El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido la resolución Q24/1136, recomendando al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo que adopte medidas para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos para el abono del bono social térmico, establecido en el artículo 10.3 del Real Decreto-ley 15/2018. Esta ayuda, dirigida a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, debe abonarse durante el primer trimestre de cada año, según la normativa.
La resolución responde a una queja presentada por un vecino de Irurita que expuso una demora en el pago del bono térmico correspondiente a los años 2023 y 2024, pese a ser beneficiario del bono eléctrico desde noviembre de 2022. Según su testimonio, el proceso ha sido confuso y marcado por comunicaciones contradictorias tanto con el Departamento como con su comercializadora de electricidad, situación que afecta especialmente a quienes, como él, residen en zonas frías de Navarra.
En su informe, el Departamento justificó el retraso señalando que la Comunidad Foral actúa únicamente como pagadora de los bonos, dependiendo de transferencias presupuestarias del Ministerio para la Transición Ecológica. Estas transferencias han acumulado retrasos desde el inicio del programa, abonándose el bono de 2022 en 2024. Según el calendario actual, los bonos reclamados se pagarán en 2025, lo que implica un desfase significativo respecto a los plazos establecidos.
El Defensor del Pueblo subraya que esta situación vulnera el espíritu de la normativa, que busca proteger a los consumidores más vulnerables de la pobreza energética. Por ello, insta al Departamento a garantizar una gestión más ágil y eficiente de las ayudas, ajustándose a los plazos legales para evitar que las demoras afecten a los beneficiarios.
