El Gobierno de Navarra ha mostrado, en su sesión de hoy, su disconformidad a la toma en consideración de dos proposiciones de modificación del Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones y de la Ley Foral de Subvenciones, planteadas por UPN en el Parlamento foral para limitar que personas condenadas por terrorismo puedan ejercer como docentes de alumnado menor de edad o recibir ayudas públicas.
El Ejecutivo foral apoya su disconformidad en la falta de sustento jurídico de las modificaciones propuestas, plasmada en un informe emitido por la Letrada Mayor del Parlamento de Navarra el pasado 7 de marzo y en un extenso dictamen emitido con fecha 19 de marzo por el Consejo de Navarra, a petición de la Cámara foral, que “expone las serias dudas de inconstitucionalidad que suscita la modificación normativa pretendida". La Dirección General de Función Pública acaba de emitir también un informe en el mismo sentido.
El informe jurídico del Parlamento de Navarra señala que “las medidas incluidas en las iniciativas adolecen de cierta indeterminación” y plantea “dudas de compatibilidad” de las modificaciones propuestas “con los principios de seguridad jurídica y legalidad garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución”, que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Este informe señala además que la modificación referida al acceso a cuerpos docentes se rige por una normativa estatal que Navarra no puede modificar. En concreto, señala que los cuerpos docentes no universitarios “tienen un régimen específico que no puede obviarse, y que remite en su aplicación a la normativa estatal y requiere además en el establecimiento de sus requisitos una homogeneidad con el resto de cuerpos docentes autonómicos, pues se trata de funcionarios de ámbito estatal que pueden prestar servicio en cualquier parte del sistema educativo, en ejecución de los concursos de traslados de ámbito estatal, que si bien prevén requisitos generales y específicos, debieran ser establecidos para todos ellos en el marco común básico estatal de la función pública docente”.
Propuestas de modificación
Las propuestas de modificación promovidas por UPN fueron publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra del pasado 11 de marzo. La propuesta de cambio del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, plantea reformar el apartado 2 del artículo 7 para “establecer como requisito específico para ser admitido a las pruebas selectivas para aquellos puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con personas menores de edad el no haber sido condenado por sentencia firme” por delitos de terrorismo o promoción, constitución, organización o dirección de una organización o grupo terrorista o pertenencia a los mismos. Plantea, a tal efecto, que quien pretenda el acceso a estos puestos de trabajo acredite esta circunstancia mediante la aportación de un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados.
En la misma línea, la propuesta de modificación de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, está dirigida a introducir requisitos para evitar que educadores y educadoras o personas que trabajan con menores en el ámbito público condenados por delitos de terrorismo o las empresas y entidades a las que prestan este servicio puedan obtener ayudas procedentes de fondos públicos para la realización de estas tareas.
