La entidad Incluye, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, con el apoyo del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, ha presentado los resultados del Informe sobre el Derecho de Acceso a la Justicia en Personas con Discapacidad Intelectual, un estudio pionero que analiza las barreras existentes en el sistema judicial, recoge buenas prácticas ya en marcha y plantea medidas concretas para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho en igualdad de condiciones.
El informe constata que, pese a la existencia de un marco normativo sólido, el acceso real a la justicia por parte de las personas con discapacidad intelectual sigue siendo desigual. Entre las principales barreras detectadas se encuentran el uso de un lenguaje jurídico complejo y poco accesible, la falta de generalización de apoyos comunicativos como la lectura fácil o la figura del facilitador procesal, las dificultades para asegurar una participación activa de las personas afectadas, así como unos ritmos y procedimientos poco flexibles y una formación desigual entre los distintos profesionales implicados.
El estudio pone de relieve que las personas con discapacidad intelectual valoran de manera especialmente positiva los apoyos como la lectura fácil, la intervención del facilitador procesal y el acompañamiento de personas de confianza, elementos que contribuyen de forma significativa a mejorar su comprensión, seguridad y participación a lo largo del proceso judicial.
En la elaboración del informe han participado diversos grupos de interés, entre ellos personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, familias, operadores jurídicos, profesionales de la abogacía, cuerpos de seguridad y entidades del ámbito de la discapacidad. Este enfoque plural ha permitido ofrecer una visión amplia y realista del funcionamiento del sistema judicial desde todas las perspectivas implicadas.
A partir del análisis realizado, el informe plantea tres grandes líneas de mejora. En el ámbito normativo y estructural, propone el desarrollo reglamentario de la figura del facilitador procesal en Navarra, el establecimiento de protocolos comunes de coordinación, la creación de mecanismos de evaluación de los ajustes aplicados y la consolidación y financiación estable de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI).
En materia de formación, el documento aboga por una capacitación específica y práctica para operadores jurídicos y cuerpos de seguridad en discapacidad intelectual, detección de necesidades y accesibilidad cognitiva. Por último, en el área de accesibilidad y apoyos, el informe recomienda el uso sistemático de ajustes de procedimiento, la elaboración de materiales accesibles en todas las fases judiciales —validados por personas con discapacidad intelectual—, la adaptación de espacios, tiempos y lenguaje, y la intervención del facilitador procesal como norma general.
Con este estudio, Incluye subraya la necesidad de avanzar hacia un sistema judicial más inclusivo, accesible y garantista, que permita a las personas con discapacidad intelectual ejercer plenamente su derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
