El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una proposición de ley foral para la regulación de las jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulara un decreto foral aprobado en 2016 para regular estos aspectos.
La ley aprobada recoge el contenido del decreto foral que se declaró nulo y tiene carácter retroactivo para ser aplicada con fecha 1 de enero de 2016. El texto ha sido presentado por PSN y ha recibido el apoyo de Geroa Bai y Podemos, mientras que EH Bildu e I-E se han abstenido y Navarra Suma ha votado en contra.
La parlamentaria socialista Inma Jurío ha reconocido, en su intervención en el pleno de la Cámara, que «no es convencional» que sea un partido político el que presente esta iniciativa en el Parlamento foral para corregir la situación, pero ha insistido en que busca dar solución a la nulidad del decreto y ha asegurado que será «una ley de carácter transitorio únicamente para evitar las consecuencias negativas de la nulidad del decreto», nulidad que, según ha dicho, se decretó «por causas exclusivamente formales». «Se busca suplir las causas que provocan la nulidad determinada por las sentencias y las consecuencias injustas para el 80% de la Policía Foral en su concepto de retribuciones. No es un fraude para dar vigencia a lo anulado», ha asegurado la parlamentaria.
A instancias de EH Bildu se han introducido tres enmiendas a la ley. El objetivo de las enmiendas es asegurar el carácter «transitorio» de esta ley y garantizar, al mismo tiempo, la vigencia de la ley foral de Policías de 2018, recogiendo que, una vez aprobado el desarrollo reglamentario de retribuciones y jornadas previsto en esa ley de 2018, quedaría sin efecto la ley aprobada este jueves. Además, también por medio de una de las enmiendas de EH Bildu, en relación a las pruebas físicas, los agentes podrán seguir eligiendo entre una compensación económicas (17% del sueldo inicial de nivel) o de horas (126 anuales).
El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha afirmado que esta iniciativa «no hubiera sido necesaria si el consejero de Interior, Javier Remírez, hubiese realizado su trabajo con la diligencia que es de esperar en cualquier gobernante», en referencia a que, en cumplimiento de la ley foral de 2018, el Gobierno foral debería tener ya aprobado un desarrollo reglamentario de jornadas y retribuciones. «Lo que nos ocupa viene a paliar, que no a solucionar, un problema claro, que es la precariedad, la inseguridad y la incertidumbre de las condiciones laborales y las remuneraciones del personal de Policía Foral», ha señalado, para afirmar que Navarra Suma «no se fía» del Gobierno y del PSN y ha afirmado que apoyar esta ley «es darle al Gobierno un cheque en blanco y sin fecha para que desarrolle la ley de 2018 cuando quiera y como quiera».
Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha afirmado que la solución propuesta por el PSN no gusta a su grupo y no considera que sea «la vía más adecuada ni jurídica ni políticamente hablando», pero ha aceptado apoyarla «para salvar la situación». Regúlez ha recordado que en 2018 el Parlamento aprobó la ley foral de Policías, que establecía el desarrollo reglamentario de retribuciones y jornadas para 2019, sin que todavía se haya producido ese desarrollo. «Estamos sin ese desarrollo, y no nos valen las excusas. Es un trabajo que se tenía que haber comenzado desde el primer día que se conformó el Gobierno», ha dicho, criticando la gestión del Departamento de Interior.
El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que, dado que esta es una situación «sobrevenida por la declaración de nulidad del decreto foral», su grupo ha decidido facilitar su aprobación por medio de la abstención, remarcando que debe ser una solución «transitoria». Además, ha subrayado que «el Gobierno tiene por delante el desarrollo reglamentario» de la ley de 2018 y ha incidido en que «hay un incumplimiento de plazo». «Hay margen para asumir el coste económico que pudiera implicar ese desarrollo y creemos que sería importante que, cuanto antes, se produzca el desarrollo reglamentario», ha afirmado.
La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado que «no se trata de cometer un fraude respecto a la sentencia que anula el decreto, lo que se hace es otorgar esa legalidad a lo que no cuestiona la sentencia para dar salida a una situación injusta que causaría todo un perjuicio a una gran mayoría». No obstante, ha dicho que «tiene que quedar claro que es una ley transitoria que no tiene vocación de permanencia» y ha pedido al Gobierno que «se ponga las pilas» para desarrollar la ley de 2018.
