PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)
La portavoz de Derechos Sociales de NA+ en el Parlamento de Navarra, Marta Álvarez, ha criticado este martes que «el Estado ha invadido las competencias exclusivas de la Comunidad foral en materia de servicios sociales, en concreto de atención a la dependencia», con la aprobación del Acuerdo sobre Criterios Comunes y calidad de los centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia por el Ministerio de Derechos Sociales.
En un comunicado, Álvarez ha defendido que «las competencias de Navarra en materia de servicios sociales están reconocidas como competencias exclusivas en el artículo 44.17 de la LORAFNA». «Este acuerdo las ataca frontalmente, porque en el mismo se recogen
de forma pormenorizada todas las condiciones que deben cumplir los
centros de día, residencias y otros servicios de atención a personas
dependientes como el Servicio de Atención a Domicilio o el servicio
de teleasistencia para poder ser acreditados y, en consecuencia,
funcionar, cuando es Navarra quien debiera hacerlo en virtud de sus
competencias», ha explicado.
A este respecto, la parlamentaria de NA+ ha señalado que el Acuerdo regula las condiciones de calidad que deben reunir estos centros y servicios, señalando dónde pueden y no pueden estar ubicados, qué instalaciones, equipamiento y documentos deben tener de forma obligatoria, qué procedimientos seguir en su actuación, la cualificación profesional de los trabajadores de estos centros y
servicios, las ratios de personal y la formación que hay que dar a este personal. «Aterriza en todos los detalles, como el número de habitaciones individuales, el porcentaje de contratos dedicados a atención directa en cada centro o el número de personas que pueden vivir en una unidad de convivencia», ha apuntado.
Alvárez ha añadido que «el Gobierno de España y la ministra de Derechos Sociales han dejado a Navarra sin ningún margen para decidir cómo quieren que sean sus residencias, centros de día y resto de servicios para las personas dependientes de Navarra, lo que excede
por mucho las competencias del Estado para establecer condiciones
mínimas, que es a lo que le habilita el artículo 149.1.1ª de la
Constitución y, por tanto, estamos ante una auténtica invasión
competencial».
Lo más preocupante, para la coalición formada por UPN, Cs y PP, es que «ante dicha invasión, no es sólo que el Gobierno liderado por Chivite no reaccione, sino que además ha sido cómplice aprobando un Acuerdo que otras Comunidades Autónomas no han firmado precisamente por este motivo y salvando una votación que estaba más que ajustada».
Alvárez ha señalado que dicho Acuerdo fue aprobado por 10 votos a favor y 9 en contra, votaron a favor Asturias, Aragón, Cantabria, La Rioja, Baleares, Extremadura, Valencia, Canarias, Melilla y Navarra y en contra lo hicieron Galicia, Castilla León, Castilla La Mancha, Cataluña, Euskadi, Madrid, Andalucía, Ceuta y Murcia. «Nuevamente, el Gobierno de Chivite se pliega ante lo que le pide Sánchez, aunque ello sea malo para Navarra», han concluido.
