La parlamentaria, Blanca Regúlez, insiste en que la Ley actual se aprobó en el régimen franquista y fue modificada una única vez, todavía en periodo preconstitucional. Por eso, refiere la necesidad de necesario adaptarla a la sensibilidad social en materia de transparencia.
Geroa Bai considera que, este es un buen momento para reformar la Ley de Secretos Oficiales. No es la primera vez que la coalición presenta una iniciativa en este sentido, ya se registró una pregunta parlamentaria recientemente y, en 2021 el Parlamento de Navarra ya aprobó una moción en ese sentido, también a instancias de Geroa Bai. Ahora, y aprovechando el debate que se ha abierto sobre la inclusión de medidas de lo que se ha venido a denominar regeneración democrática, se puede llevar a cabo una modificación tan necesaria como esta.
La parlamentaria Blanca Regúlez ha puesto de manifiesto que “lo que pedimos es que la modificación de esta Ley sea una más de las medidas que se apliquen dentro de ese proceso”. Y es que, recuerda que la actual normativa, fechada en 1968, se aprobó durante el régimen franquista y la única modificación que ha salido adelante es de 1978, todavía en periodo preconstitucional.
Así, señala que “España sigue rigiéndose, en esta materia que afecta al corazón de la Democracia, con una Ley de 1968 que responde a la lógica de un régimen dictatorial”. Una norma, recuerda Regúlez, bajo la que “se ha impedido el conocimiento de información que debía ser pública al amparo de las legislaciones de la mayoría de países del mundo y todo en ello, amparado en la
seguridad y defensa del Estado que, es un valor constitucionalmente protegido, pero no es absoluto”.
De hecho, insiste la parlamentaria de Geroa Bai, “desde unos parámetros democráticos, debe conciliarse con otros valores y principios que también en España están, siquiera formalmente, constitucionalmente protegidos desde 1978”. Por eso, considera que “es necesario que esta Ley sea adaptada a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia y que se adapte a las instituciones actuales”.
Entre otras cuestiones, la Ley de Secretos Oficiales en vigor “ignora el triple test que se le pide a la información clasificada de legalidad, proporcionalidad y
necesidad, no recoge plazos de clasificación, perpetuando que información pueda ser secreta de forma eterna y no recoge un procedimiento claro para clasificar y desclasificar la información jurídica, así como otras cuestiones relacionadas con el uso de un lenguaje ambiguo o su referencia a instituciones que en estos momentos son incomprensibles”.
Así que, la modificación de la Ley, apunta Blanca Regúlez, debe garantizar que “la clasificación de unas materias como secretas o reservadas tenga un plazo de vigencia determinado, como en las legislaciones de EEUU, Reino Unido, Alemania o Suiza”.
Regúlez ha hecho hincapié en las diversas iniciativas que se han impulsado desde el Congreso de los Diputados para llevar a cabo la modificación de esta Ley. En la misma línea, se refiere a la moción que ya aprobó el Parlamento de Navarra al respecto.
Y es que, la parlamentaria, insiste en que “se impone una desclasificación por higiene democrática”, también para dar cumplimiento al derecho internacional. Al mismo tiempo, recuerda que “hechos del pasado como las actuaciones del Estado durante la dictadura franquista, la transición, el golpe de Estado del 23F, la desaparición y muerte de Mikel Zabalza en noviembre de 1985 o los asesinatos del GAL, deben salir definitivamente de esta Ley de Secretos Oficiales” ya que, apunta, “la sociedad debe y merece conocer qué ocurrió”. Unos casos, concluye Blanca Regúlez, a los que “hay que unir la mayoría de los documentos militares, las relaciones diplomáticas o la lucha antiterrorista pasada, documentos del siglo XV al XX clasificados hoy en día como secretos oficiales”.
