La representación navarra de la Junta de Transferencias avala el acuerdo para que la Comunidad Foral asuma en exclusiva las labores de vigilancia y control de carreteras, así como la gestión de las multas. De igual modo, se prevé que el próximo 25 de marzo dicho acuerdo sea ratificado por la Junta de Transferencias Navarra-Estado.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha agradecido la disposición y apoyo de los grupos políticos navarros, así como al Gobierno de España su diligencia.
Cabe recordar que en 2024 el Tribunal Supremo anuló el traspaso a la Comunidad Foral de las labores de vigilancia y control de carreteras, así como la gestión de los expedientes sancionadores. Para que Navarra pudiera recuperar íntegramente la competencia de tráfico, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España acordaron reformar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA). Posteriormente a la entrada en vigor de la reforma de la LORAFNA, se debía tramitar la adopción de varios acuerdos por la Junta de Transferencias.
Los acuerdos
Con objeto de garantizar la asunción plena, progresiva y adecuada por la Comunidad Foral, el acuerdo establece un periodo de implementación progresiva y un régimen transitorio.
El despliegue de los agentes de Policía Foral para la vigilancia y control del tráfico se irá produciendo de manera progresiva en el plazo máximo de tres años. Tras ese periodo, Policía Foral pasará a asumir las labores de vigilancia y control de carreteras en exclusiva de forma definitiva en la misma situación que actualmente disponen País Vasco y Cataluña.
Durante el periodo necesario para que la Policía Foral complete dicho despliegue, la Guardia Civil continuará, en coordinación con aquélla, ejerciendo funciones de vigilancia y control en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor en las vías interurbanas y en travesías cuando no exista policía local.
En cuanto a la tramitación, resolución y recaudación de las sanciones, corresponderá a la Administración del Estado desde la fecha de efectividad del traspaso hasta el 30 de junio de 2026, con independencia del cuerpo policial que formule la denuncia. A partir del 1 de julio de 2026, la tramitación, resolución y recaudación de los expedientes sancionadores corresponderá a Navarra.
Durante el régimen transitorio el importe por la recaudación de las sanciones -ingresado hasta el 30 de junio de 2026 por el Estado y a partir de entonces por Navarra- se destinará a cubrir los costes de las funciones desempeñadas por el Estado y los costes de las funciones asumidas por Navarra. Satisfechos los costes de ambas administraciones, si hubiera remanente, hasta el 30 de junio de 2026 éste se revertirá en un 75% al Estado y un 25% a Navarra; y a partir del 1 de julio de 2026, y hasta el final del periodo transitorio, el remanente será un 75% para Navarra y un 25% para el Estado.
Durante el periodo transitorio, la distribución de dichos ingresos se llevará a cabo en la Comisión específica donde cada Administración remitirá trimestralmente una certificación con los gastos reales en que haya incurrido. Esta Comisión se reunirá en el primer mes desde la entrada en vigor de la transferencia y en agosto de 2026 para determinar la cobertura de costes una vez transferida a Navarra la gestión de los expedientes sancionadores y la recaudación.
Asistentes a la reunión
A la reunión han asistido, por parte del Ejecutivo foral, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiain; el director general de Interior, Salvador Díez; la directora del Servicio de Asesoría Jurídica, Idoya Tajadura; y el director del Servicio de Régimen Jurídico de Interior, Javier Moreno. Por parte de las formaciones políticas han participado Cristina Ibarrola (UPN), Ramón Alzórriz (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Begoña Alfaro (Contigo Zurekin), e Irene Royo (PP).
