El reciente desalojo judicial de una bajera ocupada en el barrio de Azpilagaña centró parte del debate en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona celebrada este martes, enfrentando al concejal de Seguridad Ciudadana, Endika Alonso, y al portavoz de UPN, Jesús Labairu. La actuación se produjo en un local de la calle Rio Alzania 11, cuya propietaria presentó denuncia y obtuvo una resolución judicial “exprés” que permitió el desalojo el pasado 27 de febrero.
Labairu recordó que el 2 de febrero, en la misma comisión, Alonso y el concejal Joxe Abaurrea habían asegurado que todavía no existía denuncia de la propietaria, por lo que preguntó qué había ocurrido entre esa fecha y el 27 de febrero para que el juzgado actuara con tanta rapidez. El portavoz regionalista comparó este caso con el de la ocupación en el edificio de Jaso, donde la denuncia del propietario lleva dos años sin que se haya producido aún intervención judicial, y subrayó que “llama la atención si comparamos los dos casos”.
En su intervención, Labairu quiso aclarar si el Ayuntamiento se ha limitado a instar a la propietaria a denunciar o si ha presentado algún tipo de informe o escrito ante el juzgado para facilitar la decisión. Además, preguntó expresamente si se actuará “de igual forma” con la bajera ocupada el 25 de febrero en Río Alzania número 8, situada justo enfrente del local desalojado, y si existe coincidencia entre las personas identificadas en ambas ocupaciones.
Alonso replicó que muchas de las cuestiones planteadas por Labairu no son tanto “preguntas” de control político como “solicitudes de información” que, a su juicio, deben canalizarse por escrito. El concejal mostró su extrañeza por las “sospechas” que el portavoz de UPN parecía querer deslizar sobre las fechas de la denuncia y la actuación judicial, y remarcó que la resolución del juzgado ha sido “absolutamente inmediata” desde que la propietaria presentó su denuncia.
El edil de Seguridad insistió en que, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y de la propia propietaria, la rapidez del juzgado es “una muy buena noticia”, precisamente porque contrasta con otros procedimientos que llevan tiempo bloqueados, como el del inmueble de la antigua ikastola Jaso. Por ello invitó a UPN a que, “en la parte que les toca”, también formulen preguntas al juzgado o utilicen la vía del Parlamento para aclarar por qué en unos casos la respuesta es tan rápida y en otros no.
Sobre las actuaciones municipales, Alonso recordó que ya se ha explicado “en público y a puerta cerrada” el trabajo del Ayuntamiento mediante multas y la intervención de la policía comunitaria, y que los grupos han tenido acceso a la documentación existente. Recalcó que se ha facilitado información por escrito cuando se ha solicitado y que la identificación detallada de personas o el cotejo de datos entre distintas bajeras no se puede hacer “aquí en público” en los términos que planteaba Labairu.
El portavoz de UPN, que consideró sus cuestiones como “preguntas muy concretas”, anunció que, si es necesario, las formulará por escrito o pedirá un informe al secretario municipal. Entre esas dudas volvió a subrayar si el área de Seguridad Ciudadana remitió algún informe específico al juzgado para propiciar la decisión “exprés” y qué actuaciones se prevén ahora en la bajera ocupada de Río Alzania 8, con el objetivo de que se desaloje “lo antes posible”.
