¿Es legal que las empresas contraten detectives privados para controlar bajas laborales?

Las bajas fraudulentas son un problema que ha ido en aumento y que los detectives privados contratados por las empresas cada vez destapan más a menudo.

Cuando un trabajador finge una dolencia o incapacidad que le impide realizar sus labores inherentes al puesto con normalidad, o exagera, dramatiza o prolonga de manera deliberada los efectos de una incapacidad pasada, contratar a un detective privado puede ser la mejor solución para destapar esta estafa.

Un detective privado es un profesional que se encarga, entre otras cosas, de hacer un seguimiento en exteriores para tomar nota de las actividades que lleva a cabo. Si bien existen límites regulados por la legislación vigente en cuanto a la jurisdicción de estos investigadores particulares, es cierto que su labor puede arrojar luz a aquellas empresas que necesiten pruebas fehacientes de la actitud dolosa de un trabajador dado de baja por una supuesta incapacidad temporal o permanente.

Contratar detectives privados para detectar bajas fraudulentas: ¿es legal?

La legalidad de contratar detectives privados para investigar bajas laborales en España se rige por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Esta normativa establece las condiciones y limitaciones para la actuación de los detectives privados en el país.

Aunque sí es legal contratar detectives privados para detectar bajas fraudulentas en España, es esta misma ley la que rige los límites en el campo de actuación y la forma de obtener los datos que se necesiten recabar para llegar a una conclusión.

La Ley de Seguridad Privada establece que los detectives privados son profesionales especializados cuya función principal es obtener información y pruebas sobre conductas o hechos privados. En este contexto, la investigación de bajas laborales fraudulentas puede considerarse una actividad legítima, siempre que se realice dentro de los límites establecidos por la ley y siempre y cuando exista una legitimidad por parte de la empresa que motive el inicio de las pesquisas.

Es importante destacar que, según la legislación española, los detectives privados no pueden realizar investigaciones que violen derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad. Esto significa que la obtención de pruebas debe llevarse a cabo conforme a derecho, respetando los espacios privados y no vulnerando el derecho a la intimidad del trabajador.

Existe jurisprudencia en cuanto a la necesidad de respetar este derecho fundamental para que el informe del detective privado tenga validez judicial y, por tanto, las medidas que tome la empresa en consonancia con los resultados obtenidos obtengan el necesario amparo legal para poder ser efectivas, por lo que un investigador privado deberá dejar claro siempre, en su informe y en el documento entregado al juez de iniciarse un proceso legal, el método de obtención de la información y de su ajuste a derecho.

Por lo que respecta a la legitimidad de la investigación, en el caso específico de las bajas laborales, la contratación de detectives privados suele estar respaldada por más que probables indicios de fraude. La empresa no puede emprender acciones de vigilancia sin motivos justificados, ya que esto podría considerarse una violación de la privacidad de los empleados, además de que un detective privado jamás podría iniciar la investigación si no existe un interés legítimo y genuino tras la solicitud.

Por otro lado, es importante señalar que la Ley de Seguridad Privada establece que la actuación de los detectives privados debe ser proporcionada y adecuada a la finalidad perseguida. Esto implica que las investigaciones deben estar siempre limitadas en tiempo y alcance, centrándose únicamente en la obtención de información relevante para verificar la autenticidad de la baja laboral.

Cuándo un trabajador tiene derecho a denunciar el seguimiento de un detective privado

A pesar de la legalidad de la contratación de detectives privados para investigar bajas laborales, los trabajadores también cuentan con derechos que deben ser respetados durante este proceso, y cuya vulneración tienen el derecho y la obligación de demandar para garantizar su derecho al honor y a la intimidad.

Tal y como explica la agencia de detectives Doverty, la privacidad del hogar es un derecho fundamental protegido por la legislación española, por lo que los detectives privados deben actuar siempre con especial cautela cuando lleven a cabo cualquier tipo de investigación. No solo en casos de posibles bajas fraudulentas, sino en otros de cualquier índole. Y es que, para que los informes de un investigador privado tengan validez judicial y puedan ser admitidos como prueba en un tribunal, los datos deben haberse obtenido dentro del marco legal vigente.

Es importante destacar que las zonas ajardinadas o de exteriores aledañas a la propia vivienda, entendida como estructura edificada, como las de chalés o casas de pueblo, se consideran parte del hogar del trabajador. Aunque estas áreas estén al descubierto, ningún detective privado puede recabar pruebas fotográficas de la presencia del empleado sin su consentimiento expreso en estas zonas, pues también son zonas de esparcimiento donde se practica la vida íntima y personal, y donde el propietario tiene derecho a gozar de su intimidad.

En caso de detectar la vulneración de este derecho, el investigado puede presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes, pudiendo buscar asesoramiento legal para determinar la mejor manera de proceder. En estos casos, es fundamental contar con pruebas que respalden la denuncia, como fotografías, testimonios de testigos, o cualquier otro elemento que demuestre la violación de la privacidad.

Sé el primero en comentar

Deja una Respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.