El Defensor del Pueblo de Navarra ha instado al Departamento de Salud a cumplir los plazos legales de atención sanitaria y a estudiar una posible responsabilidad patrimonial tras la demora en la realización de una colonoscopia a una paciente que posteriormente falleció por un tumor maligno.
La resolución, firmada por la institución que dirige Patxi Vera Donazar, analiza la queja presentada por la hija de la paciente por la actuación del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, dependiente del Gobierno foral. Según el expediente, en enero de 2025 la paciente fue derivada al Hospital Reina Sofía de Tudela para estudiar una anemia. Un TAC detectó una lesión descrita como «formación polipoidea» de 25 milímetros en el colon, por lo que en febrero se solicitó una colonoscopia con carácter preferente.
Sin embargo, la prueba no se realizó hasta el 9 de septiembre de 2025 —más de seis meses después—, cuando se confirmó que se trataba de una neoplasia maligna. La paciente falleció el pasado 2 de enero de 2026.
El Defensor subraya que, al tratarse de una prueba diagnóstica, la normativa foral fija un plazo máximo de 45 días hábiles, por lo que considera que la demora constituye un incumplimiento legal, independientemente de las listas de espera existentes.
Reclamación sin respuesta
La institución también reprocha al sistema sanitario la falta de contestación a la reclamación presentada por la paciente en julio de 2025 al no ser citada para la prueba. La legislación navarra obliga a responder estas reclamaciones de forma expresa y motivada en un plazo máximo de 20 días naturales, algo que no consta que se produjera.
Posible error diagnóstico y responsabilidad patrimonial
Un tercer elemento señalado es la posible falta de priorización del caso debido a un diagnóstico inicial que no identificó la lesión como tumoral. De haberse considerado sospechosa de neoplasia, la colonoscopia se habría adelantado. Por ello, el Defensor recomienda al Departamento de Salud que abra de oficio un procedimiento para determinar si existe responsabilidad patrimonial de la Administración por lo sucedido.
En su resolución, el Defensor del Pueblo reitera el recordatorio del deber de responder en plazo a las reclamaciones sanitarias, así como el de atender a los pacientes dentro de los tiempos máximos legales; finalmente se recomienda investigar la posible responsabilidad administrativa por el caso
El Departamento de Salud dispone ahora de dos meses para comunicar si acepta la resolución y qué medidas adoptará. De no hacerlo, el caso podría incluirse en el informe anual que se eleva al Parlamento de Navarra.
