PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves el proyecto de ley foral de estabilización de 3.598 plazas de empleo público en la Comunidad foral. El texto aprobado, que se ha debatido una vez que el Parlamento acordó tramitar como proyecto de ley el decreto aprobado por el Gobierno, incluye enmiendas pactadas entre los socios de Gobierno y EH Bildu.
La ley, debatida por el procedimiento de urgencia, ha salido adelante con el apoyo de PSN, Geroa Bai y Podemos, y la abstención de EH Bildu, mientras que Navarra Suma e Izquierda-Ezkerra han votado en contra.
En concreto, en el transcurso del debate efectuado en pleno se han discutido 42 enmiendas, de las que se han aprobado 11, todas las presentadas de manera conjunta por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos. Se han aprobado también tres enmiendas aportadas por Navarra Suma (por unanimidad) y se han rechazado otras trece de esta coalición. Por otro lado, se han rechazado las 15 presentadas por Izquierda-Ezkerra.
Entre las modificaciones introducidas a instancias de EH Bildu y los grupos que dan soporte al Gobierno de Navarra, se encuentran dos tendentes a primar el mérito de haber aprobado sin plaza una convocatoria de ingreso en la Administración y sus organismos autónomos, por entender «acreditada la cualificación profesional» de aquellos aspirantes que no pudieron obtener plaza en propiedad «por un motivo ajeno al mérito y la capacidad».
Para ello, en la valoración de los méritos profesionales se dobla la puntuación prevista en el concurso oposición (pasa de 1,6 en el decreto a 3,2 en la ley) y en el concurso de méritos (de 14 a 28). A las personas con discapacidad igual o superior al 33% se les primará con punto y medio (factor de corrección), dada la imposibilidad de incorporar un turno específico debido a la ausencia de pruebas de concurrencia competitiva.
Por otra parte, se amplía a los 90 días anteriores al 31 de diciembre de 2015 la fecha de referencia, con el fin de repescar al personal temporal de larga duración que, por escaso margen de tiempo, quedó excluido de los procesos por concurso de méritos.
A su vez, se acuerda la realización de una OPE extraordinaria en 2025, en la que se incluirían las plazas del personal fijo que, una vez concluido el proceso de estabilización, quedaran vacantes en el supuesto de que obtuvieran otra plaza fija en propiedad.
En lo que atañe al euskera, se encomienda a Euskarabidea la realización de una única prueba de nivel para acreditar su conocimiento en los procesos de estabilización de las entidades locales.
Por último, se extienden los efectos de la OPE a las empresas públicas, se refuerza la importancia del cumplimiento de las nuevas normas relativas a la tipología y duración de los contratos y se subraya el objetivo de reducir la temporalidad al 8% (está en el 43%) a final del año 2024. Todo ello sin perjuicio de la «adaptación de los procesos de estabilización a la normativa específica» de cada administración u organismo que integra el sector público institucional foral.
En cuanto a las tres enmiendas de Navarra Suma, dos de ellas establecen que los empates en los méritos profesionales tanto en los procesos de concurso oposición como sólo de concurso se dirimirán a favor de quienes tuvieran una oposición aprobada sin plaza. La otra enmienda recoge que el Servicio Navarro de Empleo establecerá, durante los próximos cuatro años, políticas activas específicas de orientación, formación y empleo para aquellas personas mayores de 50 años que, habiendo ocupado plazas recogidas en el ámbito de aplicación de esta ley foral durante al menos tres años, no hayan superado los procesos selectivos recogidos en esta ley.
El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha explicado que el Gobierno ha emitido opinión política favorable de aquellas enmiendas presentadas por los grupos que «cumplían con las tres premisas que se vienen repitiendo desde que comenzó el proceso de gestión: que estuvieran dentro de nuestro margen competencial, que respetaran los plazos establecidos en la normativa y que sirvieran para avanzar en la reducción de la temporalidad».
El consejero ha afirmado que «con la aprobación de este proyecto nos dotamos de un instrumento fundamental para proceder a la drástica reducción de la temporalidad y eso redundará en la motivación de los empleados públicos y en la calidad de los servicios públicos».
En contra del proyecto de ley, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha afirmado que el decreto del Gobierno «tenía que haber vuelto a corrales, porque no contaba ni con el consenso necesario de los sindicatos, ni con el personal contratado, ni con los partidos políticos». «Con nosotros el señor Remírez no negoció, con Izquierda-Ezkerra tampoco, y con EH Bildu sí, entre bambalinas», ha criticado.
Álvarez ha afirmado que esta ley es «una pieza más del tablero para satisfacer los intereses personales y políticos de Chivite, Sánchez, Barkos, quien sea que mande en Podemos, y Otegi». «Las enmiendas son un paripé que no solucionan en absoluto los problemas que traía el decreto», ha asegurado. Ha criticado el contenido relativo a política lingüística, afirmando que «en un baremo en el que sólo se valoran experiencia e idiomas, los euskaldunes salen beneficiados».
La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha valorado que con esta ley se impulsa un «procedimiento excepcional y único con el fin de lograr la estabilización de la alta temporalidad que existe en el empleo público». «Este proceso de estabilización es consecuencia de una exigencia europea, por eso se ha realizado con tanta premura. Hemos cedido y hemos llegado a acuerdos que se han plasmado en las enmiendas y son las que van a permitir que más de 3.500 puestos de las Administraciones pública de Navarra se estabilicen», ha afirmado.
La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha explicado que «somos conscientes de la necesidad de estabilizar las máximas plazas posibles», pero ha criticado la gestión del Gobierno, cuestionando «las formas» y que no se han hecho «las reflexiones adecuadas para un proceso tan importante». «Echábamos en falta que donde había margen de maniobra para ejercer el autogobierno no se hacía, como podía ser en los méritos», ha explicado, para valorar finalmente las enmiendas introducidas.
El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que lo que quiere Navarra Suma es «poner patas arriba el proceso de estabilización» y ha señalado que, aunque la ley «no soluciona el problema», finalmente EH Bildu ha decidido facilitar su aprobación. «¿Qué íbamos a hacer? ¿Votar que no como Navarra Suma? ¿Eso solucionaba el problema de estabilización? ¿Dónde hubiéramos metido a las miles de personas que están esperando el proceso de estabilización? A Navarra Suma le hubiera venido muy bien una derrota del Gobierno», ha dicho Araiz, que ha valorado que se hayan podido introducir enmiendas a la ley.
Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha afirmado que esta ley puede no satisfacer a «muchas personas», pero ha valorado que «nos trae cambios que van a afectar a casi 3.600 personas que por fin van a ver que su situación de abuso de temporalidad se va a ver en gran medida resuelta y que se van a estabilizar las plazas, y también sale beneficiada la propia Administración porque esa experiencia, mérito y capacidad que han ido demostrando los trabajadores durante tantos años se retiene».
La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha sido crítica con el proyecto de ley y ha señalado que «este proceso va a estabilizar el 10% de las plazas y queda un 90% que es absolutamente necesario abordar». «Este proceso debería ir acompañado de un plan global para garantizar que en los cuatro años próximos se estabilizara el empleo, dejando solamente el 8% de temporalidad», ha afirmado.
