CSIF Navarra solicita la anulación del examen de oposición realizado para cubrir ocho plazas de Ujier del Parlamento de Navarra, siendo dos de ellas con requerimiento de perfil lingüístico B2 de euskera, en régimen funcionarial y de nivel D.
CSIF Navarra ha presentado alegaciones formales a los resultados provisionales de la fase de oposición correspondiente a dicha convocatoria, interponiendo asimismo un Recurso de Alzada ante la Mesa del Parlamento Foral, en la que se solicita la anulación de la prueba recurrida.
Desde CSIF explican que, tras el análisis del examen se evidencia que la prueba no se ajusta al nivel de las plazas convocadas. Han sido numerosas las quejas recibidas por parte de los aspirantes y, tras estudiar tanto el examen como los resultados provisionales de los ejercicios realizados, que consistieron en un test psicotécnico y otro de conocimientos normativos, el sindicato considera que las preguntas formuladas no son adecuadas para el nivel D de la convocatoria. Esto podría suponer una vulneración de los principios de mérito y capacidad que deben regir en cualquier proceso selectivo.
Resultados preocupantes
CSIF destaca que, de las más de 320 personas que se presentaron al examen, solo un 12% logró superarlo, lo que además evidencia una media de calificaciones notablemente baja. El sindicato señala que este dato refuerza su posición sobre la desproporción y dificultad inadecuada de las preguntas planteadas.
Incumplimiento del principio de igualdad
Además, el CSIF denuncia posibles irregularidades durante la celebración de la prueba que podrían haber vulnerado el principio de igualdad entre los aspirantes. Según explican, el tribunal no informó del tiempo transcurrido hasta que restaban únicamente diez minutos para finalizar el examen y tampoco se disponía de un reloj general en el aula del examen para que los opositores pudieran organizarse el tiempo. Esto generó una situación desigual con quienes sí disponían de un reloj analógico.
CSIF continuará defendiendo los derechos de las personas afectadas y exigiendo el cumplimiento de los principios de mérito, capacidad, igualdad y seguridad jurídica en el acceso a las plazas públicas.