Una exhaustiva operación de la Guardia Civil de Navarra, desarrollada durante casi dos años, ha permitido desmantelar una compleja red empresarial dedicada a la falsificación documental y el fraude laboral. Las actuaciones, que tuvieron su origen en la comarca de Tierra Estella, han finalizado con la investigación de 17 personas físicas y siete personas jurídicas por su presunta implicación en una trama que alcanzó un valor cercano al millón de euros.
El origen de las pesquisas se sitúa en los constantes robos de cobre en tendidos eléctricos y telefónicos detectados en la zona. Al intensificar las inspecciones en los centros de reciclaje de la Merindad de Estella, los agentes hallaron irregularidades en un centro de tratamiento de chatarra que presentaba patrones de facturación sospechosos, con albaranes fraccionados sistemáticamente para eludir controles fiscales.
El 'modus operandi': usurpación de identidad y ventas ficticias
La trama utilizaba un método sofisticado para ocultar el origen real del material metálico. Según la investigación, las empresas implicadas empleaban identidades de terceros —incluyendo trabajadores, ex empleados y clientes— para registrar ventas de chatarra que estas personas nunca realizaron. Mediante este sistema de usurpación de estado civil, lograban fragmentar las operaciones en importes inferiores a los 1.000 euros para evitar alertas administrativas.
Tras analizar más de 83.000 archivos digitales y miles de documentos contables, la Guardia Civil logró identificar a 155 personas perjudicadas en diversas provincias españolas. Los afectados desconocían por completo que sus nombres figuraban en registros de compraventa de material reciclable entre los años 2020 y 2024.
Irregularidades en la Seguridad Social y derechos laborales
Más allá del fraude en la compraventa, la operación ha destapado graves infracciones en el ámbito laboral. Los agentes constataron el encubrimiento de horas extraordinarias bajo el concepto de dietas, una práctica que vulneraba los derechos de los trabajadores y suponía un fraude directo a las cotizaciones de la Seguridad Social.
En total, se han esclarecido 32 delitos, entre los que destacan corrupción entre particulares, administración desleal y revelación de secretos. Las diligencias han sido entregadas en el juzgado de la Sección Civil y de Instrucción de Estella, que lidera la causa judicial.
