Javier Esparza, portavoz de UPN y ex consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local entre 2012 y 2015, compareció este martes ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra para dar explicaciones sobre la adjudicación de la ampliación de la zona regable de la primera fase del Canal de Navarra, licitación que fue adjudicada en abril de 2014 a la UTE formada por OHL y Aguas de Barcelona (Agbar) por un importe que incorporaba una baja del 25% sobre el presupuesto de licitación.

Una rueda de prensa hora y media antes de abrir los sobres

El eje central de las preguntas del grupo socialista, formuladas por el parlamentario Javier Lecumberri, fue la intervención del entonces consejero el 10 de febrero de 2014, el mismo día en que la mesa de contratación tenía previsto abrir las ofertas económicas. Esa mañana, Esparza convocó una rueda de prensa urgente para recomendar a la mesa que solicitara informes a colegios profesionales antes de proseguir con el proceso. La mesa aceptó la recomendación, suspendió la apertura del sobre económico y encargó los informes externos.

El problema que señaló Lecumberri es que esa recomendación se hizo en nombre de un acuerdo del Gobierno de Navarra que no existía todavía: el acuerdo fue aprobado diez días después, el 19 de febrero. Esparza lo admitió con naturalidad. Su argumento fue precisamente el contrario: si hubieran esperado a aprobar el acuerdo y la obra ya estuviera adjudicada, alguien podría haber interpretado que lo habían hecho aposta para que el Canal quedara fuera de esos controles. "Nosotros no queríamos generar ninguna mala interpretación", subrayó.

Lo que dice la Cámara de Comptos

Esparza recurrió en repetidas ocasiones al informe que la Cámara de Comptos elaboró sobre este proceso a petición del Parlamento. La conclusión general del órgano fiscalizador es que "el procedimiento seguido para la adjudicación de este contrato se adecua a la legalidad vigente en materia de contratación pública" y que los informes de los colegios profesionales calificaron la actuación de la mesa de "escrupulosa, consistente y ajustada a los criterios del pliego".

No obstante, la propia Cámara también recomienda en ese informe que "en aras a reforzar la independencia del funcionamiento de las mesas se eviten recomendaciones externas sobre cómo deben actuar o qué tipos de informes tienen que realizar". Lecumberri insistió en que esa recomendación equivale a reconocer que la intervención del consejero pudo comprometer la autonomía de la mesa. Esparza lo rechazó: "Puede afectar, no dice que afectó".

El factor Iribarren y la baja del 25%

El parlamentario socialista puso también sobre la mesa que Francisco Iribarren, ex vicepresidente del Gobierno de Navarra en tiempos de UPN, llevaba apenas unos meses como directivo de Agbar y presidente del consejo de la UTE adjudicataria cuando se resolvió el concurso en abril de 2014. Preguntado sobre si conocía ese extremo, Esparza confirmó que sí era público, aunque restó relevancia a la vinculación: "Lleva desde 2007 fuera de la actividad política. Se dedica desde entonces a actividades profesionales". Sobre su relación personal con Iribarren, dijo conocerle por ser del mismo pueblo, Aoiz, pero negó que hubiera ninguna relación de amistad o influencia política.

En cuanto a la baja del 25% con la que Agbar se llevó la adjudicación frente al 11,9% ofertado por Acciona —baja que hoy sería considerada temeraria bajo la legislación vigente—, Esparza defendió que precisamente eso evidencia que fue el precio, y no ninguna decisión subjetiva, lo que determinó el resultado. "En la oferta económica no puede haber ningún tipo de subjetividad", afirmó.

Una comparecencia marcada por el cruce con Velate

Durante buena parte de la sesión, Esparza estableció un contrapunto constante entre esta adjudicación y la de los túneles de Belate, el contrato de 76 millones adjudicado por el Gobierno de Chivite a una UTE en la que, según la UCO de la Guardia Civil, habría participado como copropietario el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. "Si esto se dijera de Belate, hoy no habría comisión de investigación", afirmó en un momento de la sesión, en referencia a las conclusiones favorables de la Cámara de Comptos sobre el Canal.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, compareció este martes en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas convocada en el Parlamento de Navarra. La sesión, que versaba formalmente sobre la licitación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, derivó en varios momentos hacia cuestiones de mayor calado político. Una de las más llamativas fue el relato que ofreció Esparza sobre los movimientos internos del socialismo navarro y español en el verano de 2019.

Contactos directos con Moncloa

El líder de UPN aseguró haber mantenido una reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa el día anterior a que trascendiera públicamente la negociación sobre la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra, en torno al 31 de octubre de 2018. "Me pidió discreción y evidentemente fui discreto hasta hoy", afirmó. A raíz de ese encuentro, explicó, se le facilitó el contacto directo con el entonces jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, con quien mantuvo conversaciones sobre el escenario político navarro de cara a las elecciones de 2019.

Esparza también reconoció haberse reunido previamente, en 2017, con Santos Cerdán en Madrid, junto a Óscar Ariscuren, para tantear la posibilidad de un acuerdo de gobernabilidad tras las autonómicas. De esa reunión, dijo, extrajo la conclusión de que un pacto entre UPN y el PSN era imposible mientras la dirección estuviera en manos de Cerdán.

La gestora que nunca llegó

El pasaje más sorprendente de su intervención llegó cuando describió lo que, según él, se estaba barajando desde el entorno de Moncloa durante el verano de 2019, cuando el escenario de investidura en Navarra aún estaba abierto. "Me trasladaban desde el entorno de Moncloa que se iba a conformar una comisión gestora para quitar a María Chivite y a Ramón Alzorriz", afirmó. Según Esparza, los nombres que le llegaron para liderar esa gestora eran el actual vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez, y Guzmán Garmendia.

El portavoz de UPN fue explícito en su lectura de aquellos movimientos: "Ni Pedro Sánchez ni Iván Redondo querían el acuerdo con Bildu. Finalmente, Santos Cerdán impuso su criterio y Pedro Sánchez, al que creo que Navarra le importaba muy poco, le dijo haz lo que quieras".

La afirmación no fue rebatida en sala por los grupos que sostienen al Gobierno foral, aunque sí generó tensión visible entre algunos parlamentarios presentes. Esparza no aportó documentación que respalde su versión, aunque señaló que las conversaciones con el entorno de Moncloa se produjeron a través de canales directos durante aquel verano.

El Parlamento Europeo debatió este martes su posición ante la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFF) 2028-2034, el presupuesto comunitario que marcará la inversión en las regiones durante los próximos siete años. La eurodiputada navarra Elena Sancho respaldó el informe provisional aprobado por la cámara, que reclama un incremento del 10% respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea para hacer frente a los retos geopolíticos y sociales actuales.

El "fondo único", en el punto de mira

Sancho mostró un rechazo frontal al modelo de "fondo único" o planes nacionales de colaboración propuesto por Bruselas, al que calificó de "ataque a la gobernanza multinivel". A su juicio, concentrar la gestión en los Estados miembros restaría autonomía a regiones como Navarra, generaría competencia innecesaria entre beneficiarios y reduciría la eficacia real de los fondos.

PAC, FEDER y PYMES, líneas rojas para Navarra

Para la delegación socialista española, es prioritario que la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión (FEDER) mantengan partidas presupuestarias separadas e independientes. "Hay que asegurar que el dinero llegue a los agricultores, pymes y municipios navarros", subrayó la eurodiputada.

Sancho también reclamó que el Fondo Social Europeo (FSE+) se mantenga como fondo autónomo, y defendió incrementar las partidas destinadas a vivienda asequible y a conservación de la naturaleza a través del programa LIFE.

Transparencia frente a la simplificación como excusa

La eurodiputada cerró su intervención con un llamamiento al control democrático del presupuesto, rechazando cualquier intento de trasladar decisiones clave fuera del Parlamento bajo el argumento de simplificar la burocracia. "Un presupuesto fuerte y transparente es la mejor garantía para que Navarra siga siendo una región líder en innovación y bienestar social en Europa", concluyó.

Trece municipios navarros han firmado este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tudela un convenio de colaboración para organizar conjuntamente el Día de las Policías Municipales y Locales de Navarra. El acuerdo, promovido por los consistorios del Valle de Egüés y Zizur, y firmado en Tudela,  establece que la celebración tendrá lugar con carácter general el último viernes de abril y que la organización rotará anualmente entre los municipios firmantes. Sin embargo, el convenio deja un hueco llamativo: ninguno de los ayuntamientos gobernados por EH Bildu ha suscrito el acuerdo, incluidos varios con cuerpo de policía municipal propio como Pamplona, Berriozar, Burlada, Ansoáin, Villava, Tafalla o Huarte.

Los firmantes y los ausentes

El pacto ha sido suscrito por Tudela, Valle de Egüés, Barañain, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Valle de Elorz, Peralta, Cintruénigo, Corella, San Adrián, Castejón y Sangüesa. Todos ellos cuentan con cuerpo de policía local y el convenio queda abierto a futuras adhesiones.

La ausencia más significativa es la de Pamplona, capital de Navarra y titular de la Policía Municipal más numerosa de la Comunidad Foral, cuyo Ayuntamiento está gobernado por EH Bildu bajo la alcaldía de Joseba Asiron. Tampoco han firmado otros municipios del área metropolitana con cuerpo propio, como Berriozar, Burlada, Ansoáin, Villava o Huarte, ni Tafalla, todos ellos con gobiernos municipales de la coalición abertzale.

"La colaboración nos hace más eficaces"

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha presidido el acto de firma y ha subrayado el valor del acuerdo más allá del aspecto simbólico: "Este acto representa la voluntad de nuestros municipios de trabajar de manera conjunta, de reforzar la cooperación y de fortalecer un servicio esencial para la ciudadanía como es la seguridad pública". Toquero ha destacado que la iniciativa busca "generar un espacio estable de encuentro, formación y reconocimiento" para los cuerpos de policía local navarros.

Cómo funcionará el convenio

El acuerdo incluye la organizaicónactos protocolarios, actividades formativas de carácter técnico-policial e iniciativas deportivas y de convivencia entre los distintos cuerpos, con posibilidad de contar con la participación de otras fuerzas de seguridad e instituciones. Cada año, un municipio diferente asumirá la organización, con una aportación económica máxima de 600 euros por ayuntamiento. El convenio tendrá vigencia anual prorrogable automáticamente y contempla el respeto al uso del euskera conforme a la normativa de cada municipio.

Además, la colaboración entre cuerpos de policia locales y municipales de Navarra no quedará aquí ya que el acuerdo establece también la celebración y organización de actos formativos. 

Con motivo del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, Podemos Ahal Dugu Navarra ha puesto el foco en una realidad que, a su juicio, sigue siendo estructural en el mercado laboral: la existencia de miles de personas que trabajan sin derechos, en condiciones cercanas a la esclavitud.

La formación recuerda que el 1 de mayo nace de la lucha por condiciones laborales dignas y que, más de un siglo después, ese objetivo sigue plenamente vigente. “Hoy sigue habiendo personas que trabajan sin contrato, sin protección y sin derechos. Y eso no es una anomalía puntual, es una forma de precariedad que afecta al conjunto de la clase trabajadora”, ha señalado Neniques Roldán, coordinadora autonómica de Podemos Navarra.

En este contexto, la organización destaca la importancia del proceso de regularización extraordinaria en marcha, al que considera una herramienta clave para garantizar derechos laborales y combatir la economía sumergida. “Hay muchas personas migrantes, en situación irregular, que trabajan en Navarra, sin contrato. Y sin papeles, no hay derechos”, ha afirmado Roldán.

Desde Podemos Ahal Dugu Navarra inciden en que la irregularidad administrativa favorece situaciones de abuso en determinados sectores. “Hay quien basa su modelo de negocio en la explotación: mano de obra sin contrato, sin cotización y sin derechos. Muy patriotas, pero a costa de la explotación de personas que vienen a Navarra a buscar un futuro”, ha añadido.

La formación pone especial atención en ámbitos especialmente vulnerables, como el empleo doméstico y de cuidados, donde una parte significativa de las trabajadoras son mujeres migrantes que desempeñan su labor en condiciones de invisibilidad. “Son trabajos esenciales para sostener la vida, pero sigue siendo un colectivo muy precarizado. La regularización es también una cuestión de justicia para ellas”, ha destacado Roldán.

Red de apoyo desde Navarra

En paralelo, Podemos Ahal Dugu Navarra ha puesto en marcha una red de apoyo para acompañar a personas migrantes durante el proceso de regularización. A través de grupos de voluntariado en diferentes municipios, se ofrece información, orientación y ayuda en la preparación de documentación y trámites.

La iniciativa, impulsada a nivel estatal, ya ha celebrado formaciones telemáticas con la participación de más de 250 personas responsables de grupos en distintos territorios.

“Queremos que nadie se quede fuera por falta de información o acompañamiento. Por eso estamos organizando una red de apoyo desde lo local, con voluntariado que pueda ayudar en cada barrio y cada pueblo”, ha explicado Roldán.

Desde la organización animan a la ciudadanía a implicarse en el proceso: “Necesitamos personas voluntarias para que este proceso llegue a todo el mundo. Es una tarea colectiva y animamos a las personas inscritas, militantes y simpatizantes, a dar el paso.”

Las personas interesadas en colaborar o quienes necesiten ayuda con la regularización pueden ponerse en contacto con la sede de Podemos Ahal Dugu Navarra a través del correo contacto@navarra.podemos.info, el teléfono 948 108686 o mediante Whatsapp en el 623 768 950.

Podemos Navarra concluye que este 1 de mayo debe servir para reforzar una idea central: no puede haber trabajo digno mientras haya personas trabajando sin derechos.

“La regularización es una cuestión de derechos laborales, de justicia social y de dignidad. Defenderla es defender a toda la clase trabajadora”, ha concluido Neniques Roldán.

Tras los traumátologos, los anestesistas y el servicio de digestivo, un total de 61 médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN) han suscrito este lunes una carta abierta en la que denuncian la situación de colapso que atraviesa el servicio y exigen al Gobierno de Navarra que abra un diálogo con los profesionales sanitarios para hacer frente a la crisis.

Según el documento, el servicio registra con frecuencia incrementos de demanda asistencial de entre el 30% y el 40% por encima de su capacidad operativa. Los firmantes señalan que esta situación, que anteriormente era excepcional y coincidía con picos estacionales como la gripe, se ha vuelto habitual a lo largo del año.

La carta también hace referencia a la falta crónica de camas hospitalarias, que obliga a retener en el área de Urgencias a pacientes que ya tienen indicación de ingreso, en ocasiones durante varias horas o a lo largo de toda la noche. Los médicos describen esta situación como una merma de la dignidad del paciente en momentos de especial vulnerabilidad.

Los profesionales trabajan en turnos de 24 horas y advierten de que la carga asistencial está generando niveles de fatiga física y mental que superan "cualquier límite razonable", comprometiendo las condiciones en las que se presta la atención a pacientes críticos y de alta complejidad.

Críticas al consejero de Salud

El escrito arranca expresando el apoyo de los urgenciólogos a los médicos del Servicio de Traumatología, que en las últimas semanas han sido objeto de declaraciones críticas por parte del consejero de Salud, Carlos Domínguez. Los firmantes consideran que esas declaraciones contienen "medias verdades" y constituyen "ataques directos a la profesionalidad" de sus compañeros.

En la carta se afirma que el señalamiento público a los médicos es una "estrategia fallida" orientada a desviar la atención de los problemas que la Consejería "no ha sabido resolver", y que este tipo de gestión basada en la desacreditación deteriora la moral de los profesionales sanitarios.

"La gestión basada en la desacreditación mina la moral de quienes somos un pilar importante del sistema sanitario", han criticado. 

Petición de diálogo al Gobierno foral

Los médicos concluyen la carta reclamando al Gobierno de Navarra y a la Consejería de Salud que ejerzan su responsabilidad y promuevan un diálogo real con los profesionales sanitarios. El objetivo, según el documento, sería garantizar una atención adecuada a la ciudadanía navarra.

La crisis abierta en el Hospital Universitario de Navarra lo ha vuelto a ocupar todo. La ronda de portavoces parlamentarios de este lunes ha arrancado con la sanidad como telón de fondo inevitable: tres servicios del HUN —Traumatología, Anestesia y Digestivo— han anunciado en cascada la paralización de su actividad extraordinaria, y ningún grupo político ha podido esquivar la pregunta del millón: ¿sigue teniendo la confianza del gobierno el consejero Fernando Domínguez?

La respuesta de los socios del ejecutivo ha sido, en los tres casos, una variante de lo mismo: confianza condicionada al diálogo y a la adopción de medidas. Geroa Bai, grupo al que se adscribe el departamento de Salud,  ha sido el más explícito al matizar que las peonadas "nunca han sido la solución estructural a las listas de espera" y que el parón debe servir de "revulsivo" para abordar cambios de fondo. "Lo que tiene que hacer el departamento es dialogar y saber exactamente qué plantean los profesionales", ha señalado su portavoz

El PSN ha respaldado al consejero con convicción, apelando a que "recursos y ganas no faltan", aunque ha reconocido que hacen falta acuerdos con los sanitarios.

EH Bildu, más crítico en el fondo, ha recordado que lleva toda la legislatura advirtiendo de que las productividades no resuelven el problema, y ha evitado pronunciarse sobre la continuidad del consejero más allá de esperar que "sea receptivo" a sus propuestas.

UPN y PP piden a Chivite que actúe

Desde la oposición, el Partido Popular ha subido el tono. Su portavoz ha calificado la situación de "fracaso anunciado" y ha exigido "un giro de ciento ochenta grados", señalando directamente a la presidenta María Chivite como máxima responsable.

"No puede mantenerse al margen. Tiene que coger el toro por los cuernos", ha advertido, insistiendo en que el consejero "no tiene la confianza de los profesionales sanitarios ni de la sociedad navarra". UPN ha ido en la misma línea, reclamando el cese de Domínguez y poniendo el foco en la "interlocución rota" con los profesionales.

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, se ha quedado este lunes con pocos aliados en el Parlamento de Navarra. La cámara ha aprobado la tramitación urgente de la proposición de ley presentada por UPN para establecer una moratoria en el cierre de aulas concertadas, con el voto en contra del PSN y Contigo-Zurekin, y el respaldo del resto de grupos. La medida llega después de que Gimeno anunciara el cierre de 33 aulas —luego reducido a 14— ante la caída de más de 700 matrículas en educación infantil.

El portavoz de UPN, Javier Esparza,  ha liderado la ofensiva con un argumento sencillo: si hay voluntad política, no se cierra ninguna aula. "El procedimiento sigue abierto hasta el 13 de mayo. Que no busquen más excusas", ha señalado su portavoz, que ha recordado la secuencia de los últimos días: el miércoles un informe jurídico del gobierno decía que la moratoria era ilegal; el jueves el consejero salvaba 19 aulas públicas; y el viernes volvía a decir que los plazos impedían actuar. "Del miércoles que era imposible al jueves que era posible", ha resumido con ironía.

Los socios presionan, pero con matices

Geroa Bai ha mantenido su posición de no cerrar ningún aula y ha confiado en resolver el conflicto "en el seno de los socios del gobierno", aunque ha dejado caer que "si lo que impide al consejero dar respuesta es la ley, igual hay que cambiar las leyes".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal,  ha dicho no compartir el preámbulo de la proposición de UPN —con objetivos "completamente diferentes" a los suyos—, pero ha reconocido que hay "margen para hablar y para acordar" dado que existe una mayoría parlamentaria que no quiere cerrar ninguna aula.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu,  ha salido en defensa del consejero con el argumento de que la comisión de conciertos "ha cumplido la normativa y el acuerdo de 2023" y que el ajuste de aulas en la concertada es equivalente al que ocurre habitualmente en la pública sin que nadie proteste. "Cuando se cierran colegios públicos lo asumimos con naturalidad. ¿Por qué aquí no?", ha planteado su portavoz, que ha cifrado en 9,3 millones de euros anuales el coste de asumir todas las demandas de UPN.

La semana se presenta decisiva: el plazo para que los colegios presenten recursos vence el 13 de mayo, y el gobierno tendrá entonces que resolver definitivamente.

Que aquello no ocurrió en un libro de historia ni en un país lejano. Ocurrió aquí, al lado de casa, a pocos kilómetros del aula. Esa es la idea que late en la iniciativa que el Grupo Parlamentario Socialista lleva este lunes a la Comisión Constitucional del Senado: una moción para reconocer y extender los programas educativos que llevan a los estudiantes de ESO y Bachillerato a los lugares donde el franquismo dejó sus huellas más brutales.

El texto, registrado el pasado 17 de abril por el senador navarro Toni Magdaleno, pone como ejemplo de buenas prácticas el programa navarro 'Escuelas con Memoria para la Paz y la Convivencia', que el Gobierno de Navarra lleva años desarrollando y que el propio Consejo de Europa ha destacado como referente europeo en la transmisión de valores de paz y derechos humanos.

El fuerte de San Cristóbal, en el centro del debate

Uno de los lugares que protagoniza la moción es el Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, presidio donde miles de presos republicanos sufrieron el rigor de la represión franquista y escenario de la mayor fuga carcelaria de la historia de España, en 1938. El recinto es de titularidad estatal, lo que durante años ha complicado su uso educativo. El Gobierno central y la Comunidad Foral firmaron recientemente un protocolo para facilitar las visitas escolares, y la moción socialista insta a replicar ese modelo en otros enclaves similares repartidos por todo el territorio.

El mensaje que se quiere trasladar a los estudiantes es sencillo y poderoso a la vez: eso que ves no es un monumento abstracto. Es el lugar donde alguien de tu ciudad, de tu pueblo, de tu misma calle, fue encerrado, torturado o asesinado por defender la democracia.

Un 20% de jóvenes ve con buenos ojos la dictadura

La moción no surge en el vacío. Su exposición de motivos cita una encuesta del CIS de finales de 2025 que arroja un dato que encendió las alarmas: cerca del 20% de los jóvenes entre 18 y 25 años valora positivamente la dictadura franquista, y un porcentaje similar considera que en determinadas circunstancias un sistema autoritario puede ser preferible a uno democrático.

Para el firmante de la iniciativa, el senador navarro Toni Magdaleno Alegría—, esas cifras no son accidentales. Son el resultado de años de revisionismo histórico amplificado por redes sociales, algoritmos que favorecen los discursos extremistas e influencers que difunden bulos y falsedades históricas dirigidas especialmente a las generaciones que no vivieron la dictadura.

Navarra, laboratorio de una idea que ahora quiere escalar

El programa navarro organiza visitas a los lugares donde la represión fue más visible: el propio Fuerte de San Cristóbal, fosas comunes, cárceles. Los escolares no solo ven un espacio físico; reciben contexto, testimonios y herramientas para entender qué condujo a esa violencia y cómo los discursos que la precedieron se parecen, a veces inquietantemente, a algunos que circulan hoy.

La moción socialista pide a la Comisión Constitucional que declare este tipo de experiencias como instrumentos esenciales de defensa de la democracia, que impulse programas similares en el resto de comunidades autónomas y que el Gobierno suscriba los protocolos necesarios para que los enclaves de titularidad estatal puedan recibir visitas escolares sin trabas burocráticas.

La propuesta se debatirá este lunes en el Senado. Lo que está en juego, según sus promotores, es algo más que una excursión escolar: es la diferencia entre una generación que conoce lo que puede pasar y una que no.

Una moción registrada en el Parlamento de Navarra propone que el Gobierno foral ponga en marcha dos supermercados de titularidad pública, uno en el mercado municipal de Pamplona y otro en el de Tudela. La iniciativa, presentada por Carlos Guzmán Pérez, parlamentario del grupo Contigo Navarra–Zurekin Nafarroa, fue admitida a trámite el pasado 20 de abril y se debatirá en un próximo pleno del Legislativo.

La moción arranca de un diagnóstico sobre la cadena alimentaria: los costes energéticos y del transporte han encarecedido los alimentos, pero ese incremento no se ha repartido de forma equitativa. Mientras agricultores y pequeños productores han visto reducirse sus márgenes, las grandes cadenas de distribución —Mercadona, Carrefour y Eroski son citadas expresamente— han incrementado beneficios en el mismo periodo. El texto señala que el encarecimiento de la cesta de la compra no ha ido acompañado de una subida salarial equivalente.

Qué contemplaría el proyecto piloto

Según la propuesta, los supermercados públicos deberían cubrir al menos una cesta básica de alimentación y productos de aseo, con precios fijados con criterios de accesibilidad económica. La iniciativa también plantea priorizar producto local y de proximidad, establecer mecanismos que impidan el acaparamiento y la reventa, garantizar condiciones laborales dignas en toda la cadena y reforzar los canales cortos de comercialización.

El seguimiento del cumplimiento de la moción, si prospera, quedaría en manos de la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Cámara foral.

Un debate con precedentes en otros países

La propuesta se enmarca en un debate más amplio que ha emergido en varios países europeos sobre la pertinencia de que los poderes públicos intervengan directamente en la distribución de alimentos básicos como palanca contra la inflación y en defensa de la soberanía alimentaria. En España, la idea sigue siendo minoritaria y no cuenta con experiencias equivalentes en funcionamiento.

El cierre de líneas en varios centros educativos navarros ha reabierto un debate que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Navarra, Herrikoa, no quiere dejar sin respuesta. La organización ha reclamado al Departamento de Educación que reoriente su planificación hacia la escuela pública y reduzca los conciertos educativos allí donde la red pública tenga plazas suficientes para atender a todo el alumnado.

Un reparto del ajuste que consideran injusto

El argumento central de Herrikoa descansa en los datos: desde 2014, ocho de cada diez aulas cerradas en Navarra han sido de titularidad pública. En un contexto de caída de la natalidad, la federación considera que es la escuela pública quien está absorbiendo de forma desproporcionada el impacto de la sobreoferta de plazas, mientras la red concertada mantiene su estructura con financiación pública.

La organización recuerda además que los centros públicos asumen curso tras curso un alto volumen de alumnado de incorporación tardía, atienden aulas diversas con recursos limitados y acumulan los recortes denunciados por los sindicatos docentes. Todo ello, señalan, agrava la situación de unos centros que ya parten en desventaja en el reparto de medios.

Menos conciertos donde no hacen falta

Herrikoa defiende que la financiación pública de la enseñanza concertada tiene sentido únicamente cuando la red pública no puede cubrir la demanda. En el momento actual, con plazas públicas de sobra en muchas zonas, la federación considera que mantener o ampliar conciertos carece de justificación y supone destinar dinero público donde no existe necesidad real.

Por ello, reclaman al Departamento de Educación la aprobación de un marco de planificación estratégica plurianual que sitúe la escuela pública en el centro, evite la sobreoferta y redefina el papel de los centros concertados, que según Herrikoa deberá ser menor que en el pasado.

Carlos Arrazola, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ha confirmado este viernes que las obras de recrecimiento del embalse de Yesa se retrasarán al menos un año, extendiendo su finalización más allá de 2030. La declaración se produjo en el Senado, en respuesta a la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien pidió claridad sobre los plazos y la estabilidad de la ladera derecha.

Durante su intervención, Barkos expresó su preocupación por la seguridad de las personas, afirmando que la incertidumbre en torno a esta cuestión es primordial. Además, destacó la importancia de responder a las necesidades de agua de la población, especialmente en un contexto de cambio climático que exige nuevas políticas hídricas. La senadora subrayó que la seguridad de los ciudadanos es la principal prioridad.

Preocupación por la estabilidad de la ladera derecha

Barkos también abordó la situación de la ladera derecha de Yesa, cuya estabilidad ha sido motivo de preocupación. La senadora recordó que, aunque desde 2013 se asegura que no hay movimientos significativos, continúan realizándose trabajos extraordinarios de refuerzo. El último de estos trabajos, valorado en 47 millones de euros, plantea dudas sobre la seguridad de la infraestructura.

La senadora de Geroa Bai insistió en la necesidad de respuestas claras sobre la seguridad de la obra, enfatizando que la falta de información puede generar alarmismo. En este sentido, Barkos instó a las autoridades a proporcionar información precisa y oportuna para evitar preocupaciones innecesarias entre la población. La transparencia en este proceso es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos.

Impacto del cambio climático en las políticas hídricas

La importancia de adaptar las políticas hídricas al cambio climático fue otro de los temas destacados por Barkos. La senadora señaló que el cambio climático obliga a considerar nuevos parámetros en la gestión del agua, lo que hace aún más urgente la necesidad de finalizar las obras de Yesa. La demora en la finalización de estas obras podría tener un impacto significativo en el suministro de agua a las localidades y a los regantes de la región.

Barkos también solicitó información sobre las obras de refuerzo de la ladera derecha, anunciadas para 2025, y si estas representarán una solución definitiva. La senadora recordó que desde 2013 se asegura que no hay movimientos significativos en la ladera, pero los trabajos de refuerzo continúan. La falta de respuesta sobre la seguridad de la obra genera incertidumbre entre los vecinos.

Cuarto modificado del proyecto en 2026

Finalmente, la senadora pidió explicaciones sobre el estado de tramitación del cuarto modificado del proyecto y su posible aprobación en 2026. También solicitó detalles sobre los plazos de ejecución posteriores y su repercusión en el calendario total de la obra. La transparencia en estos aspectos es fundamental para asegurar la confianza de la población en la gestión de las obras de Yesa.

En conclusión, la comparecencia de Arrazola en el Senado ha dejado claro que las obras de recrecimiento de Yesa enfrentarán un retraso significativo. La seguridad de las personas, la estabilidad de la ladera derecha y la adaptación a las nuevas realidades del cambio climático son temas que requieren respuestas claras y precisas. La transparencia y la información oportuna son esenciales para evitar alarmismos y mantener la confianza de la población en este proyecto crucial para la región.

La dimisión del jefe de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra ha desatado la respuesta política de la oposición. El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha exigido este jueves la salida del consejero de Salud, Fernando Domínguez, al que responsabiliza directamente del clima de malestar que atraviesa la sanidad navarra.

"La única dimisión que puede corregir el problema de la sanidad navarra es la del consejero", ha afirmado García, que ha descrito la renuncia del doctor González Arteaga como "el último episodio de una serie que el consejero, con su ineficacia, se está empeñando en convertir en el género del drama".

Tres años y los mismos problemas

El dirigente popular ha trazado un balance negativo de la gestión de Domínguez al frente del Departamento de Salud. A su juicio, en tres años no se han reducido las listas de espera, no se ha conseguido atraer médicos a Navarra y, además, se está provocando la marcha de profesionales a otras comunidades en busca de mejores condiciones laborales. Todo ello, ha subrayado, pese a contar "cada año con presupuestos récord".

García ha señalado que la dimisión se produce precisamente en Traumatología, la especialidad con mayor número de pacientes en espera de primera consulta o intervención quirúrgica, lo que a su entender evidencia "hasta qué punto la situación es insostenible".

La amenaza de septiembre, en el origen de la crisis

El presidente del PPN ha recordado que el detonante del deterioro en ese servicio tiene nombre y fecha: las declaraciones del consejero Domínguez en septiembre de 2025, cuando advirtió públicamente de una posible intervención en Traumatología por sus datos en listas de espera. "Lejos de solucionar el problema, el consejero generó más tensión e incertidumbre entre los profesionales", ha indicado García, en una lectura que coincide con la que el propio jefe de servicio dimisionario ha plasmado en su carta pública.

Anestesia, otro frente abierto

García ha aprovechado para ampliar el foco más allá de Traumatología. Ha recordado que los profesionales del Servicio de Anestesia y Reanimación del HUN han anunciado el cese de toda actividad extraordinaria y voluntaria a partir del 4 de mayo, en protesta por lo que consideran ataques y falta de respeto hacia su colectivo. Para el PPN, ambos conflictos son síntomas del mismo problema: una gestión que ha erosionado la relación entre el Departamento y los profesionales sanitarios.

"Los que sufren son los ciudadanos"

El presidente popular ha concluido su valoración apelando al impacto que esta situación tiene sobre los pacientes. "Estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la calidad de una sanidad navarra que siempre ha sido referente en España. Y lo más grave es que quienes lo sufren son los ciudadanos, que reciben un peor servicio", ha advertido.

García ha reclamado al Gobierno de Navarra liderazgo, respeto a los profesionales y una gestión que aporte soluciones. "La realidad es que hoy no tenemos nada de eso", ha zanjado.

Carlos Gimeno salió este viernes al paso de la polémica con una afirmación rotunda: "Permítame que le diga que no hay ni cierre ni recortes". El consejero de Educación del Gobierno de Navarra compareció ante los medios dispuesto a defender cada coma de una decisión que ha encendido a las familias de la concertada y a la Federación Navarra de Ikastolas, y aprovechó para devolver el balón a quienes más le están presionando.

"El gasto por alumno se incrementa presupuesto a presupuesto"

Gimeno rechazó de plano el relato de los recortes y explicó que la calidad educativa "no está establecida solo en abrir aulas medio vacías", sino en dotar al alumnado de recursos adicionales, programas y nuevas metodologías. "La educación es algo mucho más que ese discurso simplista que estoy escuchando estos días", zanjó.

El consejero también aclaró que cuando habló de posibles cierres de aulas siempre se refirió a "previsiones, estimaciones y proyecciones" del servicio de inspección, que según explicó tiende a hacer, "si me permiten la expresión, una predicción un tanto a la baja", porque es más fácil añadir una unidad después que retirarla.

Un dardo directo a UPN

Las críticas de Unión del Pueblo Navarro no quedaron sin respuesta. Gimeno acusó al portavoz del partido de no saber calcular la ratio media de un concierto y le recordó su historial al frente del gobierno: "Hubo parte de UPN que presentó una proposición de ley que echó a la calle a ochocientos profesores, que redujo el sueldo del profesorado en dos y medio, que redujo en dos y medio la financiación del módulo de otros gastos de los centros concertados, que echó a la calle a catorce profesores de religión". Y añadió sin ambages: "Es muy interesante hacer política con fuego ajeno, y eso me parece poco digno políticamente".

Seis alumnos de ikastolas, no una persecución

Sobre las ikastolas, Gimeno fue quirúrgico con los datos. Aseguró que solo seis alumnos de toda la federación "se han quedado sin disfrutar de su primera opción" y que el resto la tienen garantizada. Señaló tres centros —Orreaga, Lumbier y Sangüesa— que no cumplen los criterios para renovar el concierto, aunque han sido exceptuados al amparo del artículo 17 del decreto foral. Y recordó que la Ikastola Jasone, en cambio, gana una unidad.

"No hay ningún tipo de animadversión hacia los centros de la Federación Navarra de Ikastolas, sino una aplicación de criterios", subrayó.

Estella, el caso que lo explica todo

Para ilustrar su argumento, Gimeno puso sobre la mesa el caso de Estella. El colegio público Remontival ha recibido 24 solicitudes para una ratio máxima de 23, lo que obliga a desdoblar el grupo. Si además la ikastola de la localidad obtuviera todas las unidades que solicita, habría más de 40 vacantes de modelo D en una zona "donde no hay matrícula sobrevenida, donde no hay matrícula viva". "La ley establece que el Departamento de Educación tendrá que ofrecer la oferta pública suficiente en calidad y en cantidad, y eso es lo que hace el departamento: cumplir la ley", concluyó.

Gimeno descartó cambios en la concertada antes del cierre del proceso en agosto, ya que el real decreto fija el 15 de abril como fecha tope para la renovación de conciertos. Sí dejó abierta la puerta a modificaciones posteriores, al alza o a la baja, si la demanda en algún centro varía.

Cincuenta y ocho familias, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, han esperado años para entrar en unas viviendas protegidas que llevaban terminadas desde 2024 en Barañáin. La razón, según la resolución del Defensor del Pueblo de Navarra, adelantada esta semana por Pamplona Actual no fue solo la empresa constructora: también fue el propio Ayuntamiento.

El PSN-PSOE municipal ha hecho públicas las conclusiones de esa resolución y apunta directamente al equipo de gobierno de UPN, al que acusa de "mala gestión, falta de transparencia y engaño continuado" a los grupos de la oposición.

Una promoción con historia de tropiezos

La promoción arranca en 2019, cuando el Ayuntamiento de Barañáin concertó con la sociedad pública Nasuvinsa la construcción de los 58 pisos. Las obras comenzaron en 2020 y sufrieron una primera paralización por problemas con la empresa constructora. Hasta ahí, un contratiempo fuera del control municipal.

El problema, según los socialistas, llegó después. Una vez reactivado el proyecto, se acumularon retrasos administrativos que el PSN atribuye directamente al consistorio. La resolución del Defensor del Pueblo recoge que algunas solicitudes de documentación remitidas por Nasuvinsa al Ayuntamiento no obtuvieron respuesta. En un caso, la carpeta enviada desde el consistorio llegó vacía.

Dos años esperando un enganche eléctrico

Uno de los episodios que más indigna a los socialistas es el del suministro eléctrico. La compañía encargada del enganche esperó dos años una respuesta del Ayuntamiento, trámite imprescindible para obtener la licencia de ocupación. La situación no se desbloqueó hasta julio de 2025.

La portavoz socialista, Mari Jose Anaut, no esconde su valoración: "Resulta inaceptable que una empresa estuviera esperando durante dos años una respuesta del Ayuntamiento mientras las viviendas permanecían cerradas y decenas de familias seguían esperando una solución habitacional".

"En las comisiones nos decían que todo iba en tiempo y forma"

Lo que más molesta al grupo socialista es que, mientras todo esto ocurría, los grupos municipales no estaban siendo informados de la situación real. Según Anaut, "durante años se nos trasladó en las comisiones que todo se estaba haciendo en tiempo y forma, pero la resolución del Defensor del Pueblo demuestra que se produjeron demoras provocadas por el propio Ayuntamiento".

Las incidencias, añade el PSN, no fueron llevadas ni a la Comisión de Urbanismo ni a la de Hacienda. Solo a partir de 2024, cuando el bloqueo se prolongó sin explicación, el grupo socialista comenzó a preguntar de forma reiterada qué estaba ocurriendo, llegando incluso a proponer medidas para agilizar los trámites.

Exigen responsabilidades políticas

Para el PSN, la resolución del Defensor del Pueblo zanja el debate: hubo "fallos de coordinación y gestión con consecuencias directas para las personas adjudicatarias". Anaut concluye que el equipo de gobierno de UPN "ha engañado de manera continuada a los grupos municipales y ha impedido que 58 familias puedan estar viviendo ya en sus hogares".

Los socialistas exigen responsabilidades políticas y reclaman al equipo de gobierno que actúe "con rigor, transparencia y eficacia para garantizar que el derecho a una vivienda digna no vuelva a verse perjudicado por una gestión municipal deficiente".

El anuncio del consejero de Educación sobre el mantenimiento de unidades educativas en la red pública no ha cerrado el debate, sino que lo ha desplazado. EH Bildu considera que la decisión anunciada hoy es es "insuficiente" mientras las ikastolas sigan expuestas al mismo recorte, y ha vuelto a exigir este jueves que el Departamento extienda la protección a estos centros, cuya función considera "fundamental para la normalización del euskera en toda Navarra".

Improvisación y falta de planificación

La coalición no ahorra críticas al proceso. Califica la decisión original de "desacertada, precipitada e inoportuna" y sostiene que los cambios de última hora evidencian una gestión improvisada y sin planificación. Desde EH Bildu subrayan que resoluciones de este calado deberían adoptarse con consenso amplio y mayorías sólidas, condiciones que, a su juicio, no se dan en este caso.

Al mismo tiempo, la formación interpreta el giro del consejero como una señal de que la presión social y política funciona: "demuestra que si hay voluntad política, este tipo de decisiones se pueden modificar".

Frente al cierre de aulas, EH Bildu defiende una reducción lineal y universal de las ratios en todo el sistema educativo navarro, sin distinción de red ni de modelo lingüístico.

Varios colectivos contrarios al Tren de Alta Velocidad en Navarra han lanzado un llamamiento a organizaciones políticas, sindicales, culturales y deportivas de la Comunidad Foral para que se adhieran a un manifiesto que exige la paralización inmediata de esta infraestructura. La convocatoria busca articular una respuesta pública ante lo que estos grupos describen como una ofensiva de legitimación social impulsada por la Plataforma pro TAV de Navarra, creada el año pasado para acelerar las obras.

Los colectivos promotores han fijado el sábado 13 de junio, a las 12.00 horas, en la Plaza de los Burgos de Pamplona —junto al Ayuntamiento— como fecha y lugar para la presentación pública del manifiesto. Piden a las organizaciones que acudan con sus distintivos y que animen a otros colectivos de su entorno a sumarse tanto a la concentración como a la adhesión al texto, disponible a través de un formulario en línea.

El detonante: la Plataforma pro TAV y sus adhesiones

En el comunicado, los grupos anti TAV señalan como detonante directo la actividad de la Plataforma pro TAV, a la que acusan de ejercer presión sobre el Gobierno de Navarra y el Ejecutivo central. Critican en particular la constitución de una comisión de trabajo conjunta entre el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, el Ministerio de Transportes, el Comisionado para el Corredor Atlántico y la propia Plataforma.

Los colectivos denuncian también que entidades como el Club Atlético Osasuna, UGT o la asociación de consumidores Iratxe se hayan adherido a la Plataforma pro TAV, y afirman que en algunos casos esas adhesiones se adoptaron "de manera antidemocrática" por las juntas directivas, sin consultar a sus bases.

Los argumentos contra el TAV

En el llamamiento, los colectivos opositores sostienen que el TAV no ha contado con estudios de viabilidad ni con procesos participativos, y que su construcción supone un "despilfarro de dinero público" en detrimento del tren convencional. Citan asimismo los accidentes laborales registrados en las obras en Euskal Herria —donde aluden a 13 trabajadores fallecidos— y el accidente ferroviario de Córdoba como argumentos sobre los riesgos asociados a este modelo de infraestructura.

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha defendido en el Parlamento de Navarra que las últimas convocatorias públicas de empleo están reduciendo la temporalidad en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y ha anunciado que, con todos los procesos selectivos actualmente en marcha, la tasa quedará por debajo del 8% que exige la normativa europea. Lo ha dicho en respuesta a una interpelación de EH Bildu en el pleno de control, donde la oposición ha puesto sobre la mesa un diagnóstico mucho más crítico de la gestión del personal sanitario.

Tres años de ofertas públicas y nuevos incentivos

Domínguez ha recordado que llevan "ya tres años" reduciendo la temporalidad con grandes ofertas de empleo público y ha detallado las medidas adoptadas en 2025: adelanto de los decretos forales de plantilla, incorporación de los méritos de euskera suspendidos desde 2017, concursos de traslado previos y convocatoria de procesos selectivos para evitar extinciones de contrato. Además, ha anunciado que el Departamento trabaja en nuevos modelos retributivos, entre ellos una experiencia piloto de incentivos por objetivos y el desarrollo de la carrera profesional para personal sanitario de niveles C y D.

El consejero también ha abordado la dificultad estructural de cubrir plazas en zonas rurales, atribuyéndola en parte al cambio generacional: "Las nuevas generaciones tienen otros intereses y otras formas de trabajar, y cada vez va a ser más complicado que los profesionales jóvenes quieran arraigarse en el mismo sitio toda su carrera laboral".

EH Bildu habla de "despilfarro"; la derecha, de "desastre"

Txomin González, portavoz de EH Bildu, ha sido el más contundente en el diagnóstico: ha denunciado un aumento de quejas, una reducción de la actividad y un incremento del gasto de personal sin mejora de resultados. "A esta gestión en las empresas se le llama despilfarro", ha afirmado, aunque ha tendido la mano al consejero para buscar consensos.

Desde el PP, Irene Royo ha aludido a una "guerra abierta con el personal sanitario" y a la primacía de las prioridades políticas sobre las necesidades del sistema. Emilio Jiménez, del Grupo Mixto, ha ido más lejos y ha calificado la situación de "desastre", achacándolo a siete años de gestión del Gobierno de Chivite, al que ha acusado de tratar al personal sanitario "como mano de obra barata".

El tono ha sido más constructivo desde otros grupos. El PSN ha valorado la reducción de la interinidad lograda gracias al proceso de estabilización reciente. Geroa Bai ha reclamado políticas que no solo atraigan profesionales, sino que también ofrezcan condiciones laborales y de conciliación para retenerlos.

UPN ha defendido avanzar hacia un modelo de gestión basado en valor —premiando resultados en los pacientes y no mera actividad— y Contigo-Zurekin ha pedido al consejero que no gestione "en respuesta del titular de turno" y que racionalice los recursos disponibles en lo que queda de legislatura.

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha valorado de forma agridulce el reciente anuncio del Departamento de Educación sobre el mantenimiento de las unidades escolares para el próximo curso. Aunque Azcona considera "positivo" que el consejero Carlos Gimeno haya decidido no cerrar ninguna unidad de 3 años en la red pública, ha denunciado la constante "improvisación" en la gestión del Gobierno foral, señalando que "lo que ayer era imposible, hoy en parte es posible".

Desde la formación se insta al Ejecutivo a no limitar esta rectificación solo a los centros de titularidad pública. Geroa Bai reclama que se atienda el "clamor social" y se analicen los datos necesarios para revertir también el cierre previsto de 14 unidades en la red concertada, defendiendo la estabilidad de todo el sistema educativo navarro.

Una oportunidad para la planificación y la bajada de ratios

Para Azcona, el escenario actual, marcado por cambios demográficos y una situación económica favorable, representa el "momento idóneo" para realizar una planificación estratégica a largo plazo. En lugar de tomar decisiones que puedan perjudicar el futuro de la enseñanza, el portavoz parlamentario aboga por aprovechar los recursos para implementar mejoras estructurales.

Entre las propuestas destacadas por la formación se encuentran:

• La bajada de ratios en las aulas para mejorar la calidad educativa.

• El aprovechamiento de la estabilidad presupuestaria para evitar cierres preventivos.

• El fortalecimiento de la cohesión en la red educativa navarra, tanto pública como concertada.

Críticas a los cambios de criterio en el Gobierno

La formación subraya la contradicción en la que, a su juicio, ha incurrido el Departamento de Educación. Según Azcona, el pasado lunes se anunció el cierre de 19 unidades en la red pública que hoy se han dado por salvadas. Por ello, Geroa Bai pide que se mantenga este nuevo criterio y se aplique de forma total y no parcial.

"No hay que cerrar ningún aula", ha insistido el portavoz, remarcando que el debate prioritario debe centrarse en la mejora de la enseñanza y no en el recorte de unidades, especialmente cuando las posibilidades presupuestarias de Navarra permiten sostener la oferta actual frente al descenso de la natalidad.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, compareció este jueves ante los medios para aclarar varios frentes abiertos tras el debate parlamentario del día anterior: la imposibilidad jurídica de prorrogar los conciertos educativos de forma aislada, la situación de las ikastolas, que protestaron este miércoles ante el Departamento y la ausencia de reducción neta de aulas en la escuela pública para el próximo curso.La protesta ha llegado incluso al propio hemiciclo donde los parlamentarios de Geroa Bai portaban pegatinas con el slogan "El futuro de Navarra es el euskera. Ni un paso atrás". 

Gimeno fue tajante sobre la moción debatida el miércoles en el Parlamento, que solicitaba prorrogar conciertos al amparo del artículo 44 del Decreto Foral 416/1992. Los servicios jurídicos del departamento ya advirtieron que esa vía no es aplicable de forma aislada: el artículo solo permite prorrogar conciertos de manera global, no unidad por unidad. La única excepción posible era la ikastola de Lodosa, a la que el departamento ofreció de inmediato esa prórroga. Según Gimeno, el centro ya la ha solicitado y se llevará a cabo.

Sin reducción neta de aulas de tres años en la pública

El consejero quiso despejar una de las alarmas más extendidas en las últimas semanas: no habrá reducción neta de aulas de tres años en la escuela pública navarra el próximo curso. Reconoció que algunos centros sí perderán unidades, pero otros ganarán nuevas, de modo que el balance final será neutro o positivo. "El cómputo neto será que no hay reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de tres años", subrayó.

La demografía y el avance del modelo D, claves en la concertada

Gimeno ofreció una explicación estructural para las reducciones que sí afectan a algunos centros concertados, especialmente ikastolas. Desde 2015, el modelo D ha crecido en toda la comunidad, incluida la zona no vascófona. Nuevas unidades en localidades como Ancín, Aibar o Abárzuza implican más oferta pública de euskera en esas zonas, lo que repercute directamente en las ikastolas de su área de influencia. A eso se suma la caída demográfica, que reduce la matrícula en todos los centros. "Si se amplía la oferta pública de modelo D en una localidad, obviamente afecta a la ikastola del área de influencia", señaló.

Puso como ejemplo lo ocurrido hace dos cursos con la apertura de una unidad de modelo D en Larraga, que afectó a la ikastola de Tafalla, a la que el departamento reforzó con más recursos para garantizar su viabilidad.

"No hay ataque al euskera; es demagogia barata"

Gimeno rechazó con firmeza las acusaciones de la Federación de Ikastolas de Navarra, asumidas por sus socios de Geroa Bai. Recordó que tres ikastolas —Viana, Lumbier y una tercera— han sido exceptuadas de los criterios generales aplicados, que se han incrementado recursos en algunos centros y que el presupuesto para el euskera en Educación es el más alto de la historia desde 2019. "Negar que haya un ataque al euskera no es una opinión, son datos y hechos", afirmó, añadiendo que ese discurso le parece "una demagogia absolutamente barata" y "peligrosa".

El consejero también precisó que el departamento se reunió el miércoles con representantes de la Federación de Ikastolas y les trasladó que sus decisiones responden al cumplimiento del acuerdo programático suscrito por los tres grupos que sustentan al Ejecutivo foral.