El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha recibido este martes a responsables de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, de la que dependen los trabajos que realiza en el Mediterráneo el buque Aita Mari, atunero vasco reconvertido en barco de rescate.
El encuentro, que ha tenido lugar en el Salón Institucional del Palacio de Navarra, se ha celebrado precisamente en el día en el que el Aita Mari va a desembarcar en puerto seguro a las 78 personas que rescató hace unos días.Al encuentro han asistido, representando al departamento, el consejero y la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irízar. Por parte de Salvamento Marítimo Humanitario, Edurne Goñi Ochandorena, Philipo Aquilino y Virginia Alemán han sido los participantes en la reunión. Posteriormente, se han reunido con la consejera de Relaciones Ciudadanas en su calidad de responsable de las materias de Convivencia del Gobierno de Navarra.
Durante la reunión, Eduardo Santos se ha puesto a disposición de la ONG para, desde su departamento, defender en nombre del Gobierno de Navarra “una política de migraciones a nivel estatal y europeo que anteponga la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, frente a cualquier otra cuestión y frente a discursos populistas que destilan racismo y odio”.
Santos ha querido conocer, de primera mano, la situación que se vive en el Mediterráneo Central, donde hoy se encuentran trabajando cinco buques de rescate. Philipo Aquilino ha trasladado el interés de las organizaciones que trabajan en el lugar por conseguir dar una respuesta humanitaria “365 días al año”.
Trámites burocráticos “que ponen en peligro vidas humanas”
El Aita Mari estuvo retenido durante meses en el puerto de Pasaia (Gipuzkoa) al no obtener de las autoridades de la Marina Mercante la autorización necesaria para navegar. Finalmente, fue el pasado 10 de octubre cuando recibieron el permiso administrativo, zarpando unos días después rumbo a la isla de Lesbos.
El consejero Eduardo Santos ha señalado, a este respecto, que “los trámites administrativos tienen que anteponer las necesidades de las personas que corren un severo riesgo al embarcarse rumbo a Europa”, y ha recordado que “cada día que pasa, cada minuto que transcurre sin una resolución sobre estas cuestiones, es un minuto en el que se ponen en peligro vidas humanas”.
