El Defensor cuestiona la legalidad del cobro de la contribución territorial de la Autovía del Camino

Da la razón a una queja de la concesionaria de la Autovía del Camino y sugiere al departamento de Hacienda y Política Financiera que modifique la norma para no cobrar estos impuestos al igual que sucede en el conjunto del Estado

El Defensor del Pueblo cuestiona en una resolución la legalidad del cobro de la contribución territorial de las Autovías del Camino (A-12) y del Pirineo (A-21) a las concesionarias de ambas entidades construidas mediante el denominado ‘peaje en sombra’, al menos hasta el 1 de enero de 2017.

El meollo de la cuestión estriba en los cambios introducidos en la Ley de Haciendas Locales en 2013 que introdujo una coletilla en la ley para permitir este cobro del impuesto por parte de los respectivos municipios por donde pasan estas autovías. Además, este cambio legal incluyó la previsión de la elaboración de una ponencia de valoración supramunicipal parcial, que ahora cuestiona la concesionaria de la Autovía del Camino, y en lo que coincide el Defensor del Pueblo.

El Gobierno recordó en sus alegaciones que no ha lugar a dejar sin efecto la Ponencia actualmente vigente y recuerda que existe una sentencia judicial al efecto dictada el año pasado, mientras que la concesionaria de la A-12 acusa al departamento de Hacienda de falta de coordinación con la tributación estatal, y advierte de la inconstitucionalidad de la interpretación del artículo 134.4 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra que conducía a la sujeción de la Autovía A-12 a la Contribución Territorial.

La ponencia, según publicó hace algunos años Diario de Navarra, establece una valoración catastral de la A-12 en unos 341 millones de euros, y el pago de la contribución podría suponer un abono de unos 37.000 euros para un municipio de gran tamaño como Estella.

El Defensor del Pueblo recuerda que la utilización de las autovías con peaje en la sombra construidas en Navarra es pública y gratuita para los usuarios del servicio y advierte que “el hecho de que el sistema de financiación de la infraestructura se haga a través del denominado peaje en la sombra, mediante el pago de un canon a la empresa concesionaria, a criterio de esta institución, no hace desaparecer la nota de gratuidad, pues se trata de un aspecto que concierne a la relación interna entre la Administración y la entidad colaboradora”. “La gratuidad, como se ha apuntado, ha de predicarse de los usuarios en cuanto tales, no a título de ciudadanos en general (que nunca lo sería), y en la medida en que el uso no se somete a precio o contraprestación específica. En cambio, tal gratuidad no cabe predicarla respecto de la Administración pública, pues esta no es la destinataria del servicio, sino la titular, y, por ello, no es quien la usa, ni aprovecha”, aseguran desde la institución.

Por lo tanto, el Defensor recuerda que “hasta la modificación legal habida en 2017, no debía aplicarse la Contribución Territorial a la empresa autora de la queja, al no apreciarse la concurrencia del hecho imponible”.

En este sentido el Defensor formula una recomendación, “a fin de que se considere no aplicable la Contribución Territorial a las autovías con peaje en la sombra hasta el 1 de enero de 2017, puesto que la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, no configuró con la necesaria seguridad jurídica el hecho imponible para la sujeción tributaria de estas autovías, y atribuyó un exceso de funciones a la Ponencia de Valoración Supramunicipal Parcial, como fue la determinación de las cantidades de cobro”.

La institución del Defensor del Pueblo considera que ” sería sugerible que la sujeción o no al tributo local de este tipo de infraestructuras siguiera similares criterios y parecido o equivalente trato jurídico a los previstos en la legislación estatal concordante, en la medida en que se está ante conceptos e instituciones jurídicas comunes” por lo que pide una modificación legislativa para acabar con los litigios.

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