El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes, en una entrevista concedida a El Intermedio, que en ningún momento se produjo una actitud pasiva por parte de Marruecos durante la crisis migratoria vivida en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio, cuando cientos de personas migrantes accedieron a nado a las playas de la ciudad autónoma.
Sánchez ha pedido paciencia y ha situado a finales de año el plazo que se ha marcado el Ejecutivo para resolver la situación. Preguntado sobre si su Gobierno ha gestionado mal la crisis, ha evitado hacer una valoración tajante, limitándose a reconocer que se trata de una crisis humanitaria que requiere tiempo para alojar, clasificar e identificar a los migrantes antes de determinar si pueden acogerse al asilo o deben ser devueltos a sus países de origen.
El presidente ha negado de forma tajante que Marruecos esté ejerciendo algún tipo de chantaje sobre España ni que su Gobierno esté ocultando información al respecto. "Estos bulos que se están propagando, a lo mejor para una serie de Netflix, pues está bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos", ha declarado, insistiendo en que no existe información que acredite la autoría marroquí de lo ocurrido, aunque no ha descartado una "respuesta contundente" si llegara a probarse.
Sobre los avisos previos del CNI acerca de una posible llegada masiva de migrantes, Sánchez ha reconocido que hubo información, pero ha insistido en que no se anticipó la magnitud real de lo que finalmente sucedió. Según su relato, en los días previos ya se había detectado un repunte en las llegadas, aunque muy inferior al registrado durante las diez horas de la crisis, en las que, ha defendido, las autoridades marroquíes alertaron de la situación en lugar de mostrar pasividad.
El presidente ha apostado por reforzar la cooperación con Marruecos, especialmente en el ámbito europeo, como vía para contener los flujos migratorios y combatir a las mafias que los facilitan. Asimismo, ha anunciado que el Gobierno ha aprobado un plan extraordinario dotado con más de 300 millones de euros, de los que más de 80 millones se destinarán antes de que termine el año a paliar el impacto económico sufrido por Ceuta.
