Añaden que también se daña «el prestigio» de la institución, que a su juicio ha actuado ha actuado «con ligereza y sin el rigor necesario»
PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)
UPN ha acusado al Defensor del Pueblo de causar un «daño innecesario» a las comunidades educativas de Irabia-Izaga y Redín-Miravalles y ha considerado que la institución se ha «extralimitado en sus funciones al poner bajo sospecha la labor profesional del profesorado».
Así lo han señalado los regionalistas este lunes en un comunicado, tras examinar la Resolución Q22/24 dictada por el Defensor del Pueblo, en la que la institución destacaba indicios de «sobrevaloración» en los resultados de Bachillerato de los centros navarros, algo que, a juicio de los regionalistas, «pone bajo sospecha el rigor y la capacidad del personal docente de estos centros».
En este sentido, desde UPN han afirmado que «el Defensor del Pueblo ha rebasado sus funciones atribuidas por la Ley foral que regula su funcionamiento al entrar a valorar la forma de evaluar del profesorado de unos determinados centros educativos, poniendo bajo sospecha su labor profesional al entender que estos docentes sobrevaloran las calificaciones de su alumnado».
Además, según UPN, «la resolución precipita conclusiones y juicios de valor que no están acompañados del debido rigor e imparcialidad que ha de seguirse al tramitar y valorar resoluciones de este calado». «La acusación formulada, según la cual las calificaciones de estos centros están ‘artificiosamente infladas’, afecta de manera injusta a los miles de personas que han cursado estudios en estos centros, que ven cómo se cuestionan sus resultados académicos», han agregado.
Asimismo, han señalado que «la resolución del Defensor pone en tela de juicio la profesionalidad del personal de la Inspección Educativa, que son los encargados de supervisar el funcionamiento de los centros educativos».
«En esta ocasión, el Defensor del Pueblo ha actuado con ligereza y sin observar el rigor necesario, causando con ello un daño innecesario a unas determinadas comunidades educativas pertenecientes a unos centros, por otra parte, reconocidos en todos los estudios comparativos realizados a nivel nacional que los sitúan en los primeros puestos», han manifestado.
Los regionalistas han concluido «lamentando» que la referida resolución «daña también el prestigio de la institución del Defensor, que hasta el momento se ha caracterizado por seguir los procedimientos con el rigor y la minuciosidad debidas».
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