Contempla la creación de una Oficina de Atención frente al Racismo, una mención expresa al pueblo gitano o la «discriminación digital»
PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley Foral de lucha contra el Racismo y la Xenofobia, que será remitido al Parlamento de Navarra para su debate y posterior aprobación. Esta norma pretende complementar el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra 2021-2026, ya en marcha ya desde marzo de 2022, y dota a la Comunidad foral de un marco normativo «adecuado para prevenir el racismo en todos los ámbitos públicos y civiles, así como ofrecer un sistema de protección a aquellas personas que sufren la xenofobia y la discriminación».
El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha destacado el «enorme valor» de esta ley «que es pionera en el ámbito estatal y europeo» y que pone a Navarra «a la vanguardia» de las legislaciones europeas y recomendaciones del Consejo de Europa en materia de lucha contra la discriminación.
«La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha señalado numerosas veces que la exclusión racial y su falta de prevención está íntimamente vinculada a la falta de una legislación eficaz contra la discriminación. Y es por eso que recomienda sistemáticamente la promulgación de leyes antidiscriminatorias específicas y completas, con disposiciones en diferentes campos del derecho y que abarquen áreas como la educación, el acceso a servicios públicos, la tecnología, el empleo, la vivienda y, además de la prevención, que articulen mecanismos para la protección ante la xenofobia», ha explicado.
«Es en este ámbito de actuación y desde una perspectiva de acción positiva en el que se desarrolla esta ley foral, que refuerza una vez más el compromiso del Gobierno de Navarra con una convivencia pacífica y cohesión social basada en los Derechos Humanos», ha destacado Santos, quien también ha subrayado que ha sido una ley «muy participada». «El proceso de elaboración del proyecto de ley se ha hecho, durante largos meses de trabajo, de la mano de las aportaciones y perspectivas de entidades sociales, colectivos y asociaciones de personas migrantes y racializadas, que son quienes sufren o se enfrentan a la discriminación y sus consecuencias a diario. También la redacción de este proyecto de ley se ha hecho mediante una gran colaboración entre departamentos del Gobierno de Navarra, ya que esta debe ser una ley transversal», ha añadido.
Asimismo, Santos ha remarcado que este proyecto de ley foral responde a lo previsto en el acuerdo programático, en el que se establecía como uno de los principales vectores de la acción legislativa y de gobierno «la lucha contra las desigualdades, la igualdad y la convivencia de la pluralidad de la sociedad navarra».
OFICINA DE ATENCIÓN FRENTE AL RACISMO Y LA XENOFOBIA
Según ha explicado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, en la rueda de prensa, aunque los «mayores esfuerzos» de la ley serán puestos en la prevención, mediante medidas de concienciación y también la formación en esta materia a profesionales públicos de todos los ámbitos _desde la Salud, la educación o los operadores jurídicos_, también contempla acciones concretas como la formalización de un Consejo Navarro contra el Racismo y la Xenofobia, que «velará para que se cumpla esta ley y se adecúen todas aquellas políticas públicas siempre con una perspectiva incluyente». Así como fiscalizar las acciones del Gobierno y las Administraciones Públicas para evitar que «caigan en actitudes que pudiesen ser discriminatorias, en cualquier ámbito».
Dentro de las previsiones que prevé esta ley foral, está también la creación de una Oficina de Atención frente al Racismo y la Xenofobia en Navarra que ofrecerá un servicio público y gratuito para «garantizar la atención integral a personas que sufren o han sufrido algún tipo de discriminación por origen étnico o racial, con perspectiva de género e interseccional, articulando medidas de intervención dirigidas a la prevención, detección, protección y reparación a las víctimas en el ámbito socioeducativo y proporcionando asesoramiento jurídico y atención psicosocial». Este servicio además de prestar asistencia y apoyo, permitirá «evaluar y escalar futuras acciones y planes públicos al ofrecer información y datos sobre los incidentes racistas».
Además, esta ley tiene un «prominente enfoque de Justicia Restaurativa» mediante este tipo de reparaciones que «no se harán desde lo punitivo», sino que el Gobierno de Navarra promoverá la utilización de «mecanismos de Justicia Restaurativa como principal herramienta de prevención y reparación ante los efectos del racismo y facilitará en general la mediación y prácticas restaurativas comunitarias de acuerdo con lo establecido en su correspondiente regulación».
PUEBLO GITANO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Además de estas medidas, destacan algunas «singularidades» de la futura ley, como la mención expresa que recoge al reconocimiento del pueblo gitano, ya que «el Gobierno de Navarra impulsará un proceso de verdad y reconciliación con el Pueblo Gitano en el que se establecerán políticas de reparación específicas, medibles y evaluables».
También se abordan en la ley parámetros novedosos como son la «discriminación digital», que puede darse desde la falta de acceso a determinados procesos administrativos que solo puedan ser resueltos de manera telemática, así como un abordaje de futuro sobre las inteligencias artificiales.
Así, según ha detallado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, la Administración foral garantizará mediante esta ley la transparencia y publicitación técnica de los sistemas de algoritmos e inteligencias artificiales implementados en las instituciones de Navarra a nivel local, municipal y autonómico, de manera que estos sean «trazables, inteligibles y comprobables».
«Además, se garantizará la participación de la sociedad civil afectada por los usos de la inteligencia artificial con la finalidad de que estas organizaciones se puedan pronunciar sobre la idoneidad de modificar o cancelar usos de sistemas que contribuyan a generar desigualdades y/o sean discriminatorios. En definitiva, se trata de prevenir también en las tecnologías, plataformas e interacciones con inteligencias artificiales que operen con la administración foral aquellos lenguajes que fomenten prejuicios y que no haya algoritmos que no excluyan a minorías», ha aclarado Santos.
