PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos ANPE, CCP, FASGA, FETICO, FINE, FSIE, SATSE, SLT y USO se han concentrado este jueves frente a la Delegación del Gobierno en Navarra para exigir al Ejecutivo central una actuación que permita a los trabajadores «recuperar poder adquisitivo», y han realizado un llamamiento para participar en una manifestación conjunta que tendrá lugar en Madrid el 22 de octubre.
En la concentración, que ha tenido lugar de forma simultánea en otras 17 ciudades, los representantes sindicales han dado lectura a un comunicado.
Por parte de FETICO, Haydé Campuzano ha explicado que las organizaciones sindicales firmantes, presentes en todos los sectores profesionales tanto públicos como privados, «ante la situación que está padeciendo el conjunto de la ciudadanía durante este año, no solo como consecuencia de la invasión de Ucrania y el chantaje de Rusia por la alta dependencia de la UE de su petróleo y gas, sino también por las decisiones que toman los gobiernos, que no están consiguiendo los objetivos deseados», han presentado esta propuesta de movilizaciones por el desbloqueo de la negociación colectiva.
Entre sus reivindicaciones, ha destacado el incremento de los salarios de los empleados públicos y privados con la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo; políticas «a favor de la calidad de vida, garantía de acceso a suministros básicos y un IVA superreducido a productos de primera necesidad»; una legislación laboral que modifique «las partes más lesivas de anteriores reformas y que apueste realmente por un empleo estable y de calidad»; unos Presupuestos Generales del Estado «que prioricen el gasto social y garanticen la revalorización de las pensiones, del SMI y del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)»; y un nuevo marco de diálogo social «más plural, democrático y participativo, que represente a toda la sociedad».
«Las medidas y políticas puestas en marcha en muchos casos no llegan a ser ni siquiera paliativas para el empobrecimiento que se está produciendo en los hogares, como consecuencia de la subida generalizada de los precios, que en agosto se han incrementado un 10,5%, y unos salarios pactados en convenios, para quienes los han conseguido, del 2,56%. Ello supone una pérdida de casi 8 puntos de poder adquisitivo. Pérdida que se suma a la que se produjo en 2021, cuando la subida salarial pactada en los convenios fue del 1,4 % y terminamos el año con un IPC del 6,5%. En estos dos años, la pérdida acumulada es de 13 puntos», ha reivindicado.
Por su parte, desde FASGA, Idoia Company ha subrayado que «todos los indicadores económicos nos hacen prever un cuarto trimestre del año que puede resultar especialmente duro para los ciudadanos: menor renta disponible; subida de precios; facturas de la luz y del gas que se han incrementado de manera escandalosa; incremento del Euribor y de las hipotecas; alquileres imposibles de asumir, además de batir récords de paro y deuda pública, con subidas de tipos y un BCE que dejará de comprarnos la deuda pública».
«Con una legislación laboral en la que el incremento de la contratación indefinida esta enmascarando el incremento de la contratación a tiempo parcial, especialmente entre las mujeres, y un notable aumento -estamos en máximos- de trabajadores y trabajadoras pluriempleados, el Gobierno no ha planteado una reforma laboral real», ha manifestado.
Alicia Azpilicueta, de FSIE, ha remarcado que «se disparan las bajas de los contratos indefinidos, y las causas de despido evidencian una perversión: las extinciones de contratos por no superar el periodo de prueba se han incrementado un 902,6%; las bajas ‘voluntarias’, un 258,7%, los despidos por causas objetivas, un 234,7%; y los despidos disciplinarios, un 170%».
«Ante quienes intentan un cuestionamiento de los servicios públicos y de los sistemas de protección Social, más necesarios que nunca en épocas de crisis, -y ante la falta de políticas a largo y medio plazo que posicionen a nuestro país en el camino de un cambio de modelo productivo y de una modernización real-, son necesarias políticas y grandes pactos de Estado con urgencia», ha apuntado.
En este sentido, ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado «deben prestar especial atención a aquellos que están o pueden estar en riesgo de pobreza, garantizar el acceso y el poder adquisitivo de los pensionistas, deflactar las tablas del IRPF para mejorar la renta disponible y dedicar el incremento de la recaudación por parte del Gobierno a políticas redistributivas, especialmente en ayudas directas a las rentas más bajas».
Finalmente, Pedro Aicua, de SATSE, ha afirmado que «el diálogo social actual -y sus actores- son corresponsables de esta situación de baja calidad de empleo, lo que nos lleva a liderar mes tras mes los peores datos de la Unión Europea».
«La temporalidad sigue siendo una constante en el sector público y en el privado, los contratos indefinidos son ahora los nuevos contratos precarios, las condiciones laborales no han mejorado en nada y el conjunto de los trabajadores es cada vez más pobre. Por todo ello, las organizaciones sindicales que firmamos este manifiesto, más allá de los dos denominados ‘sindicatos más representativos’ que siguen en sus rutinas y alejados de la realidad, tenemos la obligación de emprender acciones concretas de denuncia, propuesta y reivindicación», ha manifestado.
Por todo ello, ha realizado un llamamiento a la sociedad para participar en una movilización que tendrá lugar el 22 de octubre en Madrid. Coincidiendo con la concentración de este jueves, una representación de los sindicatos ha acudido al Congreso de los Diputados a registrar sus reivindicaciones y han mantenido una reunión con la diputada del PSOE y portavoz de la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Esther Peña; y con el diputado del PP y vocal de la Diputación Permanente de la comisión de Presupuestos y adscrito a la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Jaime Olano.
