Lunes Lilas ha presentado este viernes en el Parlamento de Navarra el segundo informe del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) sobre las violencias institucionales machistas en el Estado español. La presentación, a cargo de Tere Sáez (Lunes Lilas) y Julia Vega (Almena Feminista), ha tenido lugar en la comisión de Presidencia e Igualdad y llega en un contexto que el propio informe califica de especialmente preocupante para las mujeres víctimas de violencia machista en la comunidad foral: Navarra cuenta actualmente con la segunda tasa judicial de violencia de género más alta de todo el Estado. A este dato se suma que una de cada tres órdenes de protección por violencia machista fue denegada en 2025 y que uno de cada tres procedimientos por violencia de género en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) terminó en sobreseimiento.
"Necesitamos cambios profundos en el funcionamiento de los sistemas de protección a las víctimas. Empezando por una legislación que reconozca las violencias institucionales machistas y acabe con el sesgo existente entre la norma y las prácticas de las instituciones", ha declarado Tere Sáez, cofundadora de Lunes Lilas y portavoz del OVIM. Según los datos aportados, en Navarra permanecen activos 2.236 casos, 50 mujeres se encuentran en riesgo alto y una en riesgo extremo.
El sistema judicial, principal foco de señalamiento
Según los datos del informe OVIM 2025, de las 139 denuncias recibidas a lo largo del año en todo el Estado, el sistema judicial vuelve a situarse como el principal sector de reproducción de la violencia institucional machista, con un 60,7% de los casos, 8,7 puntos más que en 2024. Además, el 58% de los casos que apuntan al sector judicial señalan el racismo o el origen como factores discriminatorios que motivan la violencia institucional machista vivida. "Es necesaria la incorporación de la mirada interseccional en las respuestas institucionales. En Navarra, el 57,9% de las víctimas judiciales en 2025 eran extranjeras", ha puntualizado Sáez.
El informe recoge testimonios anónimos como el de una mujer camerunesa que relata, a través del canal de denuncia colectiva del OVIM: "Me casé con un español que me maltrataba. Mis vecinos denunciaron a la policía. Cuando acudí al juzgado, la jueza me pedía constantemente que me callara. Yo tenía un brazo roto y aun así se me responsabilizó de lo ocurrido. Me retiraron la custodia de mi hija y se la entregaron a la familia paterna. Llevo dos años sin poder verla".
Entre los patrones identificados por el Observatorio en su análisis estatal de los casos recibidos figuran el castigo a madres protectoras mediante retiradas de custodia utilizando marcos pseudocientíficos, los fallos en la asistencia jurídica gratuita o la normalización institucional de la falta de imparcialidad en los juzgados de violencia machista.
El sistema de protección infantil, también señalado
En cuanto a los datos de Navarra, a finales de 2024, 625 niñas, niños y adolescentes se encontraban bajo guarda o tutela de la Administración. De ellos, el 35% eran niñas y un 26% adolescentes no acompañados. En los casos del informe OVIM en que niñas, niños y adolescentes han sido las víctimas centrales del relato, el sector de protección a infancias y adolescencias ha aglutinado un 12,8% de los señalamientos. Según los patrones identificados, en contextos de institucionalización, estos menores, bajo tutela o guarda institucional, sufren situaciones de riesgo o daño que ponen en peligro su integridad física, psicológica y sexual. "En mi centro había niños que habían sufrido abusos y no sabían cómo gestionar lo que les había pasado. Sin el acompañamiento adecuado, algunos acabaron reproduciendo esos abusos con otros compañeros", recoge otro de los testimonios anonimizados incluidos en el informe.
Para Julia Vega, también portavoz del OVIM, "estas cifras nos obligan a desplazar la mirada. Las violencias institucionales machistas alcanzan de forma directa a niñas, niños y adolescentes, que resultan afectados por omisiones y prácticas institucionales que vulneran sus derechos. No son daños colaterales: son sujetas y sujetos de derecho frente a los cuales el Estado tiene que actuar con diligencia debida reforzada, lo que significa garantizarles una vida libre de violencias machistas, una tutela judicial efectiva e imparcial, la reparación integral, evitar la revictimización y la igualdad y la no discriminación".
Recomendaciones para las instituciones
Lunes Lilas y el OVIM exigen que se garantice la aplicación efectiva de la normativa vigente en materia de violencias machistas, así como el reconocimiento institucional y jurídico de las violencias institucionales machistas. El Observatorio reclama, entre otras cosas, la creación de mecanismos de supervisión, seguimiento y rendición de cuentas que permitan prevenir, identificar y sancionar estas prácticas, incorporando la participación de la sociedad civil. "Es urgente impulsar políticas públicas que integren de forma transversal la perspectiva de género, de infancias y adolescencias, e interseccional, junto con el desarrollo de formación especializada y obligatoria para todos los operadores implicados", ha concluido Vega, con el objetivo de garantizar la reparación integral y avanzar hacia la erradicación de estas violencias.
El informe ha sido elaborado por Almena Cooperativa Feminista, en colaboración con Associació Hèlia, las asesoras expertas en infancias y adolescencias Violetas Assiego y Romaisa Krima, y las aportaciones de todas las integrantes del Consejo del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), entre ellas Lunes Lilas.
