El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en Dallas (Texas) que entregará un “dividendo” de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto estadounidense si el Partido Republicano logra mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas de noviembre. La propuesta, bautizada por él mismo como “Trump dividend”, ha generado una oleada de reacciones en medios internacionales, que destacan su coste potencial —superior a un billón de dólares—, la ausencia de detalles sobre su financiación y las dudas sobre su viabilidad legal y presupuestaria.
Trump hizo el anuncio durante su discurso en la convención de medio mandato del Partido Republicano, un evento de dos días en Dallas diseñado para movilizar a la base republicana ante unas encuestas desfavorables y un creciente descontento por los precios y la guerra con Irán. En su intervención, el mandatario pidió a los asistentes que lo consideraran “como si estuviera en la papeleta” y vinculó directamente el resultado de las legislativas con el pago: “Si los republicanos ganan la Cámara y el Senado de Estados Unidos, ambos… distribuiré un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos”.
El presidente añadió una condición: el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos, aunque no explicó cómo se haría cumplir esa restricción ni de dónde saldrían los fondos.
Coste estimado y dudas económicas
Según datos del censo estadounidense, hay alrededor de 240–270 millones de adultos en el país, lo que sitúa el coste total de la medida entre 1,2 y 1,35 billones de dólares. Varios medios subrayan que, salvo que se compensara con nuevos ingresos o recortes de gasto, la medida ampliaría aún más el déficit federal —cercano a 1,8 billones en el ejercicio 2025— y podría ejercer presiones inflacionistas adicionales.
El vicepresidente J.D. Vance intentó matizar la propuesta sugiriendo que los estadounidenses con mayores ingresos no tendrían derecho al pago y apuntó a los ingresos por aranceles —unos 154.500 millones en los primeros 10 meses del ejercicio 2026— como posible fuente de financiación, aunque las cifras no cuadran con el volumen total necesario.
Reacciones políticas y legales
La reacción demócrata fue inmediata: calificaron la promesa de “vacía” y advirtieron de que un presidente no puede ordenar pagos de este tipo sin autorización del Congreso. Diversos análisis en prensa internacional recuerdan que, según la ley federal estadounidense, ofrecer o realizar un pago para inducir a alguien a votar, abstenerse o votar a favor o en contra de un candidato es un delito, con penas que pueden llegar a dos años de cárcel en caso de violación intencionada.
Medios de comunicación internacionales coinciden en señalar que la medida requeriría aprobación legislativa y que su encaje jurídico es más que dudoso, además de plantear serios problemas de sostenibilidad fiscal.
Antecedentes de promesas similares
No es la primera vez que Trump lanza promesas de pagos directos en su segundo mandato. Ya había sugerido cheques de 2.000 dólares financiados con ingresos arancelarios y, anteriormente, un “dividendo DOGE” de 5.000 dólares vinculado a ahorros por recortes en la administración, ideas que nunca llegaron a materializarse.
