El Parlamento de Navarra aprueba la ley que reconoce a víctimas de abusos en el seno de la Iglesia

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de Iglesia católica, un texto con el que se pretende «dar cobertura a los casos prescritos, sin interferir en los que todavía pudieran plantearse ante los tribunales de justicia». Todos los grupos han apoyado la proposición, salvo Navarra Suma, que ha votado en contra.

La ley, impulsada por PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, y que ha sumado el apoyo de EH Bildu, tiene por objeto articular un procedimiento que posibilite el «ejercicio del derecho al reconocimiento» de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica de Navarra para, «con carácter subsidiario frente a cualquier actuación de carácter penal o sancionador, incorporar a la memoria colectiva una realidad oculta e ignorada por la mayoría de la sociedad».

Al debate en el pleno del Parlamento ha acudido un grupo de víctimas, que, en el turno de intervención de Navarra Suma, se han colocado unas máscaras de esquimal, en protesta por unas palabras de Navarra Suma en comisión, en las que señaló que la ley debería reconocer a todas las víctimas sin diferenciar ámbitos y citó por ejemplo abusos entre esquimales. El presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, les ha pedido que se quitaran las máscaras y se las han retirado.

Por medio de la ley, se instituye un proceso dirigido al «otorgamiento de un estatuto especial que, a modo de reconocimiento y reparación a nivel institucional y social, contribuya a resignificar todos aquellos hechos y actuaciones sometidos a la apología del olvido, a las diversas formas de revisionismo y negacionismo» empleadas para «justificar y/o negar la existencia de abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia católica».

Así, se crea un procedimiento para documentar «con el máximo rigor y de manera individualizada» las solicitudes cursadas ante lo que se ha llamado Comisión de Reconocimiento, órgano colegiado independiente encargado de valorar las peticiones de declaración de la condición de víctima de abusos «en contextos en los que la Iglesia tenía una posición garante».

Dicha Comisión, adscrita al Departamento de Justicia, estará compuesta por nueve miembros designados para un período de seis años (reelegibles). Cuatro de estos, propuestos a partes iguales por el Departamento de Justicia y el Parlamento, deberán tener experiencia en materia de víctimas y competencia profesional en áreas de conocimiento histórico, jurídico y psicológico. Dos representantes más lo serán a instancias de la Iglesia y otros dos a iniciativa de las asociaciones de víctimas sexuales. En total nueve integrantes, incluida la secretaría, puesto que recaerá en la persona que ostente la jefatura de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Gobierno de foral.

La Comisión, que se reunirá al menos una vez al mes, adoptará sus acuerdos por mayoría de votos, decidiendo en caso de empate la presidencia con su voto de calidad. Entre las funciones de la Comisión consta la elaboración de una memoria anual, donde dará cuenta de los resultados de sus trabajos, las solicitudes recibidas y las propuestas de resolución expedidas, y una memoria final, que coincidirá con el término de su mandato.

RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA

En lo que atañe al procedimiento para el reconocimiento de la condición de víctima, «se garantiza un mecanismo ágil de iniciación que, desde el respeto a la jurisdicción penal, exclusiva de jueces y tribunales, se circunscribe a una solicitud -descripción detallada de los hechos-, acompañada de cuantos documentos o informes se consideren oportunos». En el plazo máximo de un mes la Comisión deberá decidir la admisión o inadmisión.

Si en el curso de ese proceso el órgano inspector tuviera conocimiento de la existencia de causas judiciales o procedimientos sancionadores abiertos, suspenderá la tramitación hasta que ambas vías se agoten.

Cada solicitud dará lugar a un informe motivado que, en un plazo no superior a nueve meses desde su recepción, la Comisión elevará al titular del Departamento de Justicia, quien en el término de tres meses dictará resolución estimando o desestimando la solicitud de reconocimiento del estatus de víctima. El fallo será comunicado en un mes. Transcurrido dicho período y sin perjuicio de la obligación de dictaminar, la solicitud podrá entenderse desechada por silencio administrativo.

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha lamentado que la posición contraria de su grupo a la ley «suscite incomprensión» por parte de las víctimas, «pero creemos estar defendiendo lo correcto». «Decidir qué era lo correcto no ha sido fácil, hemos tenido muchas dudas, porque éramos conscientes de que lo que estaba en juego era el reconocimiento de unas personas que siendo niños sufrieron unos abusos horribles. Pero votamos en contra porque una ley no puede vulnerar el principio de igualdad. Una ley no puede reconocer como víctima dependiendo de la confesión religiosa y los votos religiosos del victimario, algo que no sucede en la ley de violencia de género, porque ahí no se castiga solo al agresor cuando es de una determinada confesión religiosa, sino a cualquier agresor», ha subrayado.

La parlamentaria del PSN Virginia Magdaleno ha afirmado que el Partido Socialista «no se va a poner de lado, queremos visivilizar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica». «La Iglesia ha dado pasos insuficientes y decepcionantes en España pero la opinión pública quiere que esto se esclareza. Los grupos parlamentarios debíamos dar una respuesta y presentamos esta proposición de ley», ha explicado, para criticar que «si Navarra Suma quiere seguir con el oscurantismo, ahí no nos va a encontrar».

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha expresado el «compromiso de su grupo con la sociedad navarra para el reconocimiento a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos que por razones históricas o sociales no han visto reconocido su derecho a la verdad, memoria y justicia, y un colectivo que no ha visto reconocidos sus derechos son las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia». «Aprobar esta ley en el Parlamento es brindarles la justicia que merecen siempre dentro de la competencia que tenemos para ello», ha afirmado.

Por parte de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha señalado que con esta ley se busca «reconocer la condición de víctimas a todas las personas que han sufrido abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, víctimas que no han obtenido justicia a través del sistema de Justicia, la inmensa mayoría de delitos han prescrito, han quedado impunes, y a través de esta ley se pretende un reconocimiento social, no un reconocimiento judicial». «Las víctimas han sido doblemente victimizadas, abusadas, silenciadas e ignoradas, y esta ley es un paso importante en la verdad y en el reconocimiento que tan necesario es para las víctimas y para la sociedad», ha afirmado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado que «Navarra ha tenido la suerte de tener a decenas de personas -las víctimas- que han tomado la voz y Navarra es la primera Comunidad en dar un espacio oficial a las víctimas para conocer su verdad y evitar su silencio» a través de la ley. Frente a ello, ha criticado que Navarra Suma ha planteado, con sus enmiendas, «prácticamente borrar a la Iglesia de la ley».

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha valorado que se aprueba con «una mayoría importante una ley que va a terminar con la ocultación de los abusos sexuales que se produjeron en el ámbito de la Iglesia católica y es muy importante que esta iniciativa política supone el reconocimiento de los abusos sexuales que se produjeron en su día». «Tiene un valor sanador que una institución como el Parlamento de Navarra reconozca que esos hechos ocurrieron», ha señalado.

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