El cierre del servicio de bicicleta pública de Pamplona desde el pasado 13 de febrero y el futuro de los fondos Next vinculados a este contrato centraron uno de los momentos más tensos de la Comisión de Presidencia celebrada este martes en el Ayuntamiento de Pamplona. El concejal de UPN Aitor Silgado pidió explicaciones al edil de EH Bildu y miembro del equipo de Gobierno, Joxe Abaurrea, sobre si el Ayuntamiento se arriesga a tener que devolver las ayudas europeas al sustituir completamente el sistema actual.
Silgado recordó que uno de los requisitos de la financiación europea es mantener operativas las bicicletas y las instalaciones durante al menos cinco años desde su puesta en servicio. A su juicio, el anuncio de Abaurrea de “cambiar todas las bicis, las estaciones y el software” abre un interrogante claro: “Si para la subvención tienen que mantenerse operativas cinco años, ¿cómo van a hacer ustedes para no tener que devolver la subvención? ¿Está en riesgo o no está en riesgo la subvención?”, planteó el edil regionalista.
El concejal de UPN reprochó además al responsable de Movilidad que en su comparecencia anterior no aclarara cómo se iba a compatibilizar esa obligación con el nuevo modelo que el Gobierno municipal ha puesto sobre la mesa. Silgado insistió en que, si el actual sistema permanece inactivo y se sustituye por completo, “esas bicicletas no van a estar operativas” en los términos que exige el programa europeo, por lo que reclamó “una explicación un poco más concreta” y detallada sobre las gestiones realizadas ante el Ministerio.
Abaurrea respondió con rotundidad que la subvención no corre peligro y que el Ayuntamiento ha realizado ya las consultas necesarias a las instancias competentes. “Eso es porque se hacen las consultas pertinentes y a las consultas pertinentes se dan las respuestas apropiadas y de ahí derivamos que no hay riesgo”, afirmó, enfatizando que los fondos Next “están en el medio de la escena” y que el área no se ha movido sin respaldo técnico y jurídico.
El edil de EH Bildu contrapuso además la actual gestión a lo que definió como una etapa de “opacidad” bajo el anterior gobierno de Navarra Suma. Señaló en concreto a la exalcaldesa Cristina Ibarrola, de UPN, de haber “escondido en un cajón la enfermedad de este sistema y de esta empresa”, en referencia a los problemas del servicio de bicis, y se comprometió a que el actual gobierno será “transparentes permanentemente” y trabajará “con todos los grupos” y con la Mancomunidad en el rediseño del modelo.
Lejos de darse por satisfecho, Silgado reclamó una respuesta más detallada sobre qué argumentos ha aceptado la Administración central para considerar cumplida la exigencia de mantener el servicio durante cinco años, cuando el propio Abaurrea ha anunciado un cambio integral. El concejal regionalista le recordó, además, que el contrato que ahora está en vigor “es suyo, de abril”, y que el propio Abaurrea lo presentó en su día como un acuerdo “maravilloso” que garantizaba estabilidad al servicio.
La controversia deja en el aire el calendario y las condiciones en que volverá a activarse el sistema de bicicletas públicas, inactivo desde mediados de febrero, al tiempo que enfrenta dos relatos opuestos: el del equipo de Gobierno, que asegura tener blindada la financiación europea por el rediseño del servicio, y el de UPN, que ve en ese cierre y en la sustitución total de equipamientos un riesgo real de que Bruselas acabe exigiendo la devolución de los fondos Next
