El Consejo de Transparencia de Navarra ha iniciado este lunes una nueva etapa, marcada por la reciente renovación de su composición, promovida por el Gobierno foral con el objetivo de reforzar la independencia del organismo, el perfil técnico de sus integrantes y su capacidad de respuesta. El cambio busca mejorar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha recibido esta tarde a las personas integrantes del renovado Consejo en su primera reunión, celebrada en el Palacio de Navarra. En su saludo, Remírez ha señalado que esta nueva composición responde a la convicción de dotar al organismo de mayor experiencia, criterio y autonomía "en un momento complejo, en el que existe una gran desafección hacia muchas de las instituciones públicas". El vicepresidente ha añadido que una Administración abierta y transparente genera mayor confianza, algo que considera fundamental para cuidar la calidad democrática, y ha agradecido a los nuevos integrantes su disposición y compromiso con esta "responsabilidad compartida".
Menos vocales y más perfil técnico
El cambio más destacado es la sustitución de los cuatro representantes políticos que tenía el Parlamento de Navarra por una sola persona representante de la Cámara Foral, de perfil técnico. Además, la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) pasa a contar con un único representante, en lugar de los tres que tenía hasta ahora, lo que reduce el número total de vocales de doce a siete.
De este modo, el nuevo Consejo queda integrado por una Presidencia, ejercida actualmente por Juan Luis Beltrán, y siete vocalías ocupadas por personal técnico con experiencia en publicidad activa e información pública, a propuesta del Departamento de Presidencia e Igualdad, la FNMC, el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo de Navarra, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Parlamento de Navarra.
Los vocales designados para esta nueva etapa son Itziar Ayerdi, directora del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Navarra (suplente, Julia Fabiana Sireix); Berta Enrique, secretaria general de la FNMC (suplente, Bertha Sánchez); Pilar Álvarez, letrada mayor del Consejo de Navarra (suplente, Rafael Lara); Gemma Angélica Sánchez, letrada de la Cámara de Comptos (suplente, José Contreras); Carlos Javier Sarasíbar, secretario general y asesor técnico del Defensor del Pueblo de Navarra (suplente, Inés Monreal); Juan Sebastián Grau, de la UPNA (suplente, José Antonio Marañón); y Silvia Doménech, letrada mayor del Parlamento de Navarra (suplente, Ignacio Ordoki).
A la sesión de este lunes han asistido Juan Luis Beltrán, Itziar Ayerdi, Gemma Angélica Sánchez, Carlos Javier Sarasíbar, Juan Sebastián Grau y Silvia Doménech.
Otras novedades de la reforma legal
La nueva composición del Consejo es una de las novedades introducidas por la modificación de la Ley Foral 5/2018, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Entre los cambios de la nueva Ley Foral 3/2026, aprobada el pasado 23 de marzo, destaca también la incorporación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción como sujeto obligado más por la ley de transparencia, así como la aclaración de las funciones de las unidades de información pública, los límites del derecho de acceso y el alcance de las obligaciones de publicidad activa que afectan a las resoluciones de compatibilidad, a las agendas de los altos cargos y a las listas de espera para el acceso a los servicios públicos. La reforma habilita además la posibilidad de presentar denuncias al Consejo de Transparencia de Navarra ante el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
La nueva ley fortalece asimismo el derecho de acceso a la información, clarificando la actuación de los sujetos obligados ante la presencia de datos personales en la información solicitada y exigiendo el trámite de audiencia a las personas que pudieran verse afectadas, con carácter previo a la resolución de una eventual reclamación en materia de acceso a la información pública. Por otra parte, la disposición final primera asigna a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción la gestión del Registro de Grupos de Interés.
