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Juan Luis Beltrán cree que terminará la legislatura sin renovarse el Consejo de Transparencia de Navarra

“El Consejo de Transparencia tiene que ser un ente menos político y más técnico", ha dicho

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  • Juan Luis Beltrán con Unai Hualde

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido este martes en su despacho oficial a Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, quien le ha hecho entrega formal de la Memoria de actividades correspondiente a 2023, que será presentada próximamente en Comisión.

Según ha explicado Juan Luis Beltrán, el número de reclamaciones (46) se ha reducido considerablemente respecto a 2022 (78), si bien “se compensa con el incremento de quejas cursadas al Defensor del Pueblo en materia de transparencia, ya que, por una y otra vía, alcanzamos de nuevo el promedio anual de 80”.

Por otra parte y en lo relativo a la titularidad de las reclamaciones, se mantiene la tendencia al alza de los requerimientos presentados por las personas físicas, que en dos ejercicios han pasado del 56% al 73%, un punto menos que el año pasado. Por género, siguen primando las demandas de los varones (41%) respecto de las de las mujeres (32%), si bien la diferencia se reduce un 5%. El 27% restante se corresponde con las pretensiones de las personas jurídicas.

La causa que ha motivado la mayoría de las reclamaciones, concretamente del 56,8 %, se identifica con el “silencio y la falta de respuesta de la Administración” y tienen como sujeto pasivo a la Administración de la Comunidad Foral (20% de los casos) o a una Administración Local (80%).

A decir de Juan Luis Beltrán, esa estrategia de las administraciones para no facilitar el acceso a la información e “ignorar al ciudadano” constituye el “cáncer, la antítesis de la transparencia. La mayoría de las reclamaciones responden a intereses particulares, a cuestiones que afectan directamente a la persona, a su patrimonio o situación jurídica. El 80% de estas solicitan acceso directo a expedientes en los que figuran como parte interesada. El resto, apenas un 20%, persigue participar o colaborar en la actividad pública. Se interesan por cómo se hacen las cosas o por cómo se puede aportar para que se hagan mejor. Son cosa de fundaciones, asociaciones, periodistas o investigadores”, ha significado el presidente del CTN.

A futuro, Juan Luis Beltrán, que ya lleva tres años en funciones y cree que terminará la legislatura en esa situación, se remite a la próxima reforma de la Ley de Transparencia para, a la espera de que el Parlamento reciba el proyecto “antes de final de año”, poner de manifiesto la necesidad de introducir cambios en el propio órgano que vela por el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en la materia. “El Consejo de Transparencia tiene que ser un ente menos político y más técnico. Hemos elevado nuestra propuesta al Ejecutivo y ya se está redactando el anteproyecto”, ha concluido.

Unai Hualde, por su parte, ha repasado con el presidente del Consejo de la Transparencia el actual funcionamiento de este órgano, renovado por parte del legislativo al inicio de la actual legislatura.

Igualmente, han analizado la situación actual de la transparencia en Navarra y las modificaciones de la Ley foral vigente que, con el objetivo de mejorarla, se encuentran en estudio por el Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra y que después tendrán el oportuno trámite parlamentario.

Del mismo modo, Hualde y Beltrán han analizado la necesidad de articular mecanismos para garantizar una mayor respuesta a las reclamaciones de las entidades locales, a través de prácticas como los cursos de formación a corporativos y personal de las mismas que se han llevado cabo a en los últimos meses.

Licenciado y doctor en Derecho, Juan Luis Beltrán ocupa la presidencia del Consejo de Transparencia de Navarra desde el 22 de marzo de 2018.

Creado a raíz de la modificación de la Ley Foral 11/2012 aprobada en Pleno el 21 de abril de 2016, el Consejo de Transparencia de Navarra se configura como órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en materia de publicidad activa, además de por el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública que obra en poder del Ejecutivo.

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