Los partidos esperan las explicaciones del Gobierno sobre las mascarillas de Sodena y piden que se les dé una salida

La Mesa del Parlamento da trámite a las comparecencias de Mikel Irujo, Elma Saiz y Santos Induráin

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios se han mostrado este lunes a la expectativa de las explicaciones que el Gobierno de Navarra deberá dar con motivo de la operación de Sodena sobre la compra de mascarillas, y han coincidido en la importancia de que se les dé un uso a los materiales que no se pudieron vender.

La Mesa del Parlamento de Navarra ha dado trámite este lunes a las comparecencias del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo (solicitada por Navarra Suma y EH Bildu); la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz; y la consejera de Salud, Santos Induráin (solicitadas estas dos por Navarra Suma).

En la rueda de prensa posterior a la Mesa y Junta de Portavoces, el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que «hay un millón de mascarillas en un almacén cogiendo polvo que nos han costado a los navarros más de 1,2 millones de euros, y que además hay otro contrato» en el que se ha detectado que el precio pagado era superior al precio de mercado y «no se ha cumplido el pliego de condiciones».

Asimismo, ha considerado que «sorprende» la postura de EH Bildu, quien, a su juicio, en otros casos «ya habría pedido una comisión de investigación». «Cuando la gestión la hacen otros partidos, el pentapartito exige responsabilidades. Pero ahora no. Ahora hay que tapar todo, hablar lo menos posible», ha afirmado Esparza, tras asegurar que «el Gobierno de Navarra sabía lo que estaba ocurriendo porque hizo notas de prensa».

Tras calificar lo ocurrido de «nefasta gestión» y «nula transparencia», ha señalado que «después de escuchar» a quienes intervengan en las comparecencias solicitadas, su grupo estudiará «qué decisiones» adopta.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha insistido en que el Ejecutivo foral «ha actuado con rigor y transparencia» y que ha actuado «depurando responsabilidades». «Ahora nosotros, como partido, exigimos al Gobierno que dé salida a esas mascarillas para minimizar el perjuicio económico que ha tenido la Administración», ha manifestado, tras criticar el intento de «otros» de «poner el ventilador» o llevar la cuestión a «parámetros políticos que no tienen nada que ver».

Alzorriz, que ha remarcado que «se han seguido los procedimientos legales», ha remarcado que la Cámara de Comptos hasta el momento «ha dicho que los procedimientos seguidos en pandemia han sido correctos», y ha señalado que los miembros implicados «tendrán que dar las explicaciones que cada grupo solicite».

«Entendemos que la ciudadanía esté preocupada, y nosotros ocupados en sacar esas mascarillas de los almacenes y ponerlas a disposición de quien lo necesite», ha señalado, tras añadir que «hay que poner el foco donde hay que ponerlo». Alzórriz, que ha esperado que la cuestión se solucione próximamente, ha subrayado que «hay más partes que tienen que buscar una solución», como son la CEN, quien solicitó las mascarillas, y sus propietarios, Albyn Group. En definitiva, aquellos que «estuvieron en la firma de ese contrato fallido».

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha compartido que la «primera actuación» del Ejecutivo foral debe ser «solventar el uso de esas mascarillas». Además, ha señalado que el informe de intervención «apunta a un error procedimental» que tiene «fácil solución», como es una autorización a posteriori del Gobierno de Navarra, según se recoge en la normativa vigente, y que así lo han trasladado al Ejecutivo. «Entendemos que podía haberse subsanado. Esperaremos a que el Gobierno lo mire y actúe en consecuencia», ha añadido. A este respecto, Alzórriz ha respondido que «intervención no dice nada de subsanar, sino que ha habido un mal procedimiento y por eso el Gobierno ha actuado en consecuencia».

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha apuntado que «como poco, estamos ante una chapuza y una mala gestión que se ha saldado con una pérdida importante de dinero público» y que es «necesario un ejercicio de transparencia, autocrítica y rendición de cuentas».

Tras criticar que «parece que tanto la CEN como el Gobierno de Navarra se están desentendiendo de esto», ha asegurado que hay preguntas «importantes» que resolver, como si ha habido alguna petición de responsabilidades por parte del Ejecutivo a la CEN, concretar «de quién son» las mascarillas, y si se está planteando alguna acción para recuperar ese dinero, entre otras cuestiones.

Tras considerar que los mecanismos de control «han funcionado tarde y mal», ha añadido que la Cámara de Comptos, en el informe que hizo sobre contratos de la pandemia, «no dijo nada de este tema». «Estamos ante un ejemplo paradigmático de malas prácticas en la colaboración público-privada: si hay beneficios son para el sector privado, al que no se han pedido avales ni compromisos, ni garantías; y las obligaciones, riesgos y pérdidas las han asumido las instituciones públicas. Es una manera de hacer política y de gobernar que no compartimos en absoluto. Veremos qué dan de sí estas comparecencias y el análisis exhaustivo de la documentación», ha indicado, tras anunciar que su grupo «no descarta adoptar otras iniciativas», como una ampliación del informe de Comptos.

En nombre de Podemos, su portavoz, Mikel Buil, ha apostado por «esperar a todos los informes de auditoria que están ya pendientes y también a las comparecencias que se han pedido», si bien ha anunciado que para su grupo, «la línea roja para que esto tuviera alguna trascendencia mayor de la que ha tenido», estaría en la malversación: que alguien «se haya lucrado de forma indebida o si aparecieran de alguna manera las comisiones abusivas que han estado cobrando en Madrid los socios de UPN, los socios de Esparza».

«Es una polémica secundaria que ha tomado mucha importancia debido a que nos acercamos a las elecciones, pero nuestra formación y la sociedad navarra están dispuestas a personas errores en un momento en que las administraciones públicas tuvieron que afrontar con una incertidumbre brutal la compra de EPI», ha apuntado.

Finalmente, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, se ha mostrado «sorprendida» de que «las empresas no hayan adquirido ninguna de estas mascarillas», y «preocupada» por el hecho de que «el dinero público se quede en un almacén» y que no se haya adoptado ninguna medida para utilizarlas.

C.A.Y.D.

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