La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reivindicado este miércoles que "la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías", en un discurso pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, presidido por el rey en el Salón de Plenos del alto tribunal.
Perelló ha defendido que la democracia constitucional "no se agota en la regla de la mayoría", sino que se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca, de modo que los tribunales han de resolver conforme a lo que dispone el Derecho, "sin presiones directas ni indirectas". "Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más; precisamente por ello el Estado de Derecho requiere de un Poder Judicial independiente", ha afirmado.
"La crítica fundada siempre será bienvenida"
La presidenta del TS y del CGPJ ha reconocido que los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del Derecho, una posibilidad que, según ha señalado, asume el propio ordenamiento a través de un sistema garantista de recursos para revisar y, en su caso, corregir las actuaciones judiciales. Ha subrayado igualmente que las decisiones judiciales no están sustraídas al debate público: "La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser".
No obstante, ha advertido de que "la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos a partir de la mera discrepancia con lo resuelto", ya que ello desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados. "Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia", ha señalado, para añadir que la gravedad es mayor "si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales".
Perelló ha sostenido que la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales "erosiona" el Estado de Derecho, y ha recordado que la lealtad institucional exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial como "un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances". Al mismo tiempo, ha reconocido que la función judicial exige también de quienes la desempeñan "mesura en el ejercicio de sus atribuciones" y prudencia en sus intervenciones públicas.
Búsqueda de consensos en el Consejo
La presidenta del CGPJ ha repasado la labor desarrollada por el órgano de gobierno de los jueces durante el último año, entre ellas la culminación de la normalización de la situación en la que se encontraba la Justicia, con un total de 198 nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, con un 40% de mujeres designadas; el cumplimiento en plazo del informe sobre el nombramiento de los vocales de procedencia judicial establecido en la Ley Orgánica 3/2024; el dictado de una Instrucción sobre Inteligencia Artificial; la actualización de los reglamentos de la Carrera Judicial; y la aprobación de una guía práctica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal.
"Todos estos logros se han conseguido partiendo de la pluralidad del Consejo, que comporta la existencia de posiciones distintas sobre muchas cuestiones pendientes", ha señalado Perelló, quien ha reiterado su compromiso de trabajar por alcanzar "los más amplios consensos", ejerciendo un papel imparcial y neutral, con el objetivo de que las decisiones del órgano estén al servicio de la Justicia y del interés general, "y nunca al servicio de otros intereses".
Un importante déficit de jueces pese al impulso de nuevas plazas
En cuanto a la situación de la Justicia, Perelló ha advertido de que el sistema judicial "no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra", lo que ha supuesto en el último año un incremento de los asuntos pendientes, y ha insistido en que la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, "excesiva": "Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz".
La presidenta se ha detenido especialmente en la situación de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que calificó de "especialmente preocupante" por la acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta, y ha señalado como "inadmisible" el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Sobre los tribunales de instancia, ha reconocido que la transformación de los juzgados unipersonales está generando dificultades que es necesario atajar, como la falta de adaptación de instalaciones y sistemas informáticos, la reducción de personal o la pérdida de contacto del juez con la Oficina Judicial.
Pese a destacar la creación de 500 unidades judiciales que entrarán en funcionamiento en 2027 y la convocatoria de 500 plazas de acceso a la Carrera Judicial, Perelló ha advertido de que "sigue habiendo un importante déficit de jueces", recordando que la tasa de jueces por habitante en España está por debajo de la media europea, y que el CGPJ estima necesario convocar 367 plazas cada año durante los próximos diez años para cubrir las vacantes previstas.
Referencia a Ceuta y reconocimiento a jueces en destinos con mayor carga
La presidenta del TS y del CGPJ ha manifestado además su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres, defendiendo que la especialización judicial y las medidas de protección exigen una actuación coordinada entre todas las instituciones competentes. Ha trasladado también un reconocimiento especial a los jueces y magistrados que sirven en destinos con mayores cargas y dificultades, así como a quienes han intervenido en sucesos como el accidente ferroviario de Adamuz o los incendios forestales de este verano, trasladando sus condolencias a las familias de los fallecidos.
En referencia a la crisis migratoria de Ceuta, Perelló ha recordado de manera especial a las personas fallecidas y ha afirmado que "los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley". La presidenta ha concluido que la situación que atraviesa Ceuta "exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que garantice, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento".
