La presidenta de Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (Cermin), María Luz Sanz Escudero, ha criticado este miércoles que a día de hoy hay una «falta de desarrollo» de la ley foral de Accesibilidad Universal, de 2018, y hay una «insuficiente dotación presupuestaria en estos años»
En sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra, Sanz ha señalado que esta falta de desarrollo de la norma, que en su día apoyaron y trabajaron junto al Gobierno foral, «implica un impacto muy negativo para las personas con discapacidad».
La representante del Cermin ha comentado que «pensábamos que esta ley iba a ir con una rapidez mayor, es verdad que en medio se ha cruzado la pandemia, pero la vida sigue y las necesidades de personas con discapacidad en cuanto a accesibilidad también». Según ha dicho, «la accesibilidad universal es una obligación».
Mariluz Sanz ha comentado que «en 2010 había una ley que no se cumplió y la de 2018 lleva el mismo camino si no se toma en serio desde este Parlamento». «Se aprobó la ley por unanimidad y de momento sigue en vigor un decreto foral que era el desarrollo reglamentario de la ley de 2010 que no se ha derogado porque no se ha cumplido la ley de 2018», ha explicado.
Ha señalado que «hay dos cuestiones sobre las que hay que trabajar ya» y «no tenemos ni queremos dar más tiempo». «Los dos incumplimientos son los referidos a los plazos a los que hace referencia la ley y al desarrollo reglamentario de aspectos a los que hace referencia la ley», ha afirmado.
Por ejemplo, Mariluz Sanz ha dicho que «hay compromisos con fecha de que el Gobierno debía desarrollar el plan de implantación de accesibilidad en los medios de transporte público, que debía estar en un año desde la entrada en vigor de la ley, por lo tanto antes del 23 de junio de 2019, y no tenemos noticias de ello».
Se ha referido también al plan de actuación para la adaptación de lo dispuesto en la ley, que tenía un plazo de seis meses, «por lo tanto para diciembre de 2018 y estamos en 2021». «Vamos tarde, muy tarde», ha aseverado, para añadir que los planes integrales de adaptación por las entidades locales eran para junio de 2019 y «no se ha empezado».
Sanz ha manifestado que «la falta de desarrollo reglamentario tiene un impacto negativo en la medida en que la ley foral recoge cuestiones nuevas no reguladas anteriormente que para su aplicación requieren un desarrollo concreto sobre cómo llevarlo a cabo». «Si no se desarrollan no resultan de aplicación», ha aseverado.
Ha incidido así en que «sin desarrollo encontramos dificultad o imposibilidad para aplicar la norma». «Queda mucho por hacer, por no decir todo. La ley está, pero si no la podemos utilizar no nos sirve de nada», ha manifestado.
Además, la presidenta del Cermin ha expuesto que la dotación presupuestaria es «insuficiente para garantizar el cumplimiento de la normativa». «En 2017 el presupuesto era de 195.000 euros, aunque 175.000 eran para las personas con discapacidad auditiva y solo quedaban 20.000 para todo lo demás, y en 2019 se pasó a 655.000 euros, pero solo se reconocieron 353.000, la mitad no se ha ejecutado en discapacidad; de esos 353.000 euros, 255.000 eran para los mismos convenios luego solo quedaban para 100.000 el resto».
En 2021, ha hablado de un presupuesto de 692.000 euros y ha señalado que «vamos a ver cuánto ejecutamos», para recordar que «295.000 son para esos mismos convenios».
