Varias asociaciones de colombianos residentes en Navarra han manifestado públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué de cara a la segunda vuelta de las elecciones colombianas, prevista para el próximo 21 de junio.

En un comunicado conjunto, las entidades firmantes señalan que esta candidatura representa, a su juicio, una apuesta por los derechos humanos, la justicia social y la lucha contra la corrupción, así como por la consolidación del proceso de paz en Colombia.

El texto también expresa preocupación por la presencia, en el entorno de la candidatura rival de Abelardo de la Espriella, de figuras vinculadas según las asociaciones a estructuras criminales y paramilitares, y alerta sobre discursos que, en su opinión, amenazan el Estado de derecho y suponen un retroceso en materia de derechos.

Las asociaciones reivindican asimismo el papel político de la diáspora colombiana y hacen un llamamiento a la participación activa en la jornada electoral.

El comunicado está firmado por Colombia Aurrera, el Congreso de los Pueblos de Colombia, la Asociación de Colombianos en Estella, la Asociación J. Freytter Elkartea, Asocolvas y la Asociación Bachue Elkartea.

Un cruce de declaraciones en la red social X ha enfrentado este jueves por la tarde al vicepresidente del Gobierno de Navarra y portavoz del Ejecutivo Foral, Javier Remírez, con el vicepresidente de UPN y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, a raíz de la afirmación llanzada esta mañana por la presidenta María Chivite en una intervención en el Parlamenot para que el euskera reciba el mismo tratamiento institucional que el castellano en la LORAFNA, la ley del Amejoramiento que va a ser reformada. 

Toquero fue el primero en pronunciarse, cargando contra la iniciativa de Chivite en términos políticos. A su juicio, la propuesta no responde a una demanda social de Navarra, sino a las necesidades de la agenda política de la presidenta y a la presión de sus socios nacionalistas. "Llega un momento en el que no sabes si duele más la traición del PSN, o que nos tomen por idiotas", escribió el alcalde tudelano.

Supongo que el Sr. Toquero estará de acuerdo con reflejar en el artículo 9 de la LORAFNA lo que recoge el artículo 2 de la Ley Foral 18/1986 del Euskera…

…desde hace 40 años y asumido por UPN, su partido, desde entonces sin propuesta de cambio alguno

¿Es ignorancia o mala fe? https://t.co/C0NsKSWm3N pic.twitter.com/9Jffyev5f9

— Javier Remírez (@javierremirez) June 18, 2026

La respuesta de Remírez no tardó en llegar. El vicepresidente foral ironizó sobre si Toquero estaría dispuesto a asumir que el artículo 9 de la LORAFNA recoge exactamente lo que ya establece el artículo 2 de la Ley Foral 18/1986 del Euskera, norma que lleva cuarenta años en vigor y que el propio partido del alcalde de Tudela asumió en su día sin plantear modificación alguna. "¿Es ignorancia o mala fe?", preguntó Remírez en su publicación, acompañada de una captura del citado artículo.

Ese precepto establece que el castellano y el euskera son lenguas propias de Navarra y que todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlas y a usarlas, si bien precisa que el castellano es la lengua oficial de Navarra y que el euskera lo es también en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la LORAFNA, y en los de la propia ley foral.

El intercambio pone de manifiesto las tensiones que rodean al debate sobre el estatus del euskera en Navarra, reabierto tras la propuesta de Chivite de equiparar institucionalmente ambas lenguas al máximo nivel legal, en la ley máxima que rige el marco juridico de la Comunidad Foral. 

La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, recibió este jueves a Esther Iraizoz, Sara Marcotegui, Sandra Moreno y Gorka Ibáñez, integrantes del equipo de debate de Down Navarra, quienes se consagraron subcampeones en la liga nacional de debate para personas con discapacidad intelectual 'Yo tengo opinión'. Durante el encuentro, Chivite destacó el poder transformador de las palabras y su capacidad para otorgar libertad.

El poder de la voz en la transformación social

Chivite enfatizó que tener voz permite participar activamente en la sociedad y que la participación es un motor de cambio. Dirigiéndose a los integrantes del equipo, afirmó que durante estos meses han demostrado que el poder y la libertad les pertenecen. Además, elogió su preparación para debatir, escuchar y reflexionar, habilidades esenciales para el diálogo democrático.

La presidenta también resaltó el certamen 'Yo tengo opinión' como una reivindicación de la ciudadanía y un reconocimiento a la singularidad de cada persona. Agradeció a los debatientes por llevar el nombre de Navarra a la gran final y proyectar los valores de talento, compañerismo y creatividad de la Comunidad Foral.

El equipo de Down Navarra logró el segundo premio en la competición organizada por la Liga Española de Debate Universitario (LEDU), que se celebró el fin de semana del 13 y 14 de junio en Madrid. En el evento participaron trece agrupaciones de diferentes Comunidades Autónomas, siendo este el segundo año consecutivo de participación del equipo navarro.

Down Navarra: una entidad comprometida con la inclusión

La Asociación Síndrome de Down de Navarra, fundada en 1990, es una entidad sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida y defender los derechos de las personas con Síndrome de Down en la Comunidad Foral. Declarada de utilidad pública por el Ministerio de Interior en 2008, forma parte de la Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down.

El compromiso de Down Navarra con la inclusión y el empoderamiento de sus miembros se refleja en su participación en eventos como la liga de debate. A través de estas actividades, la entidad promueve el desarrollo de habilidades fundamentales para la participación activa en la sociedad.

La presidenta María Chivite, al reunirse con los integrantes del equipo de debate, subrayó la importancia de cultivar capacidades como el diálogo, la escucha activa y el pensamiento crítico. Estas competencias son esenciales para mantener viva y sana la democracia, y son precisamente las que el equipo de Down Navarra ha demostrado dominar.

En resumen, el éxito del equipo de Down Navarra en la liga nacional de debate 'Yo tengo opinión' es un testimonio del poder de la voz y la participación activa en la sociedad. La dedicación de la entidad a la inclusión y el desarrollo de sus miembros continúa siendo un ejemplo a seguir en la Comunidad Foral.

Casi un año y 54 sesiones después de empezar a desfilar por el Parlamento de Navarra, la comisión que ha investigado la adjudicación de obras públicas del Gobierno foral en las cuatro últimas legislaturas ha terminado su trabajo con dos lecturas completamente opuestas de lo investigado. El Pleno ha aprobado hoy su dictamen final, que descarta la existencia de corrupción probada, mientras la oposición sostiene justo lo contrario.

No hay corrupción probada, pero sí fallos en Belate

El texto aprobado, suscrito por PSN, EH Bildu y Geroa Bai en sus conclusiones generales y respaldado también por Contigo-Zurekin en las recomendaciones, sostiene que no ha quedado acreditada la existencia de prácticas corruptas por parte de responsables políticos, funcionarios o empresas adjudicatarias. Según este bloque, ni las comparecencias ni la documentación examinada han aportado pruebas directas de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos dirigidos a alterar la contratación pública investigada.

Hoy el Parlamento ha cerrado en falso la Comisión de investigación sobre el caso Belate – Cerdán.@JavierJesparza: “Este dictamen dirá lo que la mayoría quiera que diga, pero no va a cambiar la verdad de lo ocurrido”.

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— UPN (@upn_navarra) June 18, 2026

El dictamen sí reconoce irregularidades y deficiencias procedimentales en varios expedientes, de forma destacada en la licitación de la duplicación del túnel de Belate, donde señala defectos formales, discrepancias sobre la normativa aplicable y reparos de los órganos de control. Respecto a la Mesa de Contratación de Belate, concluye que no hay injerencias políticas acreditadas, aunque sí detecta actuaciones y comunicaciones que califica de "impropias" desde la perspectiva de la buena administración, sin que se haya probado que influyeran en la decisión final. El texto matiza, además, que la falta de pruebas no equivale a una certeza definitiva de que no existieran irregularidades, ya que esa determinación correspondería en su caso a los tribunales.

UPN, PPN y el parlamentario no adscrito votaron en contra de este dictamen; Contigo-Zurekin se abstuvo. El resto de conclusiones presentadas de forma individual por cada grupo, mantenidas como votos particulares, fueron rechazadas en el debate de hoy.

Un plan de integridad y más controles, entre las recomendaciones

El bloque mayoritario propone, entre otras medidas, un Plan de Integridad en la Contratación Pública que revise los modelos de pliegos, regule los criterios de valoración técnica y refuerce la detección de conflictos de intereses. También plantea modificar la Ley Foral de Contratos Públicos para reforzar la independencia de las mesas de contratación, ampliar los medios de los órganos de control e intervención, mejorar la trazabilidad de los expedientes electrónicos y consolidar el papel de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA). Estas recomendaciones, junto a las del Observatorio de la Contratación Pública, se trasladarán al Gobierno de Navarra, a la Corporación Pública Empresarial de Navarra, a la Cámara de Comptos y a la propia OANA.

Matices dentro del bloque que sostiene al Gobierno

Aunque PSN, EH Bildu y Geroa Bai comparten el diagnóstico de fondo, sus votos particulares —finalmente rechazados— mostraban matices. El PSN profundizaba en el análisis jurídico de las irregularidades y proponía dar legitimación procesal a la OANA. EH Bildu insistía en la prevención de riesgos sistémicos y en crear órganos supervisores con mayor capacidad sancionadora. Geroa Bai centraba su atención en expedientes concretos, especialmente Belate y la relación entre Santos Cerdán y Servinabar, con una valoración más categórica al descartar de plano una trama de corrupción.

Se pone fin al relato novelado con intereses políticos y sin ningún tipo de indicio de UPN, PP y Vox.

?No se ha acreditado ni una sola práctica corrupta en la Comisión de Investigación.

?️Javier Lecumberri. pic.twitter.com/CQD0MYgwMN

— Socialistas Navarra / ❤️ (@PSNPSOE) June 18, 2026

Contigo-Zurekin, por su parte, defendió en su voto particular que la investigación sí ha evidenciado relaciones de proximidad entre responsables políticos y empresariales incompatibles con los estándares de transparencia exigibles, y consideró acreditadas irregularidades en Belate y en promociones de vivienda pública de Nasuvinsa, aunque sin llegar a hablar de tráfico de influencias.

UPN, PPN y Vox: "indicios reforzados" y exigencia de responsabilidades

La lectura de la oposición es radicalmente distinta. UPN sostiene que los trabajos de la comisión han reforzado los indicios de una trama de influencia y adjudicación irregular vinculada a las empresas Servinabar y Acciona, en el marco de las investigaciones que llevan a cabo la Guardia Civil y los órganos judiciales. El grupo cuestiona el papel de Servinabar en las uniones temporales de empresas que se hicieron con las obras de Belate y atribuye responsabilidad política a la presidenta Chivite y a distintos responsables del Ejecutivo por, a su juicio, no actuar con diligencia ante las advertencias detectadas, entre ellas las represalias que habría sufrido el entonces secretario de la mesa de contratación de Belate.

El PPN reclama también depurar responsabilidades políticas y pone el foco, además de en Belate, en la licitación del Navarra Arena, la rehabilitación del Archivo General de Navarra, el colegio de Arbizu y las viviendas protegidas de Ripagaina, denunciando patrones repetidos de participación de determinadas empresas. El grupo lamenta, asimismo, que la comisión haya trabajado con "importantes limitaciones" derivadas del rechazo de peticiones de documentación y comparecencias planteadas por la oposición.

El G-Mixto, representado por Vox, llega más lejos al atribuir la responsabilidad política última al Gobierno y reclamar la dimisión de la presidenta Chivite, a quien vincula con incidencias detectadas en distintos departamentos, especialmente en Cohesión Territorial. Su parlamentario, de baja médica, no asistió a la sesión de hoy.

Una comisión de casi un año que ahora pasa al Boletín Oficial

La comisión se constituyó el 3 de julio de 2025 a iniciativa de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, presidida por Irati Jiménez (EH Bildu) y con representantes de todos los grupos, entre ellos Javier Esparza y Pedro González por UPN, y Javier García por el PPN. Sus conclusiones, aprobadas hoy en Pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y se comunicarán a la Diputación Foral, sin que tengan carácter vinculante para los tribunales. La Mesa del Parlamento podrá remitirlas, además, al Ministerio Fiscal para que valore el ejercicio de las acciones que considere oportunas.

Geroa Bai ha respondido al anuncio de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, sobre la propuesta de reconocer el euskera como lengua propia de Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA). La coalición recuerda que la Ley Foral del Euskera ya reconoce este carácter del euskera en Navarra y aboga por una modificación más ambiciosa de la LORAFNA.

La coalición considera que el debate en la ponencia para la actualización de la LORAFNA debe ser una oportunidad para avanzar en el reconocimiento del euskera en todo el territorio navarro. Según Geroa Bai, es necesario modificar el artículo 9 de la LORAFNA para garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía, sin importar su lugar de residencia.

Geroa Bai insiste en la necesidad de modificar el artículo 9 de la LORAFNA

Geroa Bai defiende que el reto no es solo reconocer el euskera como lengua propia, sino avanzar hacia un marco que garantice los derechos lingüísticos de todos los navarros. «La Ley del Euskera ya reconoce el euskera como lengua propia de Navarra. Ahora corresponde dar un paso más», afirman desde la coalición, abogando por superar la zonificación lingüística que genera desigualdades.

La coalición subraya la importancia de que el euskera sea un elemento de cohesión, no de confrontación política. Por ello, Geroa Bai considera esencial seguir profundizando en políticas que favorezcan su conocimiento y uso, así como la igualdad de derechos lingüísticos en todo el territorio navarro.

El euskera como elemento de cohesión en Navarra

Geroa Bai espera que la reforma de la LORAFNA incluya el pleno reconocimiento del euskera y la eliminación de las limitaciones actuales. La coalición trabaja en la ponencia parlamentaria con la ambición de lograr un marco que garantice la igualdad lingüística y la cohesión social en Navarra, alejándose de divisiones políticas.

La propuesta de Chivite ha abierto un debate sobre el papel del euskera en Navarra, y Geroa Bai se posiciona claramente a favor de un reconocimiento más amplio y efectivo. La coalición insiste en que la actualización de la LORAFNA debe reflejar la realidad social y lingüística de Navarra, garantizando los derechos de todos los ciudadanos.

Geroa Bai mantiene su compromiso de trabajar por un futuro en el que el euskera sea reconocido plenamente en toda Navarra. La coalición espera que las conclusiones de la ponencia parlamentaria reflejen esta visión y contribuyan a un marco más inclusivo y equitativo para todos los navarros.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado que defenderá la modificación de la LORAFNA para que el euskera sea reconocido como lengua propia junto al castellano. Esta iniciativa busca reflejar la evolución social de Navarra en las últimas décadas, según destaca la portavoz socialista Ainhoa Unzu.

Unzu subraya que el debate sobre el euskera ha sido constante en la actualización de la LORAFNA, evidenciando un interés por adaptar la normativa a la realidad social actual. El euskera, afirma, es parte de la vida cotidiana de miles de navarros y debe ser impulsado como un valor de conocimiento propio, respetando la pluralidad social de la región.

El papel de la educación en la normalización del euskera

La portavoz socialista resalta la importancia de las políticas del Gobierno de Navarra en la normalización y aceptación del euskera, especialmente a través de la educación. Unzu sostiene que el avance en este ámbito no debe basarse en confrontaciones políticas, sino en la educación como herramienta de integración y entendimiento.

Unzu enfatiza que el euskera trasciende ideologías y es un patrimonio compartido de la comunidad. En su opinión, debe ser visto como un elemento de encuentro y conocimiento, no de división. La educación juega un papel crucial en transformar el euskera de un posible foco de confrontación a una oportunidad de crecimiento y cohesión social.

El PSN-PSOE apoya el reconocimiento del euskera como lengua propia en la LORAFNA, pero insiste en que este reconocimiento debe ir acompañado de políticas inclusivas. El objetivo es que el conocimiento del euskera esté al alcance de todos los ciudadanos navarros, sin imposiciones ni exclusiones, promoviendo su aprendizaje desde la libertad y la convivencia.

La presidenta Chivite, en respuesta a una pregunta parlamentaria, reafirmó su compromiso con esta modificación del artículo 9 de la LORAFNA. Para el PSN-PSOE, este paso es fundamental para despolitizar el euskera y acercarlo a la ciudadanía a través del conocimiento y la educación, reflejando así la pluralidad que caracteriza a Navarra.

Un patrimonio compartido para el futuro de Navarra

Unzu concluye que reconocer el euskera como lengua propia es un acto de naturalidad que protege y proyecta hacia el futuro un patrimonio compartido por toda la sociedad navarra. Este reconocimiento, según la portavoz socialista, no solo refleja la realidad actual, sino que también sienta las bases para un futuro inclusivo y respetuoso con la diversidad cultural de Navarra.

325 euros. Ese es, según ha denunciado UPN, el precio mínimo de un vuelo entre Pamplona y Madrid para este próximo lunes, el mismo que cuesta volar de San Sebastián a Londres. Con ese dato sobre la mesa ha arrancado el pulso parlamentario sobre la conectividad aérea del aeropuerto de Pamplona, que ha enfrentado al parlamentario de UPN Ángel Ansa con la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola.

Una nueva licitación de cinco millones para Barcelona y Sevilla

Esnaola ha anunciado que el Gobierno de Navarra publicará en las próximas horas en el portal de contratación de la Unión Europea una nueva licitación para mejorar las conexiones del aeropuerto, dotada con cinco millones de euros y vigente entre 2026 y 2028. A diferencia de la convocatoria anterior, centrada en dos destinos nacionales y dos internacionales, esta segunda edición se concentra exclusivamente en Barcelona y Sevilla, a las que el Ejecutivo atribuye condición de "hub" internacional. La consejera ha explicado que la decisión responde a los avisos de las propias aerolíneas en foros del sector, como uno celebrado en abril en Reus, y a una coyuntura internacional que considera compleja.

UPN: "Van tarde, muy tarde"

Ansa ha acusado al Gobierno de cometer "un enorme error estratégico" al renunciar a las conexiones internacionales que la propia primera licitación, publicada en octubre de 2025, señalaba como prioritarias, entre ellas Londres y Fráncfort. El parlamentario ha recordado que el tráfico de pasajeros del aeropuerto navarro no ha recuperado los niveles previos a la pandemia y que representa hoy apenas un tercio del peso que tenía hace años sobre el total de aeropuertos españoles. Según Ansa, aeropuertos como los de Vitoria o San Sebastián, que partían de una situación peor, ya ofrecen vuelos directos a ciudades como Bruselas, Milán o Londres, mientras Pamplona sigue sin conexión regular con Europa.

El parlamentario ha respaldado su argumento con datos de Eurocontrol sobre el crecimiento del tráfico aéreo europeo y con cifras de entregas de aviones de Airbus y Boeing, para cuestionar que la falta de aeronaves o el contexto del sector justifiquen el cambio de estrategia. También ha criticado el funcionamiento de la mesa de la conectividad aérea, a la que ha incluido entre lo que ha llamado "el gobierno de las mesas inoperantes".

Esnaola: "Es la primera vez que se pone en marcha este procedimiento"

La consejera ha respondido reivindicando como un avance el hecho de que, precisamente esta misma jornada, el expediente de la nueva licitación haya recibido la fiscalización positiva necesaria para salir adelante. Esnaola ha defendido que ningún gobierno anterior, incluidos los liderados por UPN, había puesto en marcha un procedimiento de este tipo, y ha citado como antecedentes fallidos la antigua compañía Líneas Aéreas Navarras y un acuerdo con la aerolínea TAP que conectó Pamplona con Lisboa, utilizado mayoritariamente por motivos médicos.

Sobre que la primera licitación quedara desierta, la consejera ha asegurado que se trata de una situación habitual cuando se gestiona activamente, citando los casos de Vitoria, cuya licitación para Fráncfort, París y Londres con 6,27 millones de euros también quedó desierta en abril de 2025, y de Logroño, que tampoco logró adjudicar en septiembre de ese año una convocatoria para Londres y otro destino europeo.

Sanz anució en 2006 vuelos a Londres

Esnaola ha cerrado su intervención con una referencia histórica: un debate parlamentario de octubre de 2006 en el que el entonces presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz, anunciaba la inminente firma de convenios con compañías aéreas que iban a traer, entre otras novedades, vuelos a Londres. Dos décadas después, ha ironizado la consejera, ningún navarro ha llegado a tomar "té inglés" en un vuelo regular hacia la capital británica.

Una libreta, una fotografía y dos acuerdos que nunca llegaron a ejecutarse. Con ese material ha vuelto a colarse el caso que rodea a Leire Díez en la sesión de control al Gobierno de Navarra, donde el PP ha exigido explicaciones a la presidenta María Chivite por su supuesta vinculación con la conocida como "fontanera" del PSOE.

El portavoz popular, García, ha situado a Chivite "en todos los papeles" recogidos por la UCO en relación con proyectos energéticos en la Comunidad Foral, en concreto con el denominado proyecto de Bardenas. El parlamentario ha preguntado quién informaba a Leire Díez sobre la situación de las empresas de renovables en Navarra y si esos contactos se producían a través de Santos Cerdán, ya en prisión por el caso. García ha insistido en que las anotaciones de Díez y la presencia de Chivite en fotografías constituyen, a su juicio, indicios suficientes para exigir respuestas más allá de la negación.

Chivite: "Coincidí en una foto, ni lo recuerdo"

La presidenta ha rechazado de forma tajante haber mantenido reuniones o conversaciones con Leire Díez. Según ha explicado, un protocolo firmado en junio de 2021 correspondía a un proyecto de autoconsumo energético que finalmente no se llevó a cabo, y un acuerdo de colaboración suscrito en septiembre de 2022 tampoco llegó a materializarse. Sobre la fotografía que circula como prueba del contacto, Chivite ha asegurado que ni siquiera la recordaba antes de verla publicada. "¿De qué es indicio coincidir en una foto?", ha respondido al portavoz popular.

La presidenta cita una sentencia del TSJN

Chivite ha recurrido a una resolución reciente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que desestimó una querella de Vox contra el parlamentario de EH Bildu Alzórriz, para sostener que "las meras sospechas o conjeturas no son indicios de nada". La presidenta ha recordado que Vox fue el único grupo que la llevó a los tribunales por presunta corrupción y que la denuncia fue rechazada, un argumento que ha utilizado para defender que contra ella "no hay ninguna prueba" más allá de acusaciones reiteradas desde que asumió la presidencia en 2019.

Cruce de reproches sobre corrupción

El debate ha derivado también en un choque directo entre ambos. García ha equiparado el caso de Chivite con los procesos judiciales que afectan a Santos Cerdán y, por extensión, ha apuntado a la reacción del PSOE ante informaciones que comprometen a la Comunidad Foral. Chivite ha replicado acusando al PP de negar una sentencia de corrupción que afecta a su propio partido y ha vinculado de forma irónica al líder popular Alberto Núñez Feijóo con fotografías junto a personas condenadas, en referencia a su conocida imagen junto a un narcotraficante y tras la insistencia del PP en interpretar imágenes como prueba.

La presidenta ha cerrado su intervención recordando que, según ha trascendido este fin de semana en una entrevista de la propia Leire Díez, esta habría reconocido que anotaba en su libreta "cualquier cosa que se le ocurría", incluidas conversaciones que ella nunca mantuvo.

El vicepresidente del Gobierno de Navarra y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha restado relevancia institucional al procedimiento sancionador abierto por la Oficina Anticorrupción de Navarra (OANA) contra el exdirector general de Obras Públicas, Pedro López, y un director de servicio, por la decisión de apartar a Lorenzo Serena tras sus denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de las obras de los túneles de Belate.

"A nosotros no nos consta oficialmente, como Gobierno, el contenido de ese procedimiento. Según lo publicado, parece ser una cuestión frente a dos funcionarios, por lo cual el Gobierno ahí no es parte y no podemos aportar opinión en aquello que desconocemos", afirmó Remírez, que insistió en que se trata de "un procedimiento entre particulares" en una "fase inicial" cuya resolución hay que esperar.

"No estamos ante una resolución, sino ante un procedimiento que se inicia"

Preguntado por si la actuación de la OANA podría disuadir a otros funcionarios de denunciar irregularidades, Remírez evitó pronunciarse sobre el fondo y pidió cautela. "Estamos normalizando un procedimiento que se inicia como si ya tuviéramos una sentencia dictada, y no es así. Estamos haciendo un mal al Estado de derecho", señaló, subrayando que la OANA ha admitido a trámite una denuncia que ahora se somete a contradicción para que las otras partes aporten su posición. "No adelantemos acontecimientos."

El portavoz defendió que el Gobierno ha sostenido siempre que el traslado de Serena respondió a "un proceso de reorganización" y no a una represalia, y remarcó que esperarán a que se resuelva el procedimiento. "Vamos a darle la oportunidad de que se explique." Pese a ello, reiteró que cualquier funcionario tiene "el derecho y la obligación" de denunciar irregularidades ante la OANA, la Fiscalía o la vía penal correspondiente, y que el Gobierno "anima" a hacerlo. "Lo que sí pedimos es que los procesos sean garantistas, que no se acuse sin pruebas y que no se dicte la sentencia desde el minuto uno."

Críticas a UPN: "Una extensión generalizada de la sospecha"

Remírez también respondió a las críticas de UPN, que había denunciado "dejación de funciones" del Gobierno por no abrir su propio expediente sancionador. El portavoz acusó a la formación regionalista de "tomar la representación de un procedimiento del que no es parte" y enmarcó esta actuación en lo que calificó de estrategia: "UPN está interesado en la extensión generalizada de la sospecha ante la ausencia de un proyecto político para Navarra." Citó como precedentes la comisión de investigación parlamentaria, que según afirmó "no ha establecido ni una sombra de corrupción" en las actuaciones del Gobierno, así como la inadmisión de querellas como la presentada por Vox contra la presidenta Chivite o la relativa al caso del parlamentario Alzórriz. "Cuando se ponen en marcha los instrumentos del Estado de derecho, sale a la luz la verdad, y esa verdad contradice la estrategia de las derechas."

La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra se desplazó a Alsasua para conocer de primera mano la labor que la asociación Biak Bat desarrolla en favor de la inclusión social y el bienestar de la infancia y las personas con diversidad funcional en la comarca de la Sakana. Entre los integrantes de la visita se encontraban la parlamentaria de EH Bildu Oihana Gallo y el alcalde de Alsasua, Javier Ollo.

Tras conocer las instalaciones de la entidad, creada en 2023, los parlamentarios pudieron acercarse a las distintas iniciativas que Biak Bat impulsa en la zona: los programas dirigidos a infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad, las intervenciones con menores con diversidad funcional, el proyecto piloto de centro ocupacional y el proyecto Amalur, que integra la huerta y los animales como herramienta de acompañamiento, aprendizaje y participación comunitaria.

El apoyo de los animales en el día a día de los participantes

La jornada permitió compartir experiencias y conocer el impacto real de los programas en la vida de las personas participantes. Los miembros de la comisión pudieron escuchar de primera mano los testimonios de quienes acuden al centro ocupacional piloto y el gran apoyo que los animales suponen en su día a día, además de reflexionar sobre la necesidad de contar con recursos de este tipo para la inclusión de personas que no se ajustan a los modelos de atención más tradicionales.

Los parlamentarios mostraron interés por conocer cómo podrían transferirse estos proyectos y conocimientos a otras zonas de Navarra, y felicitaron a la entidad por su trabajo en la comarca. Al finalizar la visita, desde Biak Bat se devolvió la invitación a los parlamentarios para conocer las instalaciones del Parlamento de Navarra.

Desde la asociación se ha agradecido el interés mostrado por la Comisión, así como la oportunidad de visibilizar proyectos que, según señalan, contribuyen a construir "una sociedad más inclusiva, participativa y comprometida con el bienestar de la infancia y las personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales".

La Oficina Anticorrupción de Navarra (OANA) ha incoado expediente sancionador contra el exdirector general de Obras Públicas, Pedro López Vera, y contra el jefe de servicio de Conservación, por represaliar al secretario de la mesa de Belate que denunció presuntas ilegalidades en la adjudicación de las obras de los túneles. La apertura del expediente ha sido revelada por el parlamentario foral de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin.

La actuación de Anticorrupción se fundamenta en el artículo 63.b de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que califica estos hechos como falta muy grave, con sanciones previstas entre 30.000 y 300.000 euros.

"Dejación de funciones" del Gobierno, según UPN

El expediente llega después de que el Gobierno de María Chivite no iniciara ningún procedimiento sancionador propio. Sánchez de Muniáin ha criticado lo que considera una "dejación de funciones" del Ejecutivo, en especial del Departamento del consejero Óscar Chivite, "por no incoar como debían el correspondiente procedimiento sancionador una vez comunicada la resolución de la OANA de junio de 2025" que ya calificaba de represalia e infracción muy grave las medidas adoptadas contra el denunciante. "Ha tenido que ser la OANA quien, en uso de sus atribuciones, iniciase el procedimiento que debió incoar en primer lugar el consejero Chivite", ha añadido.

El parlamentario regionalista ha calificado de "descaro increíble" que el consejero afirmara no conocer que el funcionario trasladado a un almacén era el propio denunciante, "cuando públicamente descalificó su actuación y lo llegó a tildar de chismoso". Según Sánchez de Muniáin, esa versión queda en entredicho porque el traslado se produjo tras discusiones entre el director general y el jefe de servicio "a sabiendas de quién iba a ser represaliado", contradicciones que, asegura, han quedado reflejadas tanto en la investigación del Senado como en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra.

Dos investigaciones más por las viviendas adjudicadas a Servinabar

Sánchez de Muniáin ha revelado además que la OANA ha abierto dos procedimientos de investigación por las promociones de viviendas que Nasuvinsa adjudicó a la UTE formada por Servinabar y Acciona, al detectar indicios de un posible conflicto de interés e incumplimiento de la normativa de contratos públicos. "El inicio de estos dos procedimientos es conocido en Nasuvinsa desde el 9 de junio sin que el gobierno haya comunicado tales hechos", ha advertido.

El parlamentario ha concluido que "Chivite y sus socios se quedan solos al declarar que en Belate y en las obras adjudicadas a la empresa, según la UCO, de Cerdán, no ha habido actos de presunta corrupción".

UPN ha exigido a Fernando Domínguez, consejero de Salud, que no cierre el servicio de urgencias rurales en horario nocturno del centro de salud de Fustiñana, tras recibir informaciones sobre decisiones de dotación de personal que apuntarían en esa dirección. La medida afectaría a 3.656 vecinos de Fustiñana y Cabanillas que recurren a ese centro en caso de urgencia.

Los regionalistas recuerdan que hace unos meses ya denunciaron la intención del Departamento de Salud de cerrar 11 puntos de atención continuada y urgente en Navarra, entre ellos el de Fustiñana. "En aquel momento, la movilización ciudadana y la presión ejercida por UPN desde el Parlamento lograron que el consejero rectificara públicamente y desistiera de aquel planteamiento", han señalado.

"La ciudadanía merece una respuesta clara"

Ante la reaparición de informaciones sobre el futuro del servicio, UPN reclama transparencia. "Lo que exigimos al consejero es que diga sin ambigüedades si tiene previsto cerrar este servicio durante las noches", han afirmado, subrayando que la atención urgente en el ámbito rural "resulta fundamental para garantizar la igualdad en el acceso a la sanidad pública con independencia del lugar de residencia".

Los regionalistas advierten de que cualquier reducción de servicios en Fustiñana supondría "un nuevo paso en el debilitamiento de la sanidad rural" en Navarra, y defienden que los vecinos de la localidad "tienen exactamente el mismo derecho a disponer de una atención sanitaria accesible y de calidad que quienes viven en las zonas urbanas".

Habitaciones triples y cuádruples que el centro llevaba meses obligado a eliminar y que, en la última visita de los inspectores, seguían exactamente igual. Esa fue la comprobación que el pasado 16 de diciembre llevó al Gobierno de Navarra a iniciar el procedimiento para retirarle a Vida Nueva, en Ciriza, su autorización como centro residencial de inclusión social. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha explicado este martes en el Parlamento los detalles de ese expediente, en respuesta a una pregunta de EH Bildu formulada después de que un juzgado de Pamplona admitiera a trámite tres denuncias contra el centro por hechos que podrían constituir hasta diez delitos, entre ellos tortura, trata de personas con fines de explotación laboral y organización criminal.

Una investigación judicial al margen del Gobierno

Maeztu ha sido clara en un punto: el Gobierno de Navarra no es parte en el procedimiento judicial y no dispone de información sobre las denuncias presentadas, conocidas a través de los medios de comunicación. Si la autoridad judicial determina algo en el futuro, ha señalado, la administración actuará en consecuencia.

Desde 2016, el departamento ha realizado seis inspecciones al centro, la última el 16 de diciembre de 2025. En ninguna de ellas, ha insistido la consejera, se ha detectado ningún ilícito penal. Sí se constataron, sin embargo, incumplimientos administrativos: ya en una inspección anterior se detectó que el centro incumplía el Decreto Foral 92/2020, que limita a dos plazas el número de personas por habitación. Se le dio de plazo hasta marzo de 2025 para adaptarse, junto con otros requerimientos sobre el procedimiento de ingreso y la solicitud de determinados informes médicos a las personas residentes.

Sin cambios, llega la revocación

Comprobado en diciembre que las habitaciones seguían sin modificarse, inspección abrió el expediente de revocación, formalizado mediante una orden foral del pasado mes de abril. La consejera ha precisado que esto no implica el cierre del centro: Vida Nueva es una entidad de iniciativa privada que nunca ha tenido plazas concertadas, y la revocación únicamente supone su baja del registro de servicios sociales, no el cese de su actividad. En la última inspección, el centro acogía a 29 hombres, 14 mujeres y seis menores de edad.

Sin protocolo de derivación

El portavoz de EH Bildu, Javier Arza Porras, ha señalado una contradicción: mientras el Gobierno aseguraba que no existe ningún protocolo de derivación hacia el centro, las propias actas de inspección recogen que el contacto se produce también por derivación de servicios sociales de base, hospitales o centros de salud.

Preguntada por si el departamento ha indicado a la red de servicios sociales que no oriente a nadie hacia Vida Nueva, Maeztu ha respondido que, al no existir un protocolo de derivación formal, no se ha emitido ninguna instrucción al respecto.

Un director de servicio cesado, tres jefaturas removidas en pocos meses y un correo electrónico que ha terminado sobre la mesa del Parlamento. Esa ha sido la fotografía de la comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de este martes, donde la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, ha comparecido a petición de UPN para explicar la cascada de cambios en el Servicio de Economía Circular e Innovación.

Bretaña ha situado el origen del problema al comienzo de la legislatura, cuando se encontró con un único servicio, el de Economía Circular y Cambio Climático, que consideró "excesivamente grande" para atender materias tan distintas como los residuos o el cambio climático. De ahí surgió la decisión de desdoblarlo en dos: Economía Circular e Innovación, por un lado, y la Oficina de Cambio Climático, por otro. La directora ha insistido en que los movimientos afectan a 4 de las 51 jefaturas que organizan una dirección general que, sumando la empresa pública adscrita, suma 420 personas.

Según su relato, la evaluación de 2024 y 2025 detectó incumplimientos vinculados sobre todo al Fondo de Residuos y a los fondos europeos MRR, además de problemas de coordinación. Eso llevó al cese del director del servicio, que no había llegado a los dos años en el cargo, centrado en la sección de residuos. Tras su salida se nombró en octubre de 2025 a un nuevo director, con perfil más orientado a la gestión, que en los meses siguientes propuso el cese de los jefes de sección de residuos y de inspección, mientras un tercer técnico solicitaba la salida de forma voluntaria. La directora ha negado que se haya apartado a nadie de su especialidad: a uno de los cesados, ha explicado, se le ofreció una jefatura vacante que rechazó por querer volver a su plaza base.

El correo que UPN pone sobre la mesa

El portavoz de UPN, Miguel Bujanda, no se ha conformado con esa explicación. Ha recordado que los ceses coinciden en el tiempo con expedientes sensibles, las plantas de biometanización de Sesma, Arróniz y Tudela y el caso de la lombricultura de Valtierra, y ha exhibido un correo de diciembre de 2025 enviado por la propia Bretaña al nuevo director en el que se habla de la solicitud de ayuda de esta empresa de Valtierra al Fondo de Residuos con la expresión "mírala con cariño" y se plantea si procede sancionar a la empresa. Para UPN, ese documento demuestra que detrás de la reorganización hay decisiones "más políticas que técnicas", y ha reclamado los datos de inspecciones ambientales realizadas desde abril.

"No me tiembla el pulso ni para sancionar ni para cesar"

Bretaña ha rechazado cualquier vínculo entre los ceses y esos expedientes. Ha defendido que la autorización de la planta de Sesma estaba redactada y validada por los técnicos antes de que se planteara la moratoria, y que en Arróniz el error detectado fue corregido por el propio personal técnico. Sobre la emprfesa de Valtierra (donde falleció un trabajador en accidente laboral recientemente) ha insistido en que existe un seguimiento estrecho desde septiembre de 2024 y que la empresa afronta ya un expediente sancionador unificado, subrayando que es la primera vez desde 1998 que solicita ayuda pública para mejorar su producto. Como balance de la reestructuración, ha citado convocatorias del Fondo de Residuos por 17 millones de euros pendientes de publicar y nuevos fondos MRR en camino.

Respaldos con matices en el resto de grupos

PSN ha respetado la decisión del departamento, aunque ha mostrado inquietud por el origen de las filtraciones a la prensa. EH Bildu ha reconocido no tener pruebas de la vinculación que sugiere UPN, pero ha aprovechado para reclamar la moratoria integral de la biometanización que pedía junto a Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ausente del decreto finalmente aprobado.

Estos dos últimos grupos han cerrado filas con el departamento, calificando de "ciencia ficción" cualquier relación entre los ceses y los expedientes ambientales.

El PPN, por su parte, ha preguntado por el coste de la inestabilidad generada y por si los cambios han afectado a la imparcialidad de los funcionarios, sin cuestionar la potestad de la dirección general para organizar su equipo.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha cargado duramente contra Contigo-Zurekin por lo que considera una postura contradictoria en torno a las plantas de biogás en Navarra. En declaraciones públicas, Toquero ha denunciado que la formación defiende en Pamplona una moratoria integral para todas las plantas de biogás en la comunidad foral mientras que, a su juicio, su rama tudelana adopta una posición radicalmente diferente.

"Resulta vergonzoso, incluso patético, ver cómo Contigo defiende en Pamplona la moratoria integral para todas las plantas de biogás en Navarra mientras aquí, Contigo Tudela, traga con lo que le echen desde el Gobierno Foral y hasta se desmarca de su propia formación", ha afirmado el regidor tudelano.

Toquero ha acusado a la formación de anteponer sus intereses institucionales a la defensa de los vecinos de Tudela y de toda la Ribera, y ha equiparado su actitud a la del PSN local. "Los tudelanos no van a olvidar este desprecio de quienes, al igual que el PSN de Tudela, prefieren ser la voz de su amo y dejar vendidos a sus propios vecinos", ha advertido.

El alcalde ha concluido con un mensaje de firmeza frente a lo que considera "una insostenible barbaridad medioambiental": "No vamos a rendirnos nunca y vamos a llegar hasta donde haga falta para frenarla. Decimos no a la hipocresía, no a la doble moral".

Podemos Ahal Dugu Navarra ha valorado positivamente la aprobación este martes de la moción de moratoria integral para la implantación de plantas de biometanización en Navarra, presentada por Contigo-Zurekin en la Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento foral, y ha aprovechado la ocasión para exigir al PSN que abandone lo que el partido denomina una "moratoria fake" y se sume a una regulación real y participada.

La moción salió adelante con el respaldo de todos los grupos con representación en la comisión y la abstención del PSN, lo que Podemos interpreta como un paso adelante para presionar al Gobierno de Navarra a establecer un marco normativo integral para esta industria.

Siete meses sin avances

La coordinadora de Podemos Navarra, Neniques Roldán, recordó que la modificación legislativa aprobada por UPN y PSN en noviembre de 2025 —a la que su partido calificó desde el principio de insuficiente— lleva ya más de medio año en vigor sin resultados tangibles. "No hay estudio de suelos, ni planificación, ni escucha, y los deberes siguen sin hacerse", afirmó.

Roldán subrayó que aquella medida "se presentó como una herramienta para poner orden", pero que el tiempo ha demostrado que no ha servido "para garantizar una planificación ni regulación adecuada, ni para responder a las preocupaciones que existen en numerosos municipios navarros".

"La ciudadanía ya ha hablado"

La coordinadora de Podemos apeló a la movilización vecinal como señal inequívoca de la preocupación social existente. "A través de las diferentes plataformas vecinales y de los municipios afectados se ha expresado una gran preocupación por el impacto ambiental y territorial de estos proyectos. Es hora de escuchar a los pueblos", señaló, antes de interpelar directamente al PSN: "¿Qué va a hacer el PSN?"

Roldán dejó claro que la posición de su partido no es de rechazo frontal a estas instalaciones. "No estamos en contra de las plantas de biometanización. Estamos en contra de la especulación y de la burbuja verde que algunos pretenden impulsar. Las instalaciones deben ajustarse a las necesidades y a la capacidad de cada territorio, y no al revés", concluyó.

El 25 de junio, nueva oportunidad

Podemos ha emplazado al PSN a aprovechar la próxima cita parlamentaria del 25 de junio para sumarse a una moratoria real e integral. "El PSN tiene una nueva oportunidad para demostrar que está dispuesto a escuchar a la ciudadanía y a proteger el territorio. No puede seguir mirando hacia otro lado mientras aumenta la preocupación social y el riesgo para nuestra tierra", advirtió Roldán.

El partido considera que Navarra necesita una normativa "a la altura de los retos ambientales actuales", con una planificación "rigurosa, transparente y participada" que garantice la protección del territorio.

El Partido Popular rechazó este martes en la Comisión de Transformación Digital del Senado una moción del Grupo Parlamentario Socialista destinada a reforzar la protección de trabajadores, usuarios y ciudadanos frente a los riesgos asociados a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo.

La iniciativa proponía facilitar la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, mejorar la supervisión de estas tecnologías y reforzar la formación y el acompañamiento a empresas, administraciones y trabajadores para garantizar que su implantación respete los derechos fundamentales.

Barasoain alerta del impacto en el empleo

El portavoz socialista en la comisión, el senador navarro Sergio Barasoain, alertó durante el debate de la creciente preocupación entre los trabajadores por el impacto de estas tecnologías en el mercado laboral. "En España y en Europa existe el temor a que la inteligencia artificial reduzca nuestros puestos de trabajo o, al menos, los desnaturalice", señaló.

Barasoain reconoció el potencial económico de la IA —estimó en 167.000 millones de euros su aportación a la economía española y en 1,7 billones a la europea en solo cuatro años— pero insistió en la necesidad de compatibilizar innovación y derechos. "La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y puede aportar enormes beneficios, pero debemos garantizar que no se pierda la supervisión humana y que los derechos de las personas estén protegidos", afirmó.

La moción se centraba especialmente en los sistemas de IA de alto riesgo contemplados por la normativa europea, como los utilizados en la selección y contratación de personal, la evaluación de trabajadores o la adopción de decisiones que afectan a las relaciones laborales. Barasoain subrayó que estos sistemas requieren autorizaciones especiales por "afectar a la salud y, sobre todo, a derechos fundamentales de las personas".

La iniciativa incluía también medidas para difundir los resultados del entorno controlado de pruebas desarrollado en España, impulsar las guías de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y promover programas de formación accesibles. "Los operadores de inteligencia artificial deben conocer tanto sus obligaciones actuales como las futuras. Debemos anticipar riesgos, promover buenas prácticas y facilitar la seguridad jurídica", defendió el senador socialista.

También cae la moción sobre soberanía tecnológica

La mayoría de derechas en la Cámara Alta rechazó igualmente una segunda moción socialista, defendida por el senador por Huelva Amaro Huelva, que instaba a reforzar la soberanía tecnológica de España y Europa frente a la dependencia de grandes plataformas extranjeras. "La soberanía tecnológica no es una cuestión de futuro, sino una necesidad del presente", argumentó Huelva durante su intervención.

La Presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, se ha reunido este martes con las y los miembros del comité ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, ante los que ha defendido la colaboración público-privada como vía para reforzar la presencia internacional de la Comunidad. “Navarra es puntera, pero nuestro tamaño nos obliga a entendernos, a colaborar si queremos ser competitivos en el escenario mundial”, ha reflexionado Chivite, que ha destacado asimismo la necesidad de cooperar también “entre las empresas, entre los sectores de actividad y entre los trabajadores y trabajadoras y los empresarios y empresarias a través del diálogo social”. 

Durante la reunión, la Presidenta ha querido aprovechar también para recordar las “cifras record” de empleo y afiliación a la Seguridad Social que ha registrado Navarra. “Nunca antes ha habido tantas personas trabajando”, ha destacado, haciendo referencia al récord histórico alcanzado el pasado mes de mayo, con 322.000 personas empleadas en la región. Asimismo, ha mencionado también que el paro ha disminuido en 618 personas en el último mes, “el mejor dato de paro registrado para el mes de mayo desde 2008”.

Estas buenas cifras se deben, en opinión de la Presidenta, a factores como la “regularización extraordinaria de personas migrantes” o el peso industrial de Navarra, que, con una aportación cercana al 33% del PIB, sitúa a la Comunidad “al nivel de las regiones más avanzadas de Europa”. “El ecosistema industrial de Navarra, sus cadenas de valor integradas y sus profesionales de primer nivel hacen de nosotros una tierra atractiva para la inversión”, ha añadido.

En el transcurso de la reunión, mantenida en el Palacio de Navarra, la Presidenta ha repasado también las medidas que el Ejecutivo foral ha venido implementando para apoyar al sector industrial. En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha ultimado la nueva Ley Foral de Industria, una norma en su opinión “muy participada con los agentes sociales y económicos de Navarra, que dotará a las empresas de herramientas para afianzar su posición y atraer nuevos proyectos”.

La Presidenta Chivite, en su reunión con el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Navarra

La Presidenta Chivite, durante la reunión

La Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes una resolución por la que se insta al Gobierno foral a impulsar las medidas legales, reglamentarias o ejecutivas necesarias para establecer una moratoria integral a la instalación de plantas de biometanización o biogás en el territorio navarro. La resolución ha salido adelante con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, y la abstención del PSN.

El texto, impulsado por Contigo-Zurekin, propone aplazar la instalación de este tipo de plantas hasta que Navarra cuente con "un ecosistema normativo garantista, participado por el sector agropecuario, por la ciudadanía y por los municipios afectados, que permita pautar un despliegue ordenado, sostenible y acorde con la situación de crisis climática, falta de biodiversidad y consumo excesivo de los recursos".

Antecedentes normativos y proyectos anulados

La resolución recoge que Navarra carece del marco normativo necesario para garantizar un despliegue ordenado de estas instalaciones, argumento ya esgrimido en una resolución anterior aprobada por la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el 3 de octubre de 2025.

La exposición de motivos recuerda asimismo que el Parlamento aprobó el 30 de octubre de 2025 una modificación de la Ley Foral 17/2020 reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental, que incluía una moratoria que daba cobertura legal a los proyectos más polémicos hasta la fecha: los de Arróniz y Sesma. Ese texto respondía a una enmienda consensuada por UPN y PSN como alternativa a la proposición de ley impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Sin embargo, Contigo-Zurekin señala que se ha constatado la insuficiencia de residuos ganaderos en Navarra para sustentar el crecimiento de estas plantas, y recuerda que durante los últimos días se ha conocido que el propio Gobierno de Navarra ha estimado recursos y anulado las autorizaciones de los proyectos de Arróniz y Sesma, al considerar que, al no contar con la autorización de todos los titulares de las parcelas afectadas, los proyectos carecen de base territorial suficiente para aplicar en campo los digestatos obtenidos, entre otras razones.

La sesión estuvo presidida por Blanca Regúlez, del Grupo Parlamentario Geroa Bai.

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El Parlamento de Navarra ha dado luz verde a la tramitación urgente de una proposición de ley impulsada por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin para blindar con carácter indefinido la calificación de vivienda protegida en alquiler, impidiendo que estas viviendas puedan perder su protección con el paso del tiempo y quedar expuestas a la especulación de fondos de inversión. La iniciativa afecta a un total de 2.278 viviendas en toda la Comunidad Foral, en las que residen aproximadamente 7.000 personas.

La urgencia de la medida viene determinada por el calendario: 108 viviendas —38 en Burlada y 70 en Pamplona— perderán su calificación de alquiler protegido a lo largo de este verano si no se aprueba la reforma antes. En el plazo de un año la cifra ascendería a 300, y en los próximos cinco años se sumarían hasta las 2.278 que contempla la proposición.

La normativa vigente, aprobada en gobiernos de UPN, permitía que las viviendas construidas con ayudas y recursos públicos para destinarlas al alquiler social pudieran perder esa calificación transcurrido un determinado plazo, quedando libres para su venta en el mercado. Esta situación ha abocado a numerosas familias a una situación de incertidumbre ante las decisiones de fondos como Testa Residencial y otros grandes inversores que han adquirido algunas de estas promociones.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha subrayado que la ley dará carácter indefinido a la protección de estos alquileres, impidiendo que las viviendas puedan ser vendidas a precio libre, y ha señalado que su solidez jurídica está respaldada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de otros tribunales autonómicos.

Mientras, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal ha incidido en que la iniciativa no pretende impedir la venta de las promociones, sino evitar "pelotazos con viviendas construidas gracias al esfuerzo de toda la sociedad navarra".

Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin , Carlos Guzmán ha considerado "urgente dar certidumbres" a las familias afectadas y ha confiado en que la proposición pueda tramitarse en las próximas dos semanas.

Geroa Bai, que no figura entre los partidos proponentes, ha apoyado la tramitación urgente y por lectura única, aunque ha pedido tiempo para recabar información del departamento competente y valorar posibles mejoras antes de pronunciarse sobre su voto definitivo. Su portavoz ha descartado en todo caso oponerse a la iniciativa.