación. Sin duda, su trabajo y aportaciones han enriquecido este proyecto de ley».
